Una parte de los miembros del Congreso ha optado por darle la espalda a la ciudadanía en esta crisis sanitaria y económica. Le da la espalda de muchas formas.
Una de ellas es cuando los parlamentarios presentan y perseveran en mociones inconstitucionales, ya sea porque se refieren a materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República —y en las que entonces no les compete promover iniciativas propias— o porque transgreden derechos fundamentales de las personas o porque infringen las normas previstas en la Carta Magna respecto de los estados de excepción constitucional.
Vulnerar la institucionalidad vigente en aras de hacer un punto político o para presionar al Gobierno a fin de que este haga suya la moción del caso es transgredir la confianza básica que los ciudadanos depositamos en el Estado. Esa confianza la entregamos en consideración a que existen limitaciones al poder; de lo contrario jamás la hubiéramos depositado. Y esas limitaciones al poder están dadas por la Constitución y el marco jurídico vigente —o Estado de Derecho—, el que existe, justamente, para proteger a los ciudadanos —sus derechos y libertades— de los abusos del poder. De manera que cuando los parlamentarios, por la razón que sea, las transgreden, en realidad lo que están haciendo es romper esa confianza ciudadana, al tiempo que nos faltan el respeto, pues, al saltarse las reglas y hacer lo que quieran, nos dan a entender que son ciudadanos privilegiados, que están por sobre la Constitución y la ley, cuestión que es inaceptable e incompatible con la calidad de servidor público.
Así, no es mejor parlamentario el que más iniciativas inconstitucionales anda presentando a fin de quedar bien con cierta galería, sino aquel que hace su trabajo en forma seria y apegado a las atribuciones que detenta, respetando la confianza otorgada, aunque ello implique muchas veces que usted no lo vea enarbolando propuestas en todos los canales de televisión o vociferando populismo en las redes sociales.
De más está recordar que cuando los parlamentarios perseveran en mociones que no pueden promover, no solo vulneran el Estado de Derecho, sino que derrochan los recursos de todos los chilenos. El Congreso y el Ejecutivo —que intenta hacer control de daños— terminan perdiendo recursos humanos y tiempo en la discusión de iniciativas que no tienen destino alguno —o que no debieran tenerlo si existe el coraje de gatillar los mecanismos de control—, en vez de abocarlo a iniciativas fructíferas para salir mejor parados de esta crisis. Por su parte, el populismo rampante introduce enormes grados de incerteza en el sector privado, el que, entonces, paraliza recursos a la espera del desenlace de la comedia del absurdo, al tiempo que destina otros a la defensa jurídica de los derechos amparados por la institucionalidad vigente —y que se les están vulnerando— en vez de destinar esos recursos a fines más productivos (salarios, inversión etc.).
Así, estas supuestamente bien intencionadas mociones solo vienen a hacer más cuesta arriba la difícil pendiente por la que atraviesa nuestro país debido al covid-19 y la violencia generada a partir del 18-O, avalada, por lo demás, por muchos de los autores de varias de esas mociones inconstitucionales.
Habiendo un conjunto de iniciativas en el Parlamento que, apegadas a la Constitución, son muy relevantes para los ciudadanos y que por meses o años han permanecido sin mayores grados de avance (como la nueva institucionalidad para la protección de la infancia; el fortalecer la educación parvularia; los proyectos económicos para promover el empleo, la capacitación y la inversión; aquellos que reforman los sistemas de salud, y las iniciativas que modernizan y desburocratizan el Estado), optar por promover aquellas que, además de inconstitucionales y populistas, solo contribuyen a darle vitrina personal al parlamentario que las promueve, no es más que una opción por el bien individual y no por el bien común. No por los chilenos, y por cierto muy poco digno del cargo. Muy poco honorable.
Más desesperanzador resulta que muchas de esas mociones sean promovidas por jóvenes políticos que se supone venían a renovar la actividad y han terminado por degradarla. Han convertido al Parlamento en un circo. Y lo más lamentable es que ni en tiempos de pandemia tienen la decencia de dejar las tramas carentes de significado para ponerse a trabajar por Chile. Y tanto o más lamentable es que otros políticos de fuste, de partidos con trayectoria, se sumen a esta cantinela que desprestigia al Congreso y la forma de hacer política. (El Mercurio)
Natalia González
