El texto se entregará al Consejo Constitucional —al cual los comisionados se sumarán con voz, pero sin voto— el próximo miércoles 7 de junio, día en que se instalará el órgano elegido por la ciudadanía. Eso sí, todavía no existe claridad de si serán 50 o 51 quienes llegarán ese día a asumir el cargo, pues el Tricel determinó la tarde de este martes que es inadmisible la renuncia que había presentado del exrepublicano Aldo Sanhueza, descartando la posibilidad de que no asuma el cargo y sea reemplazado.
Al interior de la Comisión Experta existe satisfacción por la labor realizada y el buen tono con que se llevaron las discusiones y se consiguieron acuerdos. La estrategia de los comisionados fue resolver todos los nudos al interior de las cuatro subcomisiones, por lo que llegaron al pleno con la certeza de que todo lo acordado contaría con la votación necesaria para quedar en su anteproyecto. De hecho, si bien se necesitaban tres quintos para aprobar las normas, la mayoría fue visada por unanimidad.
Igualmente, los dos sectores —oposición y oficialismo junto con la DC— entregaron señales en el pleno sobre los temas pendientes y renovaron enmiendas que habían sido rechazadas en las subcomisiones y que sabían que no contarían con los votos necesarios para ser aprobadas en la sesión plenaria. Con ello, explicitaron las materias que los consejeros de sus bloques seguirán impulsando. Por ejemplo, la derecha hizo ver la importancia de la norma que buscaba constitucionalizar la protección de la vida del que está por nacer, mientras que desde la izquierda insistieron con los derechos sexuales y reproductivos. Ambos temas quedaron fuera del anteproyecto.
FF.AA. Y GENDARMERÍA
‘Vamos a reponer la enmienda de la protección de la vida del que está por nacer, sabiendo que no están los votos, porque es una señal importante manifestar tanto los acuerdos como los disensos’, decía el comisionado Máximo Pavez (UDI) antes de entrar al pleno el martes, refiriéndose a una de las enmiendas que presentó su sector para ser objeto de discusión. Esa, en particular, buscaba dejar estipulado que ‘nadie puede ser privado de su vida intencionadamente, salvo en los casos de legítima defensa. La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable’. Y se trata de un tema que ya se prevé que se volverá a impulsar en el Consejo.
Algo similar ocurre con el derecho a reunión, donde el bloque buscaba incluir que ‘las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley’. Además, consideraba que ‘la ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás asociaciones que la misma ley señale’.
Debido al intenso debate sobre seguridad social ocurrido en la subcomisión, se preveía que la discusión sobre pensiones volviese a ser llevada al pleno. Allí la derecha insistió con que ‘el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos’. La norma fue rechazada, pero consejeros del sector ya han afirmado que insistirán en el punto.
En el apartado sobre Gobierno y Administración del Estado, el bloque postuló elevar a rango constitucional a Gendarmería de Chile. Al respecto, Katherine Martorell (RN) afirmó que ‘es fundamental que ellos puedan tener el catálogo y estatuto normativo de las policías, porque también ellos juegan un rol fundamental en la seguridad’.
Otra materia de discusión —que no fue motivo de renovación de enmienda— fue aquel relacionado con el fallido capítulo sobre Fuerzas Armadas. Al respecto, el comisionado en cupo republicano Carlos Frontaura sostuvo ante el pleno: ‘Yo espero que en la etapa que viene, que habrá perfeccionamiento a lo que nosotros hemos trabajado, pueda existir un capítulo destinado a ellas (Fuerzas Armadas)’.
En tanto, en el apartado sobre Poder Judicial fue renovada una enmienda que buscaba agregar que ‘los fallos judiciales solo tendrán efecto obligatorio sobre las causas en que se pronunciaren. Sin perjuicio de ello, los jueces al sentenciar procurarán observar congruencia con los fundamentos jurídicos esenciales contenidos en fallos análogos precedentes’. Al respecto, Hernán Larraín (UDI) explicó que a través de tal enmienda se pretendía ‘pedirles a los jueces que cuando fallen, además de apegarse a la Constitución y la ley, tengan presente lo que otros jueces dijeron anteriormente’, pues esto ‘le da responsabilidad al trabajo de los jueces, y sobre todo, certeza jurídica’.
Finalmente, en el debate sobre Corte Constitucional la derecha impulsó una norma que pretendía agregar entre las atribuciones del órgano que reemplazará al TC que resuelvan ‘las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso’, algo que también podría ser retomado por los consejeros.
NUEVOS DERECHOS
Los comisionados oficialistas también renovaron enmiendas para discutir en el pleno que sabían que no tendrían apoyo transversal, pero que son temas que seguirán pujando en el Consejo.
La primera de ellas apuntaba a que quedara consagrado el ‘valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, debiendo promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad al interior de las familias’. Al respecto, Antonia Rivas (Frente Amplio) sostuvo que ‘las mujeres vemos un gran ausente en esta propuesta, una omisión que no corresponde a una Constitución del año 2023, que le habla al futuro. La falta del reconocimiento a ese trabajo silencioso, invisibilizado, que corresponde a los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado’.
Al mismo tiempo, el bloque insistió con derechos sobre los cuales no hubo consenso. Así, renovaron la enmienda que buscaba consagrar el derecho de las personas a ‘ejercer su autonomía personal y al desarrollo libre de su personalidad’, y la de derechos sexuales y reproductivos, hecho que, de acuerdo con la comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS), se realizó con ‘la intención de dar la señal política desde el constituyente de que la autonomía en la sexualidad y reproducción es una materia de principal interés para producir un cambio’.
Tal enmienda consideraba ‘el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, y acceder a las prestaciones de salud correspondientes, sin coacción ni discriminación. Incluyen también el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones’.
Otro tema que no se aprobó, pero importante para el oficialismo, fue el artículo que mencionaba a ‘las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos’, consagrando su ‘derecho a la verdad respecto de tales acontecimientos, a una reparación integral y a garantías de no repetición’. Al respecto, Flavio Quezada (PS) afirmó que la finalidad de insistir con la enmienda ‘no es solo sanar dolorosas heridas que están abiertas, sino ofrecer a las generaciones que vienen un país que, desde la memoria, se compromete a nunca más incurrir en las barbaries, y buscar siempre en el diálogo democrático las formas de superar nuestras diferencias. Solo así podremos heredarles a los ciudadanos y ciudadanas que vienen una democracia más robusta’.
Desde el oficialismo también insistieron con la norma: ‘Una ley institucional establecerá los tribunales de lo contencioso administrativo que conocerán de las acciones de este artículo y determinará su organización y demás competencias’, que fue rechazada.
Asimismo, la izquierda volvió a abogar por los derechos de los animales. En el capítulo de Medio ambiente, buscaron explicitar que ‘es deber del Estado dar especial protección a los animales’. Sobre la materia, Alexis Cortés (PC) sostuvo: ‘No me parece comprensible que se replique un clivaje de izquierda-derecha ante esta propuesta. Se argumentará que ella no corresponde a un tema constitucional, pero está inspirada en la norma constitucional alemana, y hay más de 60 países que lo tienen explícito en sus cartas fundamentales’. Al mismo tiempo, Fuenzalida recordó la propuesta de la pasada Convención, al afirmar que, esta vez, ‘no estamos hablando de animales sintientes, o caricaturas que se hicieron en el proceso pasado (…), sino que simplemente constitucionalizar su resguardo’, por lo que es otro tema que se prevé que será reimpulsado en el Consejo. (Emol)
