Por estos días, el proceso de elaboración del presupuesto de la nación para el próximo año entró en tierra derecha. Este lunes se reunieron en el Ministerio de Hacienda los Comités Consultivos del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre en el marco de la formulación del proyecto que se discutirá a partir de octubre en el Congreso. Uno de los aspectos más valorados internacionalmente de la regla fiscal chilena es que expertos externos e independientes estiman los parámetros más importantes para determinar los ingresos con que cuentan las arcas públicas: el precio de referencia del cobre y el crecimiento de largo plazo de la economía.
En los últimos años se han dado pasos importantes para fortalecer la independencia de estos Comités. En primer lugar, como resultado de una recomendación del Consejo Fiscal Asesor, el año 2017 se creó un registro público de expertos, el cual está disponible en la página web de Dipres y en el que se puede inscribir cualquier profesional que tenga la experiencia necesaria para realizar las estimaciones requeridas. A partir de este registro público, el Consejo Fiscal propone nombres al ministro de Hacienda, que finalmente designa a los integrantes. Con la creación de este registro y la participación del Consejo Fiscal, se rompió la tradición de nominación directa de los expertos por parte del Ejecutivo.
En segundo término, la reciente ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), incluye explícitamente como función del nuevo CFA, la de proponer los nombres de los integrantes que por alguna razón queden vacantes, lo que fortalece aún más el carácter de independiente. Tercero, en mayo de este año, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto que aprueba la metodología, procedimiento y publicación del cálculo del Balance Estructural, y que además establece explícitamente el procedimiento de convocatoria, registro y designación de los miembros de los Comités, así como las inhabilidades y plazo máximo de permanencia. Este decreto señala que no podrán formar parte de los Comités, los funcionarios fiscales, semifiscales, de empresas u organismos del Estado y de empresas de administración autónoma en las que el Estado efectúe aportes o tenga representantes. Parece de todo sentido que personas que se desempeñan en alguna institución vinculada al sector público, no participen de estos Comités.
Los avances institucionales realizados para dar mayor independencia a las proyecciones de los expertos muestran el férreo compromiso del Gobierno por garantizar que dos variables claves en la determinación del gasto público sean más objetivas. Definitivamente, hemos logrado enormes avances en fortalecer nuestra institucionalidad fiscal y los cambios hechos en materia de Comités de expertos son un claro reflejo de ello.
Hermann González/La Tercera
