Por estos días hemos escuchado distintas propuestas para sortear el escenario de bajo crecimiento, la caída del precio del cobre y la inversión y, particularmente, la crisis de expectativas y de confianza en las instituciones.
El panorama descrito no sólo genera preocupación sino también descontento en la ciudadanía, que ubica entre sus máximas preocupaciones el empleo. Al comparar el trimestre julio, agosto, septiembre 2015, con el mismo período de 2014, se observa un aumento de la población inactiva (1%), especialmente en mujeres (1,9%). En la actualidad hay 70.453 más inactivas que el año anterior, mientras que en los hombres hay 12.480 menos inactivos.
Si consideramos que la tasa de participación laboral de las mujeres en Chile es más baja que el promedio de Latinoamérica y la OCDE, claramente estamos frente a uno de los más importantes retos de crecimiento de nuestro país, del que hoy menos se habla.Por ello resultan relevantes las recomendaciones de la OCDE en su informe de noviembre, donde declara “fundamental aumentar la participación laboral de la mujer” y vincula el cierre de la brecha de hombres y mujeres en este ámbito, por ejemplo, en un 50% a un aumento de 0,3 puntos porcentuales del PIB.
Sabemos que para miles de mujeres, la principal causa de inactividad sigue siendo “razones familiares permanentes”. En ese sentido, la OCDE recomienda a Chile “realizar un gasto adicional en políticas activas en el mercado laboral para promover la participación de la mujer”, más allá del Programa Más Capaz, dado que somos el país que destina menos gasto público en este ítem. Destaca que hoy “las regulaciones relativas a la provisión de cuidado infantil y la falta de apoyo en este ámbito representan barreras importantes para el empleo femenino”.
La OCDE nos vino a recordar la reforma laboral pendiente, la sustitución del artículo 203 del Código del Trabajo -que establece que empresas con más de 20 trabajadoras deben pagar sala cuna de hijos/as menores de dos años-, por un sistema que equipare costos de contratación y contemple el derecho para trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. Porque la actual normativa es una barrera de acceso al mercado laboral, pues las empresas se inhiben de contratar mujeres por sobre este número (Escobar 2014). El artículo 203 también es causal de brecha salarial, dado que en los hechos son las mujeres quienes financian el servicio con menores salarios (Prada, Rucci, Urzúa, 2015).
Aun cuando esta reforma genera consenso hace años -motivó el envío de un proyecto de ley en la administración anterior-, es promesa de campaña de este Gobierno y cuenta con el apoyo del principal gremio empresarial, la CPC, no se ha concretado. Cabe advertir que impulsarla es requisito previo e indispensable a cualquier cambio al sistema de pensiones, sobre todo relativo a extender la edad de jubilación de las mujeres. Si no arreglamos las inequidades del mercado laboral, cuyo origen se encuentra en la división sexual del trabajo (OIT), difícilmente podremos equiparar las oportunidades de hombres y mujeres en la vejez.
