Este lunes, la comisión encargada de investigar los convenios y programas financiados con fondos públicos por la Fundación ProCultura — cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín y la expareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos — estuvo marcada por un inicio errado y una baja participación de parlamentarios.
Los principales invitados de la jornada eran la excoordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, y Alberto Larraín. Sin embargo, sus ausencias no se atribuyen a una negativa de su parte, sino a la incapacidad de la Secretaría de la Cámara de Diputados para localizar sus direcciones y enviarles las respectivas invitaciones.
«La Secretaría no pudo hacerles llegar las invitaciones, no porque ellos hayan desistido de venir. Lo justo es justo, la Secretaría no logró las direcciones para hacer llegar esas invitaciones», explicó el secretario de la comisión.
Por otro lado, a raíz de una consulta del diputado Gonzalo Winter (FA), se confirmó que ninguno de los invitados propuestos por la comisión investigadora para presentar antecedentes tiene la obligación de asistir, dado que no son funcionarios públicos.
La única excepción sería Verónica Serrano, miembro del Consejo de Monumentos Nacionales y tía de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, quien sí estaría obligada a comparecer.
Otro aspecto que marcó la sesión fue la escasa participación de los parlamentarios. En el momento de mayor asistencia, solo siete de los 13 diputados que conforman la comisión estuvieron presentes. El único representante del oficialismo que permaneció de manera constante fue el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), ya que Winter (FA) se retiró antes de que concluyera.
En ciertos momentos, la sesión llegó a desarrollarse con apenas cuatro legisladores en la sala.
EXPOSICIÓN DE LA CONTRALORA
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, presentó un exhaustivo informe sobre las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría a la fundación ProCultura en relación con convenios de transferencia de fondos provenientes de organismos estatales, como municipios, secretarías regionales ministeriales (Seremis) y gobiernos regionales.
El informe reveló una serie de irregularidades, incluyendo retrasos en las rendiciones, expedientes incompletos, y fondos que no han sido restituidos.
Ante estas situaciones, dependiendo del caso, la Contraloría decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para su investigación.
En este contexto, Dorothy Pérez enfatizó que «le corresponde al Ministerio Público verificar si hay alguna actuación concertada o dolosa, que es una actuación desde el punto de vista penal. La Contraloría no tiene atribuciones para poder formular una opinión sobre ese punto. Entonces, no corresponde tampoco que yo pudiera extender una opinión en esa línea».
El ser consultada sobre si existe un patrón común, señaló que «lo que uno ve es una similitud en las deficiencias de control de las actuaciones de todas las instituciones públicas que están mencionadas en esta lista de 17 auditorías que nosotros hemos efectuado. Es el mismo mecanismo de deficiencia de control. Si es que hubo una acción dolosa, concertada, de las personas que trabajaron en esas instituciones, es algo que corresponde al Ministerio Público señalar».(Emol)
