Cuesta entender por qué el gobierno decidió entramparse en las arenas movedizas del proyecto de ley de identidad de género, una iniciativa heredada de la administración anterior que en un principio no figuraba entre las prioridades de la actual, pero que ahora genera pronunciamientos contradictorios del Presidente de la República y obliga al ministro de Justicia a hacer malabarismos.
La inesperada discusión ha expuesto uno de los flancos débiles del oficialismo: la división valórica. En Chile Vamos conviven miradas abiertamente contrarias respecto de asuntos como el matrimonio homosexual o la ideología de género. Y aunque en La Moneda no se cansan de repetir que la diversidad enriquece a la coalición, parece un despropósito que sea el mismo gobierno el que ponga a prueba la convivencia política al interior de la misma al plantear un asunto que tensiona a sus socios.
Más extraño resulta esto si se considera que el propio candidato Sebastián Piñera mostró en la campaña una postura distinta de la que ha insinuado ahora. Piñera ha mostrado pública simpatía con lo planteado por el sector de Chile Vamos que favorece permitir el cambio de sexo registral de los adolescentes de 14 a 18 años cuando el joven lo pida y los progenitores estén de acuerdo.
Es cierto que todos tienen derecho a alterar su parecer, pero no sería fácil explicar un eventual cambio de opinión del Presidente, más aún cuando hace poco declaraba haber “estudiado mucho este tema” y estar familiarizado con la literatura científica sobre el asunto, la que no solo establece con claridad que la disforia de género en niños y jóvenes tiende a revertirse la gran mayoría de las veces, sino que también sostiene que resulta imposible predecir qué casos son definitivos y cuáles no.
En diciembre, Sebastián Piñera aseguraba que muchos casos de transgéneros infantiles y juveniles se corrigen con la edad y pedía prudencia “para no estar haciendo cosas de las que después nos podemos arrepentir”. Ahora, apenas cuatro meses después, resultaría difícil entender que su visión de las cosas se viera tan fundamentalmente alterada en una cuestión donde se juegan convicciones profundas.
Ante la rebelión de la UDI y la molestia de RN, el ministro de Justicia sugirió ayer que existe la posibilidad de que finalmente el gobierno no fije postura en el tema, pues “a lo imposible nadie está obligado”. Sin embargo, lo coherente con lo expresado por Piñera en campaña sería que La Moneda fijara una posición crítica respecto de un proyecto que pone en peligro el futuro de niños y adolescentes. Si lo que se aprueba en el Congreso finalmente va en la línea de lo propuesto por el gobierno anterior, La Moneda no debería dudar en recurrir a los mecanismos que se encuentran a su alcance, como el veto, para impedir que se ratifique una legislación que antepone consideraciones ideológicas al bienestar de aquellos que dice proteger. (La Tercera)
Juan Ignacio Brito
