La tarde de este martes, horas antes de que el alcalde Daniel Jadue sea formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco del caso Farmacias, por lo cual arriesga quedar bajo prisión, un grupo de ocho parlamentarios del partido suscribió una carta de apoyo al edil junto a cerca de 1.500 personas, entre ellas Raúl Zurita y Gabriel Salazar.
En la misiva señalan que el caso representa una persecución política y judicial en contra de Jadue y cuestionan al Ministerio Público y a la fiscal a cargo de la causa Giovanna Herrera por advertir en abril al abogado del alcalde que podía pedir su detención si insistía en viajar a Venezuela, donde podía pedir refugio dadas sus críticas a la imparcialidad de la investigación.
Lea aquí la carta completa.
«Mediante la presente, expresamos nuestra profunda preocupación y disconformidad frente a la situación que enfrenta el señor Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial. Este caso representa no solo una persecución política y judicial hacia una figura pública, sino también una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile.
Reconocemos la labor realizada por el alcalde Daniel Jadue en el municipio de Recoleta, pues ha innovado en la forma de realizar la política en los gobiernos locales, generando una incidencia nacional e internacional de buenas prácticas y uso eficiente de los recursos públicos, destacándose la provisión de servicios por parte del municipio de Recoleta, tales como: La Farmacia Popular, la Óptica, el Centro de Rehabilitación Popular y el Centro Audiológico, como también la librería popular, la red de bibliotecas, la Universidad Abierta de Recoleta, entre otros.
La Farmacia Popular de Recoleta tuvo tanta incidencia que más de 170 comunas en Chile tienen una farmacia municipal, casi todos los medicamentos ofrecidos por las farmacias populares se venden a precios entre un 64% y 68% más bajos. Frente a ello se crea la Asociación Chilena de Farmacias Populares para poder comprar medicamentos no solo en CENABAST, sino también poder comprar en laboratorios extranjeros para así poder acceder a nuevos medicamentos y a otros laboratorios. Sin embargo, del total de municipios participantes de la ACHIFARP, varios de ellos, 63 municipios, no pagaron sus cuotas, provocando la quiebra de esta asociación nacional y el objeto con el que se desarrolla una guerra judicial contra el alcalde Daniel Jadue.
Ya han transcurrido casi 3 años desde el inicio de la investigación judicial por el caso ACHIFARP contra el alcalde Daniel Jadue, lo que atenta contra su figura política y lo envuelve en una guerra jurídica. Dicha táctica ha sido evidenciada por el apoyo y la cobertura sesgada de varios medios de comunicación, lo que refuerza la percepción de un juicio con motivaciones políticas más que legales.
La fiscalía planea formalizar al alcalde Jadue el 29 de mayo de 2024. Nosotros y nosotras consideramos que, dada la falta de evidencia sustancial y el claro cumplimiento de sus deberes dentro de los marcos legales y éticos, no existen fundamentos sólidos para formalizar acusación alguna por ninguno de los delitos que se le imputan.
Como es de dominio público, hace pocos días, a pesar de no estar sujeto a restricciones legales conocidas que le impidieran salir del país, el señor Jadue fue impedido de realizar un viaje internacional. Esta acción se fundamentó en una amenaza verbal por parte de una fiscal, quien sugirió la posibilidad de emitir una orden de detención basada en un presunto “peligro de fuga o asilo”. Tal proceder, como lo ha señalado la Comisión Chilena de Derechos Humanos, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que además viola el deber de objetividad que debe regir la conducta del Ministerio Público.
Estos acontecimientos apoyan la percepción de que existe una estrategia de “guerra jurídica” dirigida específicamente contra líderes políticos que aportan en el cuestionamiento y la transformación del sistema neoliberal. Esta estrategia contraviene gravemente los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley, comprometiendo la objetividad e imparcialidad que deben caracterizar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial.
En relación a las acusaciones formuladas contra el alcalde Daniel Jadue, es crucial aclarar cada punto para demostrar la ausencia de fundamentos detrás de los cargos imputados:
Estafa: Se alega un engaño hacia la empresa BestQuality. Sin embargo, es importante señalar que el señor Jadue nunca sostuvo reuniones con representantes de esta empresa, ni existen pruebas de engaño. Además, las dificultades en el pago de las acreencias por parte de la Asociación no constituyen actos delictivos, habiéndose ofrecido múltiples propuestas de pago que fueron rechazadas por la empresa.
Cohecho: Se menciona una supuesta solicitud de donación a BestQuality. Cabe destacar que no existe solicitud comprobada de tal donación, y la acusación se sostiene únicamente en testimonios aislados de empleados de la empresa sin corroboración. No se recibieron productos en dependencias municipales o partidarias, y los secretarios ejecutivos de la Asociación han negado la existencia de alguna donación.
Administración Desleal: Se intenta atribuir faltas en la administración de la Asociación como delitos, cuando en realidad el alcalde no tenía responsabilidad en la gestión financiera ni comercial de la ACHIFARP.
Ocultamiento de Bienes: Se ha indicado incorrectamente que no se entregaron todos los bienes al liquidador de ACHIFARP. Los responsables han aclarado que hubo un traslado erróneo de equipos, como escáneres e impresoras 3D, pero estos no estaban ocultos y fueron entregados al liquidador adecuadamente.
Fraude al Fisco: Durante la pandemia, se realizaron esfuerzos para salvar vidas, incluyendo la compra de insumos médicos bajo atribuciones administrativas que permitían compras directas en situaciones de emergencia. Se investigó el uso de Interferón con la Universidad de Concepción, se distribuyeron prótesis auditivas a través del Centro Audiológico Popular, y se adquirieron glucómetros, lancetas y tiras reactivas para pacientes diabéticos, todo dentro de los marcos legales y con total transparencia.
Estos argumentos evidencian una defensa sólida frente a las acusaciones, destacando la falta de pruebas concretas y el cumplimiento de las normativas vigentes en las actuaciones del alcalde Daniel Jadue. Por tanto, las acusaciones no solo son infundadas, sino que también representan un uso indebido de los recursos legales contra una figura política.
Reiteramos que el alcalde Daniel Jadue ha desarrollado un nuevo municipalismo, que comprende la provisión de servicios sociales por parte del municipio, logrando que la población pueda acceder a servicios de calidad a bajo precio, ello configura al gobierno local como un espacio transformador, en beneficio de las grandes mayorías.
En vista de lo anterior, solicitamos una revisión inmediata y exhaustiva de este caso, asegurando que se respeten los derechos del alcalde Daniel Jadue y se restaure la confianza en nuestras instituciones judiciales. Es imperativo que el sistema legal actúe con la máxima transparencia y justicia, libre de cualquier influencia política o personal.
Asimismo, convocamos a la ciudadanía a mantenerse informada y organizada para detener la guerra judicial en la que han implicado al alcalde Daniel Jadue». (Ex Ante)
