El dilema de la “tabla de Carnéades” -que narra la historia de dos navegantes griegos, sobrevivientes de un naufragio y aferrados a una madera, que se enfrentan para dirimir quién puede salvarse- fue planteado por el abogado de la jueza Ángela Vivanco, Juan Carlos Manríquez, para argumentar por qué no se podía dividir la acusación constitucional doble, presentada por diputados de Chile Vamos, en contra de la magistrada y el también ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.
La disquisición respecto de si se podía separar el libelo, en vista de que se reprochaba un “notable abandono de deberes” a dos jueces por dos hechos distintos, tensionó el inicio de la sesión de este martes en la Cámara.
La sesión, que podría extenderse tentativamente hasta la medianoche, fue convocada ayer por la presidenta de la corporación, Karol Cariola (PC), con el fin de resolver precisamente esta acusación doble, que le cuestiona a Vivanco su participación en las redes de influencia del abogado penalista Luis Hermosilla, mientras que a Muñoz le imputa haber entregado información privilegiada a su hija en una compra de departamentos.
No obstante, al inicio de la sesión, Cariola debió hacer frente a una fuerte contraofensiva de las bancadas del oficialismo para pedir que se dividiera el libelo. Pese a que los reclamos se multiplicaron entre sus pares de coalición, la presidenta de la Cámara se apegó al criterio definido por el secretario general de la corporación, Miguel Landeros, de que el texto no se podía desagregar: debía votarse como un paquete cerrado y que, en caso de haber un vicio legal o constitucional, ese reclamo debía verse en la votación de la “cuestión previa”, fase en la se discuten precisamente estos aspectos de forma.
Si bien el caso de Vivanco ya está fuera de discusión (de hecho, las bancadas de la alianza gubernamental presentaron una acción paralela contra la alta magistrada), la situación de Muñoz es la que enreda a los parlamentarios de gobierno.
El juez, quien en el pasado fue clave para esclarecer causas de derechos humanos, entre ellas el asesinato del dirigente de la ANEF Tucapel Jiménez, cometido por agentes de la CNI en dictadura, históricamente ha sido valorado por el antiguo mundo de la Concertación y de la izquierda y la centroizquierda, en general.
El primero en plantear la queja fue el diputado Luis Cuello (PC), quien señaló que la decisión de Chile Vamos de fusionar los cargos contra Muñoz y Vivanco, para obligar al oficialismo a aceptar la destitución del magistrado con la jueza implicada en el caso Hermosilla, era una forma “torcida, porque se imputan hechos distintos”. “Vulnera toda garantía de un justo y normal procedimiento”, dijo.
Luego tomó la palabra la jefa de la bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, quien comentó que “estamos ad portas de cometer una grave violación a los derechos humanos” si es que no se separaba el escrito contra los jueces acusados.
Al mismo reclamo se sumaron el diputado y presidente DC, Alberto Undurraga; los socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Jaime Naranjo y Raúl Leiva; el comunista Matías Ramírez; el independiente PPD Jaime Araya y la frenteamplista Javiera Morales.
Por el contrario, diputados republicanos y de Chile Vamos emplazaron a sus pares del frente a hacer ese punto en la “cuestión previa”.
Dado que el debate comenzó a subir de nivel, Cariola, quien no se movió de su decisión de seguir la recomendación de la secretaría técnica, tuvo que hacer constantes solicitudes para que no se abusara del uso de la palabra.
“Desde la mesa hemos tomado la decisión, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, de respaldar a la secretaría técnica respecto de los procedimientos para llevar esto y asegurar y garantizar a todos quienes están llevando una acusación constitucional poder tener los resguardos necesarios y las garantías en el procedimiento”, dijo la presidenta de la Cámara, quien además mencionó que se pidió un informe en derecho para sustentar la determinación, que ya se distribuyó entre los diputados.
Sin embargo, dada la presión ambiental, resolvió citar a una reunión de los jefes de bancada para discutir el tema a puertas cerradas sin interrumpir la sesión.
El problema es que este encuentro se prolongó más allá de las exposiciones de los abogados defensores, Manríquez a nombre de Vivanco y Jorge Correa en representación de Muñoz, por lo que la sesión de sala igualmente tuvo que suspenderse, momento que fue aprovechado también para la hora del almuerzo.
Finalmente no hubo acuerdo de los comités para dividir la acusación y, al reanudarse la sesión, los diputados votaron la cuestión previa. En esta deliberación, la postura de los acusadores fue apoyada con una amplia mayoría de 91 votos y dos abstenciones, versus 52 legisladores que estuvieron por acoger la reclamación por el vicio de forma en la presentación.
DISCUSIÓN DEL FONDO
Tras una extensa jornada de discusión, la Cámara de Diputados rechazó la denominada cuestión previa en el marco de la acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y del juez Sergio Muñoz.
Así las cosas, con 52 a favor, 91 en contra y 2 abstenciones, los parlamentarios procederán a revisar el fondo de la acusación constitucional presentada en contra los ministros del máximo tribunal.
La exvocera de la Corte Suprema está bajo la indagación de los parlamentarios por las irregularidades dadas a conocer tras sus conversaciones con Luis Hermosilla, recluido por delitos de corrupción en el marco del caso Audio.
Mientras que, Muñoz, está siendo apuntado por entregar información privilegiada a Graciel Muñoz, su hija y jueza de Garantía. Esto, con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que se encontraba en construcción.
Como era de esperar, la sesión no ha estado exenta de un ambiente tenso. La discusión se centró en si la acusación debía ser votada en conjunto o por separado, considerando que hay dos acusados en un mismo libelo por causas diferentes.
Por su parte, el oficialismo -y también la defensa de Muñoz- instaron a que la votación del libelo debía ser por separado, considerando que hay dos acusados en un mismo libelo por causas diferentes. La oposición, por el contrario, defendieron que el Senado podría votar los capítulos por separado, por lo que no veían urgencia en separar la votación en la Cámara.
Tras una larga discusión, la mesa suspendió la sesión para citar a los comités a una reunión y definir cómo sería la votación. Luego, cuando los parlamentarios volvieron a sus pupitres, la presidenta de la comisión encargada de revisar la AC contra ambos magistrados, Sofía Cid (RN), recomendó “que este libelo acusatorio continúe su tramitación y pase al Senado”.
Asimismo, la mayoría de los integrantes de dicha comisión, los diputados Eduardo Durán (RN), Yovana Ahumada (Ind.), y Chiara Barchiesi (Republicana) también hicieron un llamado a votar el libelo favorablemente.
El único que marcó un reparo en que el libelo sea votado en conjunto, fue el diputado Jaime Sáez (FA), quien calificó la situación como “manipulación política”, ya que se les “obligaba” a votar la AC en “un solo texto hechos que no guardan conexión”. No solo eso, llamó a “acoger la cuestión previa y rechazar esta acusación conjunta”. (La Tercera)
