Siguen las repercusiones luego de que se conocieran detalles del llamado realizado al líder y fundador de la CAM, Héctor Llaitul, por parte de una asesora de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. De hecho, el asunto fue llevado esta mañana a tribunales de la mano de una querella interpuesta por el abogado RN Marcelo Brunet Bruce, quien pide que se indague a la exsecretaria de Estado y a su periodista por eventuales delitos de obstrucción a la investigación, incumplimiento de la obligación de denunciar y ejercicio ilegal del cargo.
De acuerdo con el escrito presentado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y al cual tuvo acceso La Tercera, “es manifiesto que, con posterioridad al contacto o comunicación realizado por la funcionaria pública, doña Tania Santis con el Sr. Héctor Llaitul -donde le expresó el interés de la entonces secretaria de Estado por conversar con él-, la actitud y posición del Gobierno fue de absoluta inactividad y permisividad respecto de las amenazas y actividad realizada por el Sr. Héctor Llaitul”.
Dado que ese llamado se dio el mismo día en que se difundió un video donde el líder de la CAM llamaba a “organizar la resistencia armada” contra el Gobierno, más lo que el recurrente califica como una “resistencia de las autoridades del Ejecutivo a perseguir dichas acciones”, se configuraría, recalca el abogado, “al menos un incumplimiento del deber de denuncia que pesa sobre los funcionarios públicos”.
“La intervención de la exministra de Desarrollo Social y Familia, en hechos que son manifiestamente constitutivos de delito, debe ser investigada, pues, atendida su posición y cargo, además de las posteriores declaraciones realizadas por miembros del Gobierno en pos de no iniciar investigaciones en contra del Sr. Héctor Llaitul, podrían constituir de obstrucción a la investigación”, se recalca en la acción.
En el mismo sentido, Brunet Bruce hace presente que “se aprecia una conducta consistente del Gobierno en orden a no criminalizar en su oportunidad ciertos hechos que revisten la mayor gravedad, porque como se advierte, tardíamente en la ampliación de querella el 29 de julio, los llamados efectuados por Llaitul efectivamente encontraban una respuesta fáctica”.
Consultado por la arremetida, el abogado comentó a La Tercera que “entendemos que pueden haber una serie de ilícitos de naturaleza administrativa que podrían haberse realizado por no haberse hecho las denuncias. Son situaciones tremendamente graves y hemos solicitado que se haga la investigación correspondiente. Pueden haber delitos y el Ministerio Público es quien debe zanjar qué ocurrió”.
En medio de la querella se hacen presente las declaraciones que emitieron desde el PPD para respaldar a la otrora ministra, puesto que personeros de la colectividad fueron claros en destacar que todas las actuaciones de Vega se enmarcaron en una instrucción que había recibido.
Así, se incluye lo mencionado por la titular de la tienda, Natalia Piergentili, quien indicó: “Relevamos que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo en cuanto a dialogar con todos los actores, en momentos en que el planteamiento del gobierno era que no se podían enjuiciar las ideas”.
Asimismo, se complementa con lo esbozado por el senador Jaime Quintana, quien sostuvo que le parece “que la ministra Vega estaba llevando adelante la orientación que en ese momento tenía el Ejecutivo en el sentido de dialogar con todos y que aquí no se perseguían ideas. Se hablaba mucho de que se dialogaba sin exclusión”.
Por lo mismo, y considerando que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue enfática en descartar que se le haya dado una instrucción a la exministra para ponerse en contacto con Llaitul, el querellante pide que se cite en calidad de testigo tanto a Piergentili, Quintana y el subsecretario Manuel Monsalve, dado que en Interior recaen las tareas relacionadas con el control de la delincuencia en el país. (La Tercera)
