Por primera vez en su historia un fiscal regional es querellado por actos vinculados a la falta de probidad por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este hito se concretó este martes luego de que el organismo, dirigido por la abogada María Eugenia Manaud, ingresara ante el Juzgado de Garantía de Rancagua una querella en contra del hoy suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias Madariaga.
En el libelo, al que tuvo acceso La Tercera, el CDE le atribuye a Arias autoría en tres delitos: violación y revelación de secretos, además de delitos informáticos. En el documento el querellante afirma que son las figuras penales que ve “por ahora” y no descarta que más adelante pueda ampliar los cargos a “obstrucción a la investigación” por la filtración de antecedentes de otras causas, según se detalla.
La acción criminal dirigida de forma nominativa en contra de Arias Madariagasostiene que ordenó a subalternas ingresar al sistema informático interno del MInisterio Público, al que sólo tienen acceso fiscales, para sacar información sobre investigaciones penales relativas a un infractor de la Ley de Drogas. La historia, dice la querella, se remonta al 13 de mayo de 2018 cuando Hans Heydel Jacob se apersonó en el departamento del OS-7 de Puerto Montt para decir que “tenía antecedentes de un individuo que se dedicaba a la venta de drogas en dicha ciudad portuaria”, tras lo cual le dijo a los policías que podía enviarles un correo electrónico con toda la información que él tenía. “En efecto, el mismo día 13 de mayo de 2018, esta persona envía un correo electrónico, que señalaba en el asunto “información drogas”, adjuntando un documento denominado “Antecedentes Patricio Navarro.pdf””.
egún la querella dicho archivo estaba acompañado por un texto en que Heydel explicaba que su hijo -cuya identidad mantendremos bajo reserva, pero se trata de un sobrino del fiscal Arias- se había vinculado con Patricio Navarro Ibacache a quien calificó como “un traficante” y que había tomado conocimiento que ambos viajarían ese día (13 de mayo) a comprar sustancias ilícitas a Valparaíso para luego distribuirlas en Puerto Montt. Hasta ahí, según se desprende de la querella, todo parecía ser una denuncia de un padre por hechos que había descubierto de su propio hijo, el problema fue el archivo en que envió los antecedentes.
“Al correo el señor Heydel adjunta un “extracto SAO” (sigla propia del Ministerio Público y que corresponde a “Sistema de Apoyo a Operación”) relativo a Patricio Navarro Ibacache, que consta de nueve páginas en las que se consigna información sobre órdenes de detención pendientes y múltiples investigaciones por ley de drogas seguidas en su contra, además de datos personales del mismo, tales como su nombre, rut, fecha de nacimiento, fotografía de dicho sujeto, e incluso una imagen de su firma o rúbrica”, dice el documento. El tema es que “el extracto SAO” corresponde a un registro utilizado únicamente por el Ministerio Público dentro de sus funciones. La situación alertó a los Carabineros, ya que se trata de “un sistema informático reservado de uso exclusivo y excluyente de los fiscales en investigaciones penales y que, por tanto, no correspondía estuviese en manos de un particular”, lo que generó la inmediata denuncia de estos hechos a la Fiscalía Local de Puerto Montt.
La huella de los documentos
Tras un análisis el Ministerio Público de Los Lagos al sistema interno se logró detectar que la ficha del supuesto traficante resultaba ser un usuario de la Fiscalía Local de Rancagua de nombre “MBUSTOSR” “correspondiendo a la persona natural Macarena Bustos Romero, abogada asistente de la Fiscalía Regional de O’Higgins”.
“La investigación ha logrado establecer que efectivamente Macarena Bustos Romero, extrajo los antecedentes del SAO a petición de Carolina Contreras, que a su vez obedeció instrucciones precisas del Fiscal Regional de la Región de O‘Higgins, el querellado Emiliano Arias, quien además le solicitó que una vez obtenido se lo remitiera a su correo particular de “Hotmail””, dice la querella del CDE.
El documento además consigna que la investigación penal del fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos, que inicio tras la denuncia del fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua Sergio Moya, ha establecido que “en una primera instancia, doña Carolina Contreras solicitó a Bustos que escaneara y enviara al Fiscal Regional Emiliano Arias los antecedentes del SAO de Patricio Navarro Ibacache, que le había dejado sobre su escritorio. Sin embargo, Bustos no pudo escanear ese documento por dificultades con la impresora, por lo que ingresó al SAO con su propio nombre de usuario y clave, extrayendo del sistema un nuevo SAO de Patricio Navarro Ibacache, enviando la información directamente al correo personal del imputado Arias”.
Agrega el CDE que “de acuerdo a las declaraciones del imputado Sr. Arias y otros antecedentes que constan en la carpeta de investigación, también solicitó a Carolina Contreras la ficha SAO de su sobrino para enviarla a su hermana, con fecha 18 de abril de 2018. Pues bien, la información extraída de un sistema informático sujeto a reserva, que fue difundida directamente y/o por orden del imputado Sr. Arias, incluía información o datos reservados de la persona denominada Patricio Andrés Navarro Ibacache, que incluía sus datos personales y las investigaciones y sanciones penales que le habían afectado“.
El CDE pone énfasis en que los antecedentes fueron remitidos por la Fiscalía de Puerto Montt a Rancagua y que estos nunca llegaron a manos de la Fiscalía Nacional, como debería haber sido, y que sólo se encontró este expediente cuando el fiscal Moya denunció por estos hechos a su entonces jefe el fiscal regional Emiliano Arias. “La carpeta investigativa que se originó como consecuencia de la denuncia del OS7, y cuyo ruc corresponde al N° 1800487946-1, fue transferida por la Fiscalía Local de Puerto Montt a la Fiscalía Local de Rancagua, ingresando a esta última con fecha 01 de junio de 2018, asignándosele en un primer momento al Fiscal de Drogas Osvaldo Yáñez (en atención a que había sido caratulada como microtráfico), y quedando finalmente atribuida al fiscal Sergio Moya, tomándose posteriormente la decisión –aproximadamente en el mes de julio de 2018-, de conformidad al artículo 46 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de remitirla a la Fiscalía Nacional, lo que no habría sucedido por circunstancias que en detalle determinará la investigación, siendo ubicada solo en el mes de abril de este año en dependencias de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Rancagua”, dice el texto.
Finaliza la querella advirtiendo que es posible que, con el transcurso de la indagatoria, puedan aparecer nuevos ilícitos por la ocultación del expediente remitido de Puerto Montt y otras situaciones que están en investigación. “Todo lo expuesto es sin perjuicio de otros delitos y/o intervinientes punibles que se puedan acreditar en el curso de indagación penal, verbigracia a propósito de la no remisión y ocultamiento de la investigación 1800487946-1 a la Fiscalía Nacional, desde la Fiscalía Regional de Rancagua, en cuanto aparentemente configuraría alguna hipótesis de obstrucción a la investigación de los artículos 269 bis y ter del Código Penal, o en lo referente a la filtraciones de antecedentes de distintas carpetas investigativas”, sostuvo el querellante.
Como diligencia se solicitó que las compañías telefónicas remitan todos los números telefónicos de celular que alguna vez hayan sido contratados por el ahora suspendido fiscal Arias.
La Tercera/Agencias
