En una nueva jornada de trabajo, ayer la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional (CC) votó en general una serie de iniciativas, entre las que destacan una que «consagra el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promueve la libre competencia» y otra que establece el «deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares», ambas con disímiles destinos.
La primera, presentada por los convencionales de Vamos por Chile Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos y Luis Mayol, entre otros, no encontró suficiente respaldo y fue rechazada.
En un artículo único, señalaba que «la República de Chile reconoce y garantiza la libertad económica y la libre competencia» y que «el Estado deberá regular materias económicas, con la finalidad última de promover un crecimiento equitativo y sustentable».
Además, el texto rechazado instituía para Chile la economía social de mercado como base del sistema económico, que debería garantizar «la propiedad privada, la libertad económica, el rol subsidiario del Estado, la libre competencia y la libertad individual para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por las leyes».
La propuesta también permitía al Estado desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, pero sólo avalado por la aprobación de una ley que lo autorizara. Para ello se requeriría un quorum de mayoría absoluta de los parlamentarios presentes al momento de votar. Y se le aplicaría la misma legislación vigente que a los particulares.
ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
La segunda propuesta, que corrió mejor suerte ya que la comisión le dio luz verde para seguir su tramitación, dice relación con el rol del Estado en la economía.
De hecho, establece el «deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares». Patrocinada por los convencionales de izquierda Ivanna Olivares, Francisco Caamaño y Carolina Vilches, entre otros, fue aprobada en general por amplio margen (15 a favor y 4 en contra) y establece la obligación del Estado de reconocer, respetar, proteger y promover la organización económica y garantizar «el aprovechamiento responsable y planificado de los bienes naturales, e impulsar la producción con tecnologías limpias, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la diversidad productiva en sus diferentes dimensiones y niveles». A eso añade la prevención, recuperación y fortalecimiento «de las fuentes regeneradoras de los ciclos naturales, el equilibrio de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad».
Asimismo, el Estado deberá garantizar las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales «con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes», de acuerdo a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los Derechos Humanos y de la naturaleza, seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública, señala el documento.
El artículo estipula que el Estado deberá promover «la desconcentración económica y la igualdad progresiva en el acceso y participación en los distintos mercados existentes en la economía» y tendrá el deber de prevenir situaciones como los monopolios, oligopolios, integraciones verticales, integraciones horizontales o abusos de posición dominante en alguna actividad económica.
«INENTENDIBLE»
El rechazo de la propuesta sobre emprendimiento es sencillamente «inentendible» para el presidente de la CPC, Juan Sutil. Sin embargo, confía en que la norma «sea restituida y aprobada por el Pleno» porque «Chile tiene millones de emprendedores, y el mundo va hacia una mirada de integración, de cohesión, y de desarrollo y esto es volver a la última tabla de Latinoamérica».
Por su parte, el presidente de la Sofofa, Richard Von Appen, expresó su «preocupación» por las votaciones, advirtiendo que de ratificarse en el Pleno «esto atentaría de forma grave contra la libertad de las personas, tanto en su libertad económica, como en el derecho a tener y disfrutar el fruto de su trabajo e impactaría en forma relevante en la creación de empleo, el crecimiento, el desarrollo y nuestra imagen país». (DF)
