El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este viernes ante el Cuarto Juzgado de Garantía unaquerella por el delito de soborno contra la empresa Corpesca, a raíz de los dineros entregados a la ex diputada Marta Isasi.
La acción judicial apunta a la empresa pesquera al no haber evitado o prevenido los ilícitos que se le imputan a su ex gerente, Francisco Mujica, quien está acusado de soborno.
Se investiga la situación por la cual Mujica hizo un pago de $ 25 millones en 2009 a la ex diputada por Iquique Marta Isasi para que favoreciera a Corpesca en la votación de la Ley de Pesca, en el año 2011.
Aparte, Corpesca también está en el ojo del huracán por haber entregado recursos al ahora desaforado senador Jaime Orpis.
De comprobarse la responsabilidad de la empresa Corpesca en estos presuntos ilícitos, la firma arriesga penas que van desde multas hasta la disolución total.
CASO ORPIS
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este viernes una querella por el delito de cohecho contra la pesquera Corpesca de propiedad del grupo Angelini.
El organismo presentó la acción legal luego de haber interpuesto otra querella en contra del senador Jaime Orpis por cohecho y malversación de caudales públicos.
Cabe recordar que en julio de 2015 el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, decidió ampliar la investigación a la firma para indagar la responsabilidad penal como persona jurídica.
«Habiéndose tomado conocimiento de la eventual participación de la empresa controlada (…) bajo la representación de las personas naturales imputadas en esta causa, en la comisión de delitos de cohecho y lavado de activos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos (…) y delitos de cohecho, se decide ampliar la investigación con el fin de determinar la eventual responsabilidad penal de Corpesca», decía el escrito que forma parte de la causa.
De comprobarse la participación de Corpesca, la firma enfrentará penas que van desde disolver a la compañía, hasta multas y restricciones para suscribir contratos con el Estado, consigna Emol.
