Con dos cajas de cartón llenas de documentos llegó este lunes al Congreso el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).
El secretario de Estado estaba invitado a exponer en nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que tiene por objetivo indagar y recabar antecedentes sobre los eventuales traspasos irregulares de recursos desde reparticiones públicas a fundaciones, en específico desde el programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu).
Antes de iniciar su relato, Montes sorprendió a los presentes al pedir que parte de la sesión fuera secreta: “Tengo información que no puedo entregar públicamente”, dijo. Y luego añadió que se referiría a “personas específicas”.
Según algunos parlamentarios, en la ocasión hizo detalle pormenorizado por regiones y su decisión de hacerla secreta obedecía la necesidad de no afectar investigaciones, ni tampoco levantar sospechas no comprobadas contras personas o fundaciones.
A la salida de la comisión, Montes explicó sus razones para pedir una sesión sin asesores ni medios de comunicación. “Nosotros tenemos un grupo interno de investigación, acá nosotros no somos ni el Ministerio Público ni la policía, por lo tanto la información que nosotros logramos recabar es una información parcial y no tenemos los mecanismos para chequearla y ver los grados de exactitud”, señaló.
Aún así, en la parte pública de sesión, el ministro mencionó a siete fundaciones con posibles irregularidades.
Una de ellas es Democracia Viva, en la Región de Antofagasta, con posible conflicto de interés y contratación de personal para funciones propias de la Seremi y Serviu.
También están los casos de Arquiduc (en la Región de O’Higgins, con un posible desvío de recursos entre fundaciones y proveedores), En Red (en Tarapacá, Valparaíso y Ñuble, donde se detectó un posible conflicto de interés y desvío de recursos entre fundaciones y proveedores).
En tanto, en la Fundación Urbanismo Social, en la Región del Maule, se identificó un posible conflicto de interés y transgresión del deber de abstención. En Enlace urbano, en la Región de Tarapacá, se detectaron altos costos. En Acción Digital, en la Región de los Lagos, faltaba la reintegración de recursos no utilizados. Finalmente, en Red Integral y Comunitaria en la Región de O’Higgins, se identificó un posible conflicto de interés.
El jefe de la cartera de Vivienda planteó ante los diputados que “los hechos han demostrado la fragilidad de los convenios de transferencia”. “Valoro la comisión, porque hay hechos que hay que objetivarlos, y espero que surjan medidas que permitan evitar situaciones de corrupción en el futuro”, expresó.
Tras la presentación de Montes, los diputados tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al ministro.
Una de las consultas llamativas fue una pregunta retórica realizada por la diputada republicana Chiara Barchiesi: “¿Por qué sigue en esta fosa séptica?, ¿por qué sigue defendiendo al gobierno?”, le dijo, aunque lo matizó reconociendo su admiración por la labor política histórica del ministro.
“Siento gran compromiso con las familias y con el Presidente”, fue la respuesta de Montes.
Al abordar los factores de contexto que incidieron en la entrega masiva de recursos, el ministro mencionó el crecimiento explosivo de los campamentos, la falta de correspondencia entre el aumento de estos asentamientos precarios y la capacidad institucional para abordarlos. En ese marco, las fundaciones entraron a operar para ampliar capacidad de intervención, con una menor exigencia de fiscalización.
En cuanto a las deficiencias del modelo que logró detectar la investigación interna del Minvu, Montes señaló que muchos convenios se suscribieron sin un proceso de licitación o mecanismo de selección. Además, se transfería la totalidad de los recursos tras la firma del contrato.
Otra falencia detectada es la no exigencia de boletas de garantías u otro instrumento de caución, falta de mecanismos de control, seguimiento y fiscalización de las operaciones convenidas. Tampoco se exigía experiencia ni un giro adecuado para las actividades contratadas.
El ministro también detalló las irregularidades que no tienen relación con las insuficiencias del modelo, sino que con temas de probidad y transparencia. Entre estas destacó conflictos de interés y transgresión del deber de abstención, contratación de personal con cargo a los recursos transferidos y posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios.
A la cita, además, fueron invitados la recién asumida ministra de Culturas, Carolina Arredondo; el ministro de Vivienda Carlos Montes; el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, además de los ministros de Vivienda de la administración anterior, Cristián Monckeberg y Felipe Ward.
Sin embargo, la visita que causaba mayor expectativa era la de Jackson (RD), quien renunció el pasado 11 de agosto al gobierno. Al final, el otrora jefe de la cartera de Desarrollo Social se excusó y no asistió. Tampoco asistieron Monckeberg y Ward.
“¿Cómo lo hacemos con nuestras preguntas para el exministro Jackson que no está aquí?”, preguntó el diputado Rubén Oyarzo (PDG).
“Se las podemos hacer llegar”, le respondió el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN).
En la sesión también fue votada la censura presentada por la diputada Ericka Ñanco contra José Miguel Castro, la que fue rechazada con siete votos en contra y cinco a favor. Ñanco había justificado su moción por el caso de trato directo que benefició durante la pandemia a una empresa ligada a la esposa del parlamentario de RN, quien negó irregularidades en ese hecho. (La Tercera)
