Con 76 votos a favor y de forma unánime la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la creación de una comisión investigadora por el caso de colusión del papel tissue.
Además de analizar el caso, la instancia investigará el supuesto enriquecimiento de las grandes empresas forestales, entre ellas las de propiedad del grupo Matte, a través de los subsidios que ha entregado el Estado mediante el Decreto Ley 701.
Al respecto, el jefe de la bancada PC-IC y principal gestor de la medida, Daniel Núñez,aseveró que “es una muy buena noticia para todos los chilenos, en la lucha contra la colusión, contra los delincuentes de cuello y corbata”.
Asimismo, explicó que el Decreto 701 comenzó el año 1974 cuando Julio Ponce Lerou “impulsó un decreto de forestación, donde por cada hectárea de pino que se plantaba en Chile, el estado le entregaba un bono en plata a la empresa. Esto favoreció la expansión y consolidación de las empresas”. En esta línea, añadió que “esta colusión provoca tanta rabia e indignación porque fue una colusión hecha a partir de recursos fiscales”.
Por su parte, el presidente del PC, Guillermo Teillier, indicó que “sabemos que las comisión investigadora están limitadas porque no pueden investigar a empresas privadas peor en todo lo que tenga que ver el Estado lo vamos a investigar rigurosamente: el traspaso de plata, cómo hicieron uso de ellas y por qué el Estado no fiscalizó”.
Sobre los posibles invitados a la comisión, Teillier afirmó que “invitaremos a los organismos del Estado que tienen que ver con el control de esto, y respecto de la aclaración más profunda las comisiones pueden invitar particulares. Vamos a ver si van a aceptar o no asistir a la comisión investigadora”.
FRAUDE EN EL EJÉRCITO
En la misma sesión, los diputados aprobaron por 64 votos a favor y 9 abstenciones la creación de una comisión investigadora para indagar responsabilidades administrativas y políticas en el presunto fraude al Fisco, con fondos de la Ley Reservada del Cobre, cometido en el Ejército.
El caso fue conocido en febrero pasado, cuando se reveló, primero, un fraude por más de $103 millones, que involucraba el uso de facturas ideológicamente falsas -cuestionadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII)- para reparaciones de vehículos militares. Esto, por servicios que nunca se llevaron a cabo. Luego, surgieron nuevos antecedentes que aumentaron los casos, llegando a un posible fraude al Fisco que asciende a $1.800 millones.
