Con 57 normas llega el documento de disposiciones transitorias a la Comisión de Armonización para que puedan corregir su ortografía, pero también sus incongruencias, entre otros aspectos formales. Dentro de lo aprobado, existe una indicación que establece la transición desde derechos de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso de agua, presentada por el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, que dicta la transferencia de titularidad en las autorizaciones administrativas. En este punto, el eje de colectivos de independientes y movimientos sociales planea levantar indicaciones a través de Armonización –tienen tiempo hasta este jueves a las 14 horas–, para “especificar” que estos traspasos de titularidad serían “excepcionales” y solo en un plazo de tres años.
“Uno no puede asumir que las normas están aprobadas por el hecho de que hayan sido aprobadas por la comisión o en base a que hay un acuerdo solamente. Siempre hay algo de incerteza, pero yo estoy confiado de que mañana va a ser una votación exitosa”, dijo Fernando Atria (FA) el lunes previo a la votación del segundo y último documento con disposiciones que elaboró la Comisión de Normas Transitorias, espacio con el objetivo de mandatar al Ejecutivo, Legislativo y otros organismos para aplicar determinados artículos en un plazo definido.
Pasaron al borrador 32 nuevos artículos y cuatro grupos de incisos se sumaron a iniciativas que habían sido aprobadas parcialmente y se desecharon tres, es decir, se suprimieron por no alcanzar los 103 votos. De esta forma, se dio fin a la labor de la Comisión de Normas Transitorias y en este momento se contabilizan 57 disposiciones originadas en dicha instancia, contando las que se aprobaron en el primer Pleno sobre artículos provenientes de esta comisión, el 2 de junio.
“El informe que se vota mañana es fruto de una conversación, y en principio hay un acuerdo al respecto”, aseguró el lunes el abogado constitucionalista Atria, cuando respondió si estimaba que se aprobarían los artículos transitorios que construyó la centroizquierda más colectivos de independientes, movimientos sociales y escaños reservados al interior de la Comisión de Normas Transitorias.
Y es que hasta el momento de la votación del martes ningún colectivo de la centroizquierda tenía total certeza de si los demás iban a concurrir con sus votos a favor de los artículos elaborados en conjunto. Lo que presentó ayer la comisión ante el Pleno, llegó de un acuerdo entre el total de la centroizquierda dentro de Transitorias.
AUTORIZACIONES DE USO DE AGUAS
Con 103 votos se aprobó la indicación acerca del tránsito de los derechos de agua a las autorizaciones de uso de agua, que presentaron el Frente Amplio y el Colectivo Socialista. En cambio, la indicación presentada por el Bloque Popular –conformado por la Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y Escaños Reservados– obtuvo 84 votos.
La primera contó con la aprobación del Frente Amplio, el Colectivo Socialista, parte de la Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y Escaños Reservados; la segunda, en cambio, con los votos en contra de la centroderecha, y la abstención de parte del Colectivo Socialista y Frente Amplio.
De acuerdo con la convencional de Pueblo Constituyente, van a intentar especificar ciertas materias que –a su juicio– no quedan claras en la indicación FA-Colectivo Socialista, a través de indicaciones en la Comisión de Armonización.
El martes, Tomás Laibe, convencional del Colectivo Socialista e integrante de Normas Transitorias, aseguró a El Mostrador que, “a la hora de definir la transición”, las diferencias entre el Bloque Popular y los colectivos más oficialistas “se vuelven a marcar”. “Hay una realidad, hay un Congreso con una cierta conformación política, y un Ejecutivo de un cierto color. Pero sí creo que hemos podido llegar a un equilibrio en estos acuerdos en el sentido de acelerar ciertas materias que nos parecen prioritarias”, agregó.
Que existió una mayor «polarización» al interior de la centroizquierda durante las negociaciones de normas transitorias, lo admitió Camila Zárate de Pueblo Constituyente e integrante de la comisión homónima el 5 de junio, justo durante el fin de semana de conversaciones para arribar a una segunda propuesta de artículos transitorios: “Ya no estamos simplemente hablando de cómo queremos el país, ahora ya derechamente estamos hablando de cómo los actuales poderes del Estado se hacen cargo de esta implementación. Y ahí es donde entran en juego quienes tienen cupos en el Congreso, como quienes son parte del Gobierno”.
Uno de los momentos más álgidos de las negociaciones, según quienes fueron parte de la elaboración de la segunda propuesta de artículos del grupo de la centroizquierda, fue cuando en la madrugada del lunes tocaron el tema de la transición de los derechos de agua a autorizaciones. Por falta de acuerdo, el Bloque Popular y los colectivos considerados al interior del ex Congreso más oficialistas –el Frente Amplio y el Colectivo Socialista– presentaron dos indicaciones por separado.
Ambas proponían que, si se aprueba y entra en vigencia la nueva Constitución, todos los derechos de aprovechamiento se considerarán autorizaciones de uso. La principal diferencia entre las dos indicaciones es que la presentada por el Frente Amplio y el Colectivo Socialista —con el nombre de Jeniffer Mella (FA) como primera firmante y que fue aprobada— especifica que, mientras no se dicte la normativa permanente, o en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se aplicarán reglas especiales y una de esas aborda las transferencias de autorizaciones.
Establece que la Dirección General de Aguas (DGA) o su sucesor jurídico si es que se aprueba la Constitución, vale decir, la Agencia Nacional de Agua (ANA), “podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso de aguas o actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular las ejerza, siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas”.
Convencionales de la Coordinadora Plurinacional aseguraron estar en desacuerdo con este inciso, ya que –según explican– el plazo de tres años para transferencias podría generar que se cedan autorizaciones a “cercanos” y que, así, la misma persona propietaria siga controlando derechos, pero que no los tenga oficialmente. Isabel Godoy, de la señalada Coordinadora y representante del pueblo Colla, dijo que “el sentido de la norma era que se terminara el mercado del agua. Queríamos que fuera incomerciable e intransferible”.
En cambio, Tomás Laibe, del Colectivo Socialista, aseguró que en la Comisión de Medio Ambiente “se discutió sobre las transferencias y el artículo original hablaba de que no eran transferibles las autorizaciones de agua, lo que se eliminó. Pero, al no quedar explícito que son transferibles, la discusión giraba en torno a explicitar esto para el mandato al legislador y para las adecuaciones normativas que haya que hacer en la transición”.
“Creemos que nuestra propuesta da mucha más certeza a las personas que tienen derechos de agua hoy, que van a sufrir un cambio del régimen de sus autorizaciones”, agregó el convencional.
Las horas previas a las votaciones, convencionales del Bloque Popular admitieron que estuvieron en conversaciones con el eje del Frente Amplio y el Colectivo Socialista para convencerlos de la opción de aprobar ambas propuestas y que más tarde la Comisión de Armonización se ocupara de las incongruencias. Aunque quienes fueron parte de las tratativas aseguraron que los socialistas estuvieron en un momento “llanos a aprobar” las dos, desde Pueblo Constituyente afirmaron que nunca les dieron una respuesta definitiva.
“Por parte del Bloque Popular consideramos que los cambios de título o las transferencias son una anomalía con respecto al carácter incomercial que tienen las autorizaciones de uso de agua. Si bien la indicación presentada por el FA-Colectivo Socialista ingresó, porque para nosotros era importante no quedarnos sin norma”, planteó Camila Zárate. Junto a esto dijo que lo clave de la indicación aprobada es el inciso primero, que dicta que “todos los derechos de aprovechamiento de agua en nuestro país van a pasar a ser autorizaciones”.
“En la Comisión de Armonización vamos a solicitar que la transferencia de autorizaciones quede de manera reducida, que se entienda que es un régimen transicional de solo tres años. Para eso, vamos a pedir que se agreguen términos como `excepcionalmente´”, puntualizó Zárate.
Respecto al fragmento de la indicación aprobada que establece que la DGA o la ANA “podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso aguas (…), siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas”, la convencional de Pueblo Constituyente explicó que, a través de Armonización, “queremos cambiar la `o´ por la `y´, para que sean copulativas y tenga que haber disponibilidad hídrica para que pueda haber una transferencia de título”.
PRINCIPALES ARTÍCULOS TRANSITORIOS APROBADOS
Uno de los artículos que fue aprobado el 2 de junio, en la primera pasada de las normas transitorias por el Pleno, fue el que establecía los tiempos para que el Presidente de la República presente proyectos que creen los sistemas de Seguridad Social y de Cuidados, en el plazo de 12 meses; el Nacional de Salud, en un plazo de 18 meses; y el Nacional de Educación, de Educación Pública y el Integrado de Suelos Públicos, en 24 meses.
Aunque el segundo inciso se rechazó en esa ocasión, este martes se aprobó con 113 votos a favor el párrafo que dicta que el Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a dos años desde la fecha de su presentación.
Con 118 votos a favor se aprobó un artículo que establece plazo de dos años al Presidente de la República para ingresar un “proyecto de ley integral sobre vivienda digna y ciudad, que adecúe la normativa de vivienda vigente y regule los aspectos contemplados” en el borrador constitucional. Por otro lado, el legislador tendrá un plazo de dos años desde el ingreso del proyecto de ley para despachar dicha norma para su promulgación.
Además, se establece que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tendrá 18 meses para “diseñar y dar inicio a la implementación de un plan integral de emergencia para la implementación de casas de acogida para víctimas de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos y la radicación de asentamientos informales”.
Con 124 votos se aprobó el artículo denominado por los convencionales “calendario electoral”. Indica que el 11 de marzo de 2026 será el fin del período presidencial y parlamentario, tanto de diputados como de senadores, entre estos últimos, los 27 que fueron elegidos en 2021, y que en ese momento no habrán completado su período que se extendía hasta 2030.
De esta forma, para noviembre de 2025 quedan fijadas las elecciones presidenciales y de los representantes de los dos nuevos órganos legislativos, el Congreso de Diputadas y Diputados, y la Cámara de las Regiones, a las cuales podrán postular “los actuales integrantes del Senado” –idea con la que no estaban de acuerdo los colectivos del Bloque Popular, esto quiere decir pertenecientes a la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, Escaños Reservados y Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), por querer una “renovación” de los representantes–. Por esta vez, el mandato de los representantes regionales será de tres años.
El quórum para que el actual Congreso haga reformas constitucionales quedó fijado en 4/7, en vez de 2/3, como se había planteado el 2 de junio, siendo esa norma transitoria devuelta a la comisión para ser mejorada.
Además, se agregó que se requerirá de un referéndum ratificatorio, es decir, ciudadano, o el apoyo de 2/3 de los parlamentarios si el actual Congreso quiere reformar temáticas de la nueva Constitución que “alteren sustancialmente” materias especificadas en el borrador de la nueva Constitución que son el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Hasta aquí serían las mismas reglas establecidas en el borrador para reformas constitucionales. Sin embargo, en el caso de que el actual Congreso quiera hacer cambios a la nueva Carta Magna, se suman a estos asuntos protegidos los artículos al interior de los capítulos de Naturaleza y Medioambiente, y de Disposiciones Transitorias.
Quienes propusieron integrar el capítulo de artículos sobre Naturaleza y Medioambiente al grupo de aquellos que deben ser ratificados por un referéndum ciudadano o conseguir el apoyo de los 2/3, fueron los colectivos del Bloque Popular.
Previo a la presentación de las indicaciones elaboradas por la centroizquierda, Camila Zárate, integrante de Transitorias y de Pueblo Constituyente, dijo que esta era una manera de “proteger aquellos articulados que no se encuentran en los capítulos Derechos Fundamentales y Principios, como, por ejemplo, los bienes comunes naturales, los animales, y los principios ambientales”.
“Asegura una implementación progresiva de la nueva Constitución. Por un lado, asegura continuidad jurídica de instituciones vigentes y también les otorga mandato expreso a los jefes de servicio para implementación de normas constitucionales”, dijo Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Normas Transitorias, sobre una de las disposiciones aprobadas antes de las votaciones.
“Toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución”, dicta parte del artículo.
Otra de las disposiciones aprobadas establece que el cese de funciones a los 70 años de edad será aplicable a los jueces nuevos, pero no a aquellos que a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial. Estos últimos cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años, plazo establecido en la actual Carta Magna.
Para los jueces de la Corte Suprema, el plazo de 14 años, contenido en artículo del borrador, “se computará desde la entrada en vigencia de esta Constitución”.
El procedimiento de designación de abogados integrantes y la incorporación a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, regulado en el Código Orgánico de Tribunales, “seguirá vigente hasta que se disponga la nueva normativa, la que deberá dictarse en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigencia de esta Constitución”. (El Mostrador)
