Es bueno para el país que el Estado tenga éxito en la negociación con SQM. Permitiría aumentar la producción de litio y capturar más recursos para el fisco. Abrir esa negociación es un acierto de la política nacional del litio y debería generar apoyo transversal.
Pero es importante que se haga bien. Y eso implica, entre otras cosas, que los recursos del litio los capture la hacienda pública para asignarlos entre sus enormes demandas de gasto.
En torno a este tema se ha generado una discusión que —por el bien de la propia negociación— es importante aclarar. Veamos.
SQM explota litio en pertenencias mineras en el salar de Atacama que son de la Corfo. A cambio de explotarlas, SQM paga un arriendo que luego Corfo transfiere al fisco. Ese aporte el año pasado —con precios muy altos— fue de cerca de 3 mil millones de dólares.
El encargo de negociar con SQM que hizo la Corfo a Codelco dice, en esencia: que Codelco debe crear una nueva sociedad con SQM, que Codelco debe controlar esa sociedad y que la Corfo firmará con esa sociedad un nuevo contrato de arriendo para explotar litio más allá de 2030, cuando vence el contrato actual de SQM con Corfo.
Ese nuevo contrato —y esta es la esencia del asunto— permitirá aumentar la producción y, por tanto, los ingresos para el Estado. Si el contrato actual genera, digamos, 100 pesos por año, el contrato nuevo generará recursos públicos por más de 100 anuales. Supongamos, para ilustrar, que generará 150 cada año.
¿Dónde irá esa plata? Aunque el texto no es del todo claro, el mandato de Corfo a Codelco parece plantear que los 100 pesos actuales seguirán yendo a la Corfo y por esa vía al fisco. Demos eso por bueno.
La pregunta que se abre —y que hasta la fecha no se ha aclarado— es qué pasará con los ingresos que generará el Estado por encima de los que hoy recibe la Corfo. Es decir, qué pasará con los 50 pesos extras que el Estado recibirá cada año a cambio de alargar el contrato y permitir un aumento en la producción.
De las declaraciones de Corfo, Codelco y Hacienda, se desprende que esos fondos llegarán a una filial de Codelco. Y que eso no sería mucho problema, porque Hacienda define la política de dividendos de la estatal. Es decir, Hacienda define qué se hace con las utilidades de Codelco.
La distinción que se pasa por alto —y que cualquiera que haya tenido, gestionado o siquiera mirado de lejos un negocio entiende— es que ingresos no es lo mismo que utilidades. Las utilidades son, como es obvio, lo que queda después de restarles a los ingresos los costos y gastos.
Si los 50 pesos entran a Codelco, esta podría —como cualquier empresa— gastarlos en desarrollar nuevos proyectos, en compensar las pérdidas de otros negocios, en contratar más personal, en estudios, o en un largo etcétera.
¿Está mal que Codelco reciba recursos públicos para hacer más cosas? No necesariamente. Eso se puede, desde luego, discutir. Pero lo que no parece correcto es entregarle así —como de rebote— esos 50 pesos (que pueden ser varios cientos de millones de dólares por año), sin siquiera discutir si no sería mejor gastar esos pesos públicos en otra cosa.
Si la negociación la llevara la Corfo (lo que, convengamos, es el caso base, contra el que hay que comparar, porque es la dueña de las pertenencias y ahí llegan los recursos hoy), el problema se arreglaría. También se arreglaría si se le encargara a Codelco que, concluida la negociación, transfiriera la sociedad creada al fisco (o a la propia Corfo) para que sus ingresos lleguen a la Hacienda pública sin escalas. Y si Codelco necesita un aumento de capital —lo que puede ser razonable—, que golpee la puerta en Teatinos 120 y dé sus argumentos. (El Mercurio)
Juan Carlos Jobet
