La discusión venía de hacía meses. La idea del Ministerio del Trabajo, encabezado por Jeannette Jara (PC), de hacer un spot a través de la Subsecretaría de Previsión Social para endurecer la posición por el proyecto de ley de reforma de pensiones surgió luego de que se trabara la negociación en la comisión del Senado -tras la aprobación en la Cámara de Diputados- y desde ahí que en La Moneda el debate estaba sobre la mesa.
En un principio no todos estaban de acuerdo con la difusión de los videos de la campaña “Mejores pensiones para Chile”. Desde la Secretaría de Comunicaciones (Secom), por ejemplo, se advirtió que endurecer el tono podría traer consecuencias muy negativas en la búsqueda de un acuerdo y también en el clima previo a la cuenta pública.
No fueron los únicos. De hecho, advertencias similares también se hicieron dentro del comité político, cuando se le dio suma urgencia al proyecto en la comisión en el Senado dado que recién se había establecido un cronograma de trabajo.
Pero la ministra Jara, en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo, insistieron en el tema. La intención era hacer frente a las campañas publicitarias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), como dijo este lunes la secretaria de Estado para justificar la difusión de la campaña.
“Lo que el gobierno ha hecho en general es informar, y vamos a seguir haciéndolo con todas sus virtudes, con todos sus desafíos que este proyecto de ley tiene”, dijo Jara, quien acusó a las AFP de invertir “una gran cantidad de recursos en, más que informar, desinformar a la ciudadanía”.
Para la difusión del spot, parte de una campaña que comenzó a mediados de mayo, los equipos jurídicos de la ministra, en coordinación con La Moneda y en consulta con el ministro de Justicia, Luis Cordero -experto en derecho administrativo-, estudiaron la legalidad y las consecuencias que podría traer.
Como antecedente revisaron lo ocurrido el año pasado con la gira por regiones de Jara y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por los encuentros ciudadanos por pensiones y por la cual la derecha fue a Contraloría.
De hecho, en el marco de los cuestionamientos, desde La Moneda suspendieron un despliegue de ministros en regiones para difundir el proyecto de ley que aún no ha sido despachado por el Parlamento.
Pero finalmente el ente fiscalizador dictaminó -según la resolución Nº E427443 que el gobierno no incurrió en proselitismo y que sí podía difundir un proyecto de ley mientras se especificara que estaba en trámite.
“No existen elementos para suponer que las actividades realizadas y los eventuales gastos incurridos en ellas se hayan destinado a fines proselitistas o de propaganda política, en contravención al principio de probidad administrativa o a lo previsto en el citado artículo 3° de la Ley n.° 19.896, considerando, además, que han tenido por finalidad poner en conocimiento de sectores de la población la acción gubernamental desplegada para alcanzar las reformas necesarias para implementar políticas públicas de alto interés social”.
Además había otro antecedente sobre la mesa de los equipos jurídicos: un informe de Contraloría de 2019 en que se planteaban argumentos similares.
Con toda esa información en el ministerio, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, hicieron un contrato de $430 millones con CyberCenter S.A. -representada por Daniela Weinstein y Florencia La Iglesia- para la realización de varias campañas que incluye varias entregas sobre la materia que está firmado por el subsecretario Claudio Reyes.
Posterior a esta publicación, desde la Subsecretaria precisaron que “el costo neto del spot específico de la reforma de pensiones fue de $47.501.123 con IVA y comisión″.
“Tanto el spot de referencia como toda la comunicación, campaña o difusión de este y los elementos asociados a la difusión de la reforma al sistema de pensiones, cumplen con cada uno de los requisitos que indica el informe de Fiscalía para la realización de información pública de una medida incluida en un proyecto de ley”, plantearon desde la Subsecretaria al ser consultados por las críticas de la oposición.
La arremetida del gobierno contra la oposición no fue algo improvisado. En los días previos a la cuenta pública le han transmitido en distintas instancias, y a través de documentos, a los partidos que se interpelará a la derecha por su obstruccionismo en materia de pensiones.
Por ello, la jugada de La Moneda generó la reacción inmediata de la oposición, que acusó de ilegalidad la campaña -antes ya habían criticado los plazos que impuso el Presidente- e ingresaron un recurso en Contraloría para que investigara el caso.
“El Ejecutivo no solamente ha traspasado un límite, al utilizar los recursos que les pertenecen a todos los chilenos para hacer proselitismo político e impulsar su propia visión ideológica sobre un proyecto tan importante para nuestro país, como es la reforma de pensiones, sino que también -a nuestro entender- ha transgredido una serie de normas que dicen relación con la administración financiera y el buen uso de los recursos públicos. Por eso es que como Chile Vamos decidimos recurrir a la Contraloría, porque nos parece absolutamente grave que el Gobierno esté utilizando esta burda estrategia para tratar de convencer a los chilenos que el mejor camino para subir las pensiones es el sistema de reparto, cuando todos saben que no es así”, plantearon desde la oposición. (La Tercera)
