La ampliación de la acción judicial es por los 14 pagos de $3 millones que recibió el ingeniero comercial Pablo Wagner mientras era subsecretario de Minería, entre marzo de 2010 y octubre de 2012.
Según se ha establecido en la investigación, estos $42 millones fueron pagados por el holding con cheques abiertos que Wagner luego depositaba en su cuenta corriente. Esto, luego que su cuñada Carolina de la Cerda extendiera boletas ideológicamente falsas por trabajos no realizados a la empresa.
La decisión fue adoptada por el Comité Penal tras analizar los nuevos antecedentes que contiene la carpeta investigativa.
La querella que el organismo presentó en noviembre pasado en contra de Wagner es por haber infringido u omitido deberes de su cargo en favor de los dueños de la mina de hierro Dominga, lo que configuraría el delito de cohecho.
La mina pertenece a la empresa Andes Iron, y uno de sus socios es Carlos Alberto Délano. Wagner, por su parte, trabajó 12 años para empresas del grupo Penta.
En la investigación de la Fiscalía Oriente hay una cadena de correos electrónicos entre el ex subsecretario de Minería y el vicepresidente de proyectos de Andes Iron y yerno de Délano, Pedro Ducci, que confirman por los menos tres reuniones por el proyecto minero Dominga.
Los mails corresponden al período 2010-2012, en que Wagner recibió 42 millones de pesos del holding, pese a desempeñarse como funcionario público. Y hay también otros posteriores.
En la declaración que prestó ante la fiscalía y que dio a conocer «El Mercurio», el ingeniero comercial rechazó que los pagos hayan sido para favorecer a Dominga, y aseguró: «No debí haber aceptado este procedimiento». La fiscalía también pidió la formalización de los dueños de Penta por soborno y en contra de Wagner por cohecho.
INTERROGATORIOS
Una ronda de interrogatorios se realiza esta semana en la fiscalía. Ayer por la tarde fue el turno del gerente de desarrollo inmobiliario y de empresas del holding , Horacio Peña, quien enfrenta una querella -al igual que los dueños, Carlos Délano y Carlos Lavín, más el ex gerente Hugo Bravo- presentada por el antiguo dueño de Vidrierías La Argentina, Jorge Charbin.
Este último, que vendió parte de su negocio a Penta, acusa un abultamiento irregular de gastos mediante asesorías inexistentes y arriendos de oficinas a empresas relacionadas del grupo para generar pérdidas artificiales en PH Glass, como se rebautizó la empresa.
Peña, que declaró como imputado y estuvo acompañado por su abogado, Jorge Bofill, descartó las imputaciones, según fuentes allegadas a la causa. Habría explicado que los contratos de asesorías con Activos y Proyectos fueron por servicios que la administración de PH Glass entonces no podía cumplir y entregó un archivador con ejemplos de las gestiones que realizaba. También habría justificado el arriendo de oficinas, pues se pagó por espacio que ocupaba personal de PH Glass, por tanto ambos gastos serían reales.
Ayer, además, entregó su testimonio Lorena Espinoza, secretaria de confianza de Joaquín Lavín, cuyo nombre apareció en la causa por un aporte que Soquimich habría hecho a la fallida campaña senatorial de su jefe en 2009.
La mujer, representada por los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, habría reconocido que recibió cerca de $2,3 millones en su cuenta corriente por instrucción de Ernesto Silva Bafalluy, el fallecido padre del presidente de la UDI. Y que ella no extendió ninguna boleta y que no conversó el tema con Lavín.
Según la declaración del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, los $2,3 millones corresponden a una de las tres partes en que se repartieron los $7,5 millones pagados por Soquimich a María Carolina de la Cerda, su cuñada, los que fueron respaldados con una boleta por servicios no prestados. (El Mercurio)
