Diversas reacciones generaron los anuncios en materia de seguridad para centros de salud informados el viernes por el Gobierno. En concreto, y luego del Gabinete Pro Seguridad llevado a cabo en La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso que en el encuentro el presidente Gabriel Boric dispuso que «establezcamos para los centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto, medidas de presencia policial de 24 horas o nocturnas».
Una medida que, sin embargo, no tendría el carácter de permanente por la cantidad de dotación policial, de acuerdo con lo que comunicó el Gobierno. En la misma línea, advirtió que «vamos a cerrar este trabajo con el Ministerio (de Salud) para ver cuáles son los centros de salud que están en esa condición y todos ellos van a recibir una cobertura de este tipo, a veces el día completo, otras veces los horarios nocturnos, porque ahí es donde se concentran los riesgos».
La secretaria de Estado también manifestó que se tomarán dos medidas complementarias. En primer lugar, el Mandatario convocará a los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado y de la comisión que revisará el proyecto de Infraestructura Crítica, para que dicha iniciativa sea despachada antes de que termine el año.
«No resiste más análisis que, viendo esta necesidad tan grande de desplegar para ciertas funciones soldados en el país, no logremos construir un acuerdo para que este proyecto sea ley. Entonces vamos a reunirnos con ellos, buscar la manera, entregar todo el apoyo que sea necesario para que esa legislación nos permita tener presencia de soldados a través de infraestructura crítica lo antes posible», precisó.
En segundo lugar mencionó realizar estudios para definir la factibilidad de contratar vigilantes privados. «Se requiere un estudio, porque para desplegar vigilantes privados, el centro de salud tiene que tener las armas que se le va a proveer a este personal. Las tiene que tener, conservar, darles resguardo de seguridad y eso nos parece algo delicado, que no es para nada evidente que se pueda hacer o que sea recomendable hacer, pero como no lo queremos descartar, vamos a hacer igualmente los estudios para mantener abierta esa alternativa».
Cabe recordar que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ya había abordado este tema días antes. En específico, y en conversación con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado fue consultada respecto a si está de acuerdo con quienes piden guardias para los Cesfam y hospitales y aseveró: «De hecho, eso es algo que conversamos con la ministra del Interior, no es que nos hayan pedido».
«Ella me pidió que nosotros evaluáramos la posibilidad de tener vigilantes, que se llaman, como los que tienen en los bancos», agregó y en cuanto a si estos estarían armados, ya que esa sería la diferencia con un guardia, advirtió que «sí, porque los guardias habituales son personas que están ahí mirando, pero que no tienen un entrenamiento como para, realmente, garantizar mejores condiciones de seguridad».
«MEDIDA ACERTADA» «GOBIERNO REACTIVO»
Diputados de las comisiones de Seguridad y de Salud analizaron estos anuncios y mientras algunos destacaron la presencial policial como una «medida acertada» otros apuntaron a que el Gobierno solo está siendo «reactivo».
La presidenta de la Comisión de Seguridad, diputada Gloria Naveillan (Ind-Comité Social Cristiano) aseveró que cada día le queda más claro que el Gobierno «está poniendo parche curita para parar una hemorragia, porque no saben cómo parar la hemorragia que, claramente, requiere un procedimiento distinto, que no son los parches curitas».
«Decir que van a poner carabineros de refuerzo en los centros de salud que están en lugares más peligrosos suena de toda lógica, pero después dicen que esto no va a ser permanente, porque no hay suficiente dotación. Entonces, ¿qué va a pasar si justo en el centro, donde no había una protección especial, sucede algo?», sostuvo.
Asimismo, agregó que «después mencionan el tema de los vigilantes privados con armas, pero ¿Quién en un centro de salud tiene la capacidad de resguardar esas armas? ¿Van a tener que contratar en cada centro de salud a una persona especial que se dedique al resguardo de las armas? ¿Van a tener que construir una pieza especial en un centro de salud para que estén resguardadas las armas? De verdad es algo que yo no logro entender».
A juicio de la parlamentaria para esto «se requiere una estrategia» que «no tienen y si no la tienen, tienen que recurrir a las personas que saben para ver qué estrategia ocupar. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que el Presidente convoque a lo que él se comprometió, que es una comisión de personas expertas para poder determinar la estrategia a seguir en temas de seguridad? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuánto más?».
Otra mirada mostró el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) -miembro de la misma instancia- quien advirtió que «la presencia y protección policial es una medida acertada para actuar de inmediato» y que «la solución permanente es terminar de tramitar y aprobar el proyecto de Infraestructura Crítica, incluyendo ahí los centros de salud y recintos hospitalarios, para efectos de tener protección y presencia militar, de tal manera que tenemos en el Congreso la responsabilidad de trabajar con mayor celeridad. El Gobierno, por su parte, debe impulsar una mayor coordinación para tener las urgencias necesarias».
El diputado Andrés Jouannet (presidente de Amarillos), en tanto, apuntó a que es el Gobierno «el que tiene que apurar la ley de Infraestructura Crítica en el Senado», pues «nosotros en la Cámara la sacamos con suma urgencia, rápido».
De todas maneras, acotó que «el tema de fondo para resguardar los centros de salud es que no hay carabineros y yo vengo diciendo esto desde hace dos años. Si hace dos años hubiéramos formado 6.000 carabineros cada dos años, tendríamos ahora una generación de por lo menos 5.000 carabineros en las calles nuevos. Estamos formando 1.800 carabineros cada dos años, pero finalmente son 1.500, porque siempre hay una merma. Pero, además, están 2.500 carabineros yendo a retiro. Esa es la realidad. No hay carabineros. Y nos hemos entrampado en lo del general Yáñez con acusarlo a él, en vez de que el Gobierno lo hubiera defendido. Aquí hay que dar señales. Ese es el tema de fondo, dar señales».
Desde Renovación Nacional, el diputado José Miguel Castro (RN) siente que «el Gobierno está siendo simplemente reactivo y, en ese sentido, hay que entender que cuando uno pone a un carabinero, por ejemplo, dentro de un centro de salud o cualquier otra área crítica, obviamente se deja de lado algún cuadrante».
Ahora, dijo que «si se quiere avanzar en lo que es Infraestructura Crítica, me parece correcto, pero hay que entender que también deben apurar lo que son las reglas del uso de las fuerzas y no pararlas como lo hicieron en la Cámara de Diputados cuando no tenían los votos para apoyar su visión».
El diputado Henry Leal (UDI) también consideró que «el Gobierno siempre está llegando tarde, siempre reacciona a los hechos y no se anticipa». De hecho, acusó que «el subsecretario de Prevención del Delito no está haciendo su trabajo. No hay prevención, siempre se está actuando sobre los hechos consumados. El Gobierno reacciona, es comentarista y no anticipa los hechos. Los ataques a los consultorios hace ya más de un año que están ocurriendo, pero no se ha hecho absolutamente nada. Siempre hay un responsable, ahora es el Congreso, la comisión respectiva del proyecto de Infraestructura Crítica. Son ellos que tienen el problema, si es su propia coalición que no se pone de acuerdo en el Congreso».
En cuanto al tema de los vigilantes privados, precisó que «puede ser una solución, pero nuevamente se complica en dónde van a guardar las armas, perdón, se están matando chilenos todos los días, amenazan a los consultorios, actúen ya, déjense de hacer estudios, mesas, comisiones, el diagnóstico está claro. Ese es mi llamado al Gobierno, actúen. Y a la ministra Tohá, que está muy debilitada luego la acusación, espero que haga cambios de los subsecretarios pronto y no espere las elecciones, porque ella sabe que Monsalve se va en un mes más. No espere un mes más, ministra, haga el cambio ahora, ahora».
Para el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) «la inseguridad en los centros de salud del país es un problema que se arrastra hace varios años, pero se ha agudizado durante la negligente gestión de este gobierno en seguridad pública». Por lo mismo, cree que «esto no va a cambiar hasta que se acabe esta nefasta administración».
COMISIÓN DE SALUD
La presidenta de la Comisión de Salud, Helia Molina (PPD) también abordó este tema, precisando que le «parece acertado tomar medidas especiales para resguardar la seguridad de los centros de salud y sus trabajadores, y que esto tenga una estrategia coordinada desde el Ministerio del Interior».
«La inseguridad en el lugar de trabajo es fuente de enfermedades y problemas de salud mental y acá se está poniendo a los funcionarios por delante. Junto a ello, desde la Cámara, presenté un proyecto de ley enfocado en aumentar las penas de cárcel a quienes agredan al personal de la salud y también que destruyan la infraestructura de hospitales, consultorios o Cesfam, lo que junto a estas medidas del Gobierno, se complementan a la perfección para responder a la contingencia actual», enfatizó.
Desde la misma instancia, el diputado Daniel Lilayu (UDI) sostuvo que les «parece muy bien que el Gobierno haya recogido el guante con respecto a nuestras propuestas y fortalezca la seguridad de centros de salud que están con una categoría de riesgo extremo, aunque nos hubiese gustado que la medida se extienda a todos los Cesfam».
«Con respecto a los guardias de seguridad nos parece una buena alternativa, siempre y cuando estén las reglas claras para que puedan trabajar con armas y estar protegidos desde el punto de vista legal, para que el día de mañana no sean perseguidos en tribunales por hacer su trabajo. Aún así, esperamos que también pudiera realizar esa labor Carabineros, que está más protegido desde el punto de vista legal», añadió.
La diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) -también integrante de la comisión- señaló por su parte que «si el Gobierno quiere tomar la decisión de colocar policías 24 horas resguardando los centros de salud, quiero ser muy clara con esto: en el caso que le quitaran la vida a un delincuente en un procedimiento para proteger la vida de pacientes que esperan ser atendidos, que el Gobierno actúe con seriedad y no los desvinculen de la institución sin primero investigar y menos que los acorralen manifestando que son violadores de los derechos humanos por defender a la ciudadanía».
Asimismo, explicó que «si toman la decisión de que sean guardias privados, deben ser personas preparadas y que no hagan mal uso del armamento exponiendo las vidas de otras personas. Por último, los alcaldes también cumplen un rol importante con su departamento de seguridad, los que deben trabajar coordinados con las policías y el Gobierno».
Desde el Partido Socialista (PS), la diputada Danisa Astudillo, remarcó que «la seguridad en los establecimientos de salud es de vital importancia para llevar tranquilidad a los pacientes y funcionarios» y que «en regiones vivimos situaciones que en la zona central se desconocen, como que en Alto Hospicio de APS trabajan con chalecos y cascos antibalas». Es por ello, que aseveró que «celebro la decisión del Gobierno con esta medida».
Por otra parte, expuso que «la Ley de Infraestructura Crítica debiera ser una base fundamental para el correcto funcionamiento de algunos establecimientos, por lo que el llamado es también a que nosotros mismos, desde el Congreso, apuremos la tramitación de leyes. Hemos sido testigos de intervenciones realizadas sólo con el objetivo de ralentizar procesos».
El diputado Héctor Barría (DC), indicó por su parte que «los recintos de salud, las y los trabajadores, los usuarios, las vecinas y vecinos merecen mejores medidas de seguridad. Por lo tanto, lo que han señalado con fuerza diversos gremios de salud y, por supuesto, idea al cual se ha sumado el Gobierno, no puede seguir esperando. Los recintos de salud necesitan carabineros, guardias de seguridad. Y, por otra parte, hacemos un llamado al Gobierno y al Senado que el proyecto de ley de Infraestructura Crítica debe ser tramitado y despachado cuanto antes. La seguridad es prioritaria. La delincuencia no nos puede ganar esta pulseada por el bien común de nuestra ciudadanía».
También desde esta comisión, el diputado Patricio Rosas (Frente Amplio) señaló que a él le «ha tocado trabajar en distintas áreas de la urgencia (…) y una de las experiencias que hemos tenido en todos estos años de trabajo, es que las áreas públicas de los hospitales, de los consultorios, de las distintas redes asistenciales circulan muchas personas y dentro de esas lamentablemente con los años han habido personas que también circulan con malas intenciones y ahí necesitamos poner el acento también en dinero del Presupuesto del 2025».
Finalmente, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán mencionó que «el Gobierno necesitó hechos de violencia extrema y una acusación constitucional para darse cuenta que debían tomar medidas respecto a la delincuencia y violencia que se vive en los centros de salud. Es un avance, pero insuficiente. Es una acción preventiva que lógicamente no es una medida permanente y no es universal por el déficit de efectivos policiales. Lo que realmente resolvería los problemas es tomar medidas más proactivas para enfrentar, detener y de una vez por todas terminar con las organizaciones criminales que atentan contra la libertad de los chilenos».(Emol)
