En Chillán dicen que la noticia fue como un terremoto. El exconcejal comunista Víctor Sepúlveda Barra (53), el mismo que había encabezado la persecución por el caso de las coimas en las licitaciones de luminarias en esa ciudad, quedaba ahora detenido por presuntamente haber sido partícipe de lo mismo.
Hoy pasa sus días cumpliendo arresto domiciliario en casa de una de sus dos hermanas, a la espera de que la justicia ratifique lo que a través de su abogado Guillermo Valdés dijo a DF MAS: “confiado en su absoluta inocencia ya que ha colaborado con la investigación en diversas oportunidades, primero declarando varias veces como concejal en calidad de testigo, luego presentando una querella junto a otros concejales y hoy, aún en su calidad de imputado, sigue aportando antecedentes. Es más; declaró el mismo día de su detención ante el fiscal del caso”.
Nadie en la capital de la región del Ñuble se atreve a explicar qué y cómo pasó, pero el asombro es generalizado. Abundan las teorías. Todas coinciden en que el nombre de “el Cacharro”, como le dicen en la zona a Sepúlveda -quien fue concejal desde 2012 hasta 2020-, saltó en algunas declaraciones por el caso luminarias, que ha tenido a la ciudad convertida en escenario de esta trama de corrupción.
Sepúlveda fue querellante en una de las demandas por el caso. El mismo día en que lo detuvieron, el abogado de esa causa Remberto Valdés decidió renunciar. “Nosotros hemos terminado su representación procesal. Se nos avisó que el señor Sepúlveda había sido detenido por el caso Led y en razón de lo anterior asumió su defensa un abogado distinto, ajeno completa y absolutamente a nuestra oficina, de confianza del señor Sepúlveda”, dijo escuetamente.
EL MISTERIO DEL BOLSO NARANJA
En 2019 la Fiscalía habría comenzado a indagar al también dirigente social, que en su declaración de intereses registra una casa en la población Vicente Pérez Rosales de Chillán tasada en $ 5 millones e ingresos por una pensión como preso político. En su blog se define como un “trabajador independiente en obras menores ligadas al rubro de la construcción”. Ahí cuenta que milita en el PC desde los 13 años.
Su nombre se repite en las carpetas del caso. La fiscalía cree que recibió del abogado y representante de Itelecom, Víctor Amado, $ 10 millones a cambio de que favoreciera a la firma en la licitación de las luminarias en Chillán. Pero también se ha investigado que le pagaron por su silencio, pues habría sido testigo de los ofrecimientos de coimas.
Según la fiscalía, en 2019 Amado -quien a través de su empresa Dimensión S.A. además se adjudicó la licitación de la basura en Chillán- subió de noche al departamento donde entonces vivía en el centro de la ciudad Sepúlveda, en la calle Itata, con un bolso naranjo para después bajar con las manos vacías. Y tendrían fotos. También existirían testimonios que lo involucrarían.
Por si fuera poco, hay registros de una reunión entre ambos en las Termas de Chillán, donde eso sí estaban otros concejales (ninguno de ellos formalizado). Su teléfono personal fue confiscado.
En Chillán, el concejal Sepúlveda fue uno de los siete integrantes del concejo municipal que votó a favor de que Itelecom se quedara con el negocio de $ 4 mil millones del recambio de luminarias.
“Víctor nunca, jamás ha solicitado un beneficio económico ni mucho menos recibido pago alguno, si bien reconoce recibir diariamente muchos llamados de vecinos y otras personas, no puede filtrar los llamados que recibe, aun así no tiene ninguna vinculación con los demás imputados, por lo cual esperamos, y confiamos en la justicia, confiamos que nuestros tribunales, lograrán esclarecer la verdad”, reitera su defensor (ver recuadro).
Según el Ministerio Público representantes de Itelecom ofrecieron sobornos a funcionarios públicos a cambio de quedarse con las licitaciones públicas para la instalación de luminarias led en distintas comunas del país. La firma de Marcelo Lefort (quien fue bautizado como el el “zar de la luz”), se adjudicó contratos con 22 municipalidades de norte a sur. La indagatoria -contenida en más de una veintena de tomos- considera al menos 10 comunas hasta ahora, entre éstas Chillán.
La semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago –que agrupa las causas- formalizó por cohecho a Víctor Sepúlveda y por soborno a Víctor Amado. Ambos son los dos últimos imputados en este caso que registra formalizados y detenidos desde Iquique hasta Chillán por cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita.
El tribunal fijó también un plazo de seis meses para la investigación que lidera la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.
LOS OTROS
El arresto de Sepúlveda ha sido tema obligado en el mundo político de Chillán. El alcalde, Camilo Benavente (PPD), declaró que le costaba creer que pasaran estas cosas y el concejal Patricio Huepe (DC) recordó el protagónico rol de Sepúlveda en las querellas.
“Él ésta muy afectado por su situación laboral, ya que es padre de dos hijas y necesita cumplir sus obligaciones como padre. Además él vive de su trabajo en la construcción y necesita generar ingresos, su familia lo ha apoyado, pero la preocupación por su situación judicial es un tema no solo familiar”, dice su abogado.
Explica que lo está defendiendo a través de la Fundación Justicia Para Todos (una ONG probono), porque luego de 18 meses de investigación fue bastante sorpresiva la decisión de la fiscalía de solicitar una orden de detención, “más aún cuando él ha colaborado en diversas oportunidades, y hasta tenía la calidad de querellante”, explica. Y aclara que Sepúlveda solo ha sido mencionado dos veces en toda la formalización, mientras que los otros concejales y funcionarios figurarían “infinidad de veces” en la carpeta investigativa.
Este jueves, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para Sepúlveda. Otra vez la noticia fue comentario obligado en Chillán.
ABOGADO: «DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA»
“Nuestra teoría apunta a un error de interpretación en la investigación, y una discriminación arbitraria en las decisiones de formalización”, sostiene el abogado Guillermo Valdés. El defensor del exconcejal acusa a la fiscalía de “vincular a mi representado con un mundo de negocios millonarios, hoteles y relojes de lujo, cuando él es un obrero que anda a pie y vive de una pensión del Estado”. Ello, debido a que hasta la fecha no habrían aparecido pruebas de actos de corrupción o enriquecimiento.
Sin embargo, la complejidad del caso ha lanzado un manto de dudas sobre otros concejales de Chillán. De hecho, trascendió que la Fiscalía está indagando también esa línea y que a ello obedecería su solicitud de ampliar los plazos de la investigación.
Esta sería la sexta vez que se amplían los plazos de las indagatorias en este caso que ya se ha extendido por dos años y ha salpicado a municipios de todo el país. El Ministerio Público cuenta con más de un año de escuchas telefónicas sobre decenas de empleados y autoridades municipales. (DF)
