La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que establece el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Además, concede aguinaldos, concede beneficios y modifica diversos cuerpos legales.
Específicamente, hubo 106 votos a favor y 14 en contra, con esta aprobación el proyecto continúa su tramitación en el Senado.
Durante la discusión en Sala, el diputado republicano Agustín Romero solicitó la votación en particular de 30 artículos. De estas, solo se rechazó el artículo 69, el cual señala en parte que «durante el año 2023, facúltase a los alcaldes y alcaldesas para eximir del control horario de jornada de trabajo a las funcionarias y a los funcionarios municipales».
Este proyecto comenzó su discusión el día lunes en la comisión de Hacienda de la Cámara, donde expuso la ministra del Trabajo, Jeannette Jara y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza. Además de representantes de trabajadores del sector pública.
El debate se llevó a cabo en medio críticas por parte de magistrados y fiscales, quienes reclaman «discriminación» por el hecho de que a los salarios mayores a $2,2 millones no se les aplique un reajuste de 12%, sino que un aumento fijo de $264 mil.
«Todos reciben un reajuste, pero para los montos más altos es algo menor. Es un esfuerzo que estamos haciendo para apoyar más a quienes ganan menos en el sector público, a casi el 90% de los que ganan menos. Por supuesto que es algo que no esperamos repetir recurrentemente, esta ha sido una situación bien especial», dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Así, espera que durante la tramitación en el Senado el diseño estructural del proyecto se mantenga. «Como ocurrió ahora en la Cámara de Diputados, por supuesto que los podemos ir incorporando, pero cambios estructurales no están dentro de nuestros planes», recalcó.
Eso sí, el Ejecutivo tomó la decisión de formar una mesa de trabajo que comenzará a funcionar en mayo del 2023, y así abordar las diferentes problemáticas que enfrentan los trabajadores del Ministerio Público. Con el objetivo de que en septiembre del próximo se ingrese una ley al Congreso para dar solución a las principales dificultades que viven los gremios.
OTROS TEMAS DEL PROYECTO
Aunque el debate se ha centrado en el reajuste de las remuneraciones, el proyecto incluye otros tópicos que fueron materia de discusión en el hemiciclo. Entre ellos está el incentivo al retiro de funcionario de 70 años o más. También, un plan de retiro en caso de enfermedades terminales.
Asimismo, se considera el traspaso de honorarios al Código del Trabajo. El proyecto presentado por el ejecutivo establece una adecuada implementación del último dictamen de la Controlaría General en esta materia, en los municipios y las universales estatales.
Este punto presentó algunas diferencias entre los diputados, ya que el proyecto no considera los años de servicio. También, se faculta a los sostenedores de establecimientos educacionales para utilizar los saldos en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el desarrollo educativo de los estudiantes.
DISCUSIÓN PARLAMENTARIA
Durante el debate en el hemiciclo, el ministro Marcel reconoció el trabajo de los integrantes de la mesa del sector público. «En las negociaciones todos fuimos pragmáticos, intentando entender la posición de la contraparte, lo que permitió llegar a este acuerdo que le otorga un aumento del 12% a practicante el 90% de los trabajadores», indicó.
En el momento de las intervenciones los parlamentarios expusieron sus diferencias. Sobre todo, por el descontento que han manifestado trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público, la salud, la educación, el personal de apoyo parlamentario y los trabajadores municipales.
En esa línea, el diputado Leonidas Romero Sáez (IND) sostuvo que «un porcentaje de la salud pública quedará fuera y el IPC golpea todos por igual(…) Además, el personal de apoyo del parlamento no recibe el porcentaje de reajuste, si no que recibirán un 6,5% que no se acerca a la inflación acumulada de este año».
En cambio, el diputado por Revolución Democrática, Jaime Sáez, señaló que «no podemos pretender que en el proyecto del reajuste al sector publico encontremos la solución a todos los problemas estructurales» y manifestó su voto a favor.
Jaime Naranjo (PS), se refirió específicamente a las quejas por parte del magistrados y fiscales. “Se ha querido instalar que este no es un reajuste para todos, pero sí es un reajuste para todos. Me parece de la mayor gravedad lo que ha ocurrido con los funcionario de ministerio publico, instituciones que tienen que ver con la verdad, estén mintiéndole al país”, indicó.
Por su parte, el diputado republicano Agustin Romero manifestó su voto en contra al proyecto. «Este fue un acuerdo a puerta cerrada para uno de los proyectos mas caros del Gobierno, hoy se reajustan los sueldos en un 12% y es una tremenda cachetada a los trabajadores del sector privado. La brecha es inmensa (…) hemos creado trabajadores de primera y segunda categoría. Los ciudadanos de pie, los de segunda categoría, el trabajador privado es el que paga este reajuste», indicó.
Mientras que Cristian Matheson (IND) dijo que «el proyecto ha generado un rechazo entre muchos gremios asociaciones a educación, salud, justicia y nuestra propia asociaciones«.
Opinión similar sostuvo Miguel Mellado (RN), “hay algunos que quedaron excluidos, esperamos que las mesas del 2023 no dejen a nadie afuera, porque lo que se escucho es que no invitan a todos y hay temas que quedaron excluidos». (Emol)
