«Se afecta y se rompe, además de las normas constitucionales, la imparcialidad y con ello la independencia de los jueces».
La frase corresponde al presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien en entrevista con «El Mercurio» abordó la acusación constitucional contra tres ministros del máximo tribunal por otorgar libertad condicional a seis condenados por delitos de lesa humanidad.
Muñoz advirtió, incluso, que este libelo deja al Congreso como última instancia de la revisión de los fallos judiciales.
En la misma línea, ayer en Canal 13, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, acusó que juzgar el fundamento del fallo «les quita la independencia y autonomía» a los magistrados en sus decisiones.
En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, insistió ayer en que el libelo «es de la mayor gravedad».
«Espero que reflexionen los sectores con mayor compromiso con la democracia que están hoy en la Cámara de Diputados», argumentó Chadwick.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró ayer que compartía las apreciaciones de los ministros del máximo tribunal «respecto de la gravedad que tiene que otro poder público pueda objetar los fundamentos de los fallos judiciales (sea por el Congreso o por el Ejecutivo). Si eso ocurre, la independencia de los tribunales se ve seriamente amenazada».
«Este es el cambio que se produjo con la revolución francesa -continuó-, que incorporó la separación de los poderes como clave de la democracia contemporánea. Es lo que explica lo esencial del Estado de Derecho que ha sido la doctrina permanente de Chile en el siglo XX y funda nuestro orden jurídico del siglo XXI. Por eso, es importante la prudencia en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, que no se puede cuestionar, pero que se debe ejercer dentro del orden constitucional democrático que es consustancial a nuestro régimen político».
«MATONAJE VERBAL»
La diputada del PC, Carmen Hertz, una de las firmantes de la acusación constitucional, reaccionó a los dichos de Muñoz y Cisternas y los calificó de «improcedentes».
«Nosotros no estamos invadiendo la autonomía alguna del Poder Judicial, es una falacia pretender o asegurar eso, y es una amenaza a la independencia del Parlamento. No estamos hablando de los plazos de un pago de hipoteca, sino que del juzgamiento que el Estado está obligado a hacer de los crímenes de lesa humanidad que aquí se cometieron», argumentó Hertz.
Desde el PPD, el jefe de bancada, Ricardo Celis, acusó que hay una «victimización frente a un procedimiento normal en democracia. Estamos diciendo que diferencien los beneficios en delitos comunes de aquellos de lesa humanidad, observando el derecho internacional. Nuestra acción no modificará las condenas de nadie».
Por su parte, el diputado socialista Manuel Monsalve aseguró que «es una defensa corporativa del Poder Judicial; lo lamentable es que yo preferiría a los jueces hablando de justicia y no de una defensa corporativa. Respecto a su afirmación de que es un juicio político, este es un poder que es político y está haciendo un uso de una atribución, no es novedad». (El Mercurio)
