El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió este martes, a través de su Consejo Pleno, asumir el patrocinio y representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación al otorgamiento de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric a finales de diciembre, que actualmente están en revisión en el Tribunal Constitucional (TC).
El organismo liderado por Juan Peribonio informó a través de un comunicado que, «conforme con su obligación legal de defender a los órganos centralizados del Estado», acogió un requerimiento realizado por el ministro Luis Cordero Vega, que pidió «defender la potestad constitucional del Presidente de la República en cuanto a su facultad para otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley».
«Al CDE le corresponde defender a los órganos centralizados del Estado, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no tienen personalidad jurídica para comparecer ante los tribunales en procedimientos contenciosos de esta naturaleza», especificó la entidad.
De acuerdo a lo anterior, la representación se traducirá en que el CDE comparecerá a los alegatos correspondientes ante el TC, haciendo presente los argumentos jurídicos contenidos en los informes que ya presentó el ministerio ante el órgano jurisdiccional.
En enero pasado un grupo de parlamentarios de oposición ingresó un requerimiento ante el tribunal para impugnar siete de los 13 beneficios dados por el Presidente Boric: los casos de seis condenados por delitos cometidos en el estallido social y el de Jorge Mateluna, un antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en el que acusan que hubo presunta desviación de poder.
Se trata de la primera vez en la historia que el TC revise este tipo de beneficios.
La decisión del Mandatario anunciada el 30 de diciembre generó una crisis política sin parangón, que le costó el cargo a la ya exministra de Justicia Marcela Ríos y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.
También provocó que varias formaciones políticas se levantaran de la mesa de negociación en el Congreso para un acuerdo de seguridad, uno de los principales proyectos del Ejecutivo.
El 26 de enero, el ministro Cordero señaló que los indultos se encuentran dentro de la legalidad y que el Gobierno los defenderá: «Vamos a defender en tribunales los actos y sus expedientes de acuerdo a las reglas vigentes, pero también a las prácticas institucionales y a la jurisprudencia previa que ha existido en estos temas», dijo.
LA NEGATIVA A ENTREGAR EXPEDIENTES DE INDULTADOS
El ministro Luis Cordero de Justicia defendió este martes en La Moneda la respuesta enviada por el gobierno al Tribunal Constitucional (TC), donde pidieron al organismo no entregar los expedientes administrativos de los indultados a los senadores de Chile Vamos y Demócratas que impugnaron los perdones de pena otorgados a fin de año al exfrentista Jorge Mateluna y a 6 de los 12 presos del 18-O que recibieron el beneficio estando en la cárcel.
- La petición había sido ingresada al TC a las 00.00 del domingo, en 7 documentos de 7 páginas cada uno firmados por el Presidente Gabriel Boric y el ministro Cordero.
- “Venimos en evacuar traslado dentro de tercer día conferido (…), solicitando se rechace la solicitud de los requirentes en el sentido de acceder a la documentación aportada y, en consecuencia, se mantenga su reserva”, consignó el segundo párrafo del documento sobre Luis Castillo Opazo, condenado a 4 años de cárcel por atacar el Registro Civil de Copiapó y otros 6 puntos de la ciudad tras el 18-O.
- El indultado, quien se declaró “insurrecto” en un video publicado tras salir de la cárcel, tenía además un prontuario por causas comunes, previo al estallido social.
- Había sido condenado por 2 robos con violencia y registraba sentencias por un hurto, lesiones y un lanzazo. Tenía además al menos 2 detenciones por violencia intrafamiliar, causas cerradas más tarde por la fiscalía.
- En el documento enviado el domingo al TC, el mandatario y el ministro detallaron en 13 puntos por qué, a su juicio, no debían entregarse los expedientes a los abogados de los senadores. Uno de esos motivos era porque su divulgación podía afectar su reinserción social.
- “Los antecedentes relativos a las condenas, referidos a personas identificadas -en este caso- o identificables, además de comprometer su vida privada o intimidad, su honra o la protección de sus datos personales, su divulgación podría entorpecer también su reinserción social”, consignó la página 4 del escrito.
- La decisión abrió un flanco con Chile Vamos. Este martes los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Diego Schalper (RN) criticaron la decisión del Ejecutivo y pidieron revertir la medida.
- “La transparencia es siempre. La transparencia no es cuando me conviene a mí o a mi sector político”, dijo Alessandri. “Como oposición vamos a impulsar una comisión investigadora porque creemos que aquí todavía falta mucha información por transparentar y por lo tanto le pedimos al Presidente de la República que no haga ninguna acción que tienda a entorpecer el normal funcionamiento del Tribunal Constitucional y especialmente a la publicidad de antecedentes que son de interés de la opinión pública”, dijo Schalper.
La defensa del ministro. “El Tribunal Constitucional solicitó esa información (al gobierno) bajo reserva y la razón por la cual el tribunal lo solicita así es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales tiene que estar bajo reserva”, dijo el ministro Cordero pasadas las 11 am de este martes, en el Patio de Los Naranjos.
- “Los abogados de los senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información, y lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional es pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder si no lo que dice la ley”, dijo.
- “En los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser publicados a terceros. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder si no lo que señaló, porque es lo que establece la ley. Así que el resto lo tendrá que responder el tribunal, pero lo relevante es que el tribunal pidió esa información bajo reserva, no es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva”.
Por qué se dio el argumento de la reinserción. Cordero afirmó que se argumentó que la difusión de los antecedentes de las condenadas de los indultados podía afectar su reinserción, siguiendo el criterio fijado para las condenas cumplidas en la ley de protección de datos personales.
- “La ley de datos personales, a su vez, establece que, respecto de los antecedentes penales, una vez cumplidas las condenas, una vez que se encuentran terminadas, la ley establece que no se pueden comunicar a terceros, salvo a los tribunales de justicia. Y la razón por la cual señala eso es, precisamente, tiene que ver con permitir que las personas puedan reinsertarse, pero eso es lo que dice la ley”, sostuvo.
- El artículo 21 de la ley 19.628 sobre protección de datos personales establece que “los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”. La norma aludida no hace referencia a la reinserción social.
La arista política sin respuesta. El ministro fue consultado también por las implicancias políticas de rechazar la difusión de antecedentes que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo en enero podían haber afectado la entrega de los indultos.
- “Si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiera sido distinta”, dijo la vocera el 9 de enero, abriendo la interrogante de cuáles eran los antecedentes que manejaba el mandatario al tomar la decisión y que abrieron una crisis que derivó en la salida de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.
- “Como estamos sometidos a la discusión ante un tribunal, yo no puedo tener sino tener una respuesta legal”, respondió Cordero este martes. “Yo logro entender la inquietud política, pero esta es una discusión que se ha tratado en términos jurídicos, y la respuesta sólo puede ser jurídica”. (Bio Bio-Ex Ante)
