“A Caval le pagaron más de $1.000 millones y ese dinero no está… no está”. La frase de la fiscal adjunta Marcia Allendes en la audiencia del pasado 23 de junio -donde se discutió la solicitud de sobreseimiento de Sebastián Dávalos- revela uno de los objetivos en el que el Ministerio Público ha focalizado todos sus esfuerzos en los últimos días: determinar el destino de las ganancias obtenidas por la empresa Caval en sus múltiples negocios.
Se trata de una información que no figura en los balances de la sociedad, ni tampoco en las cuentas corrientes de sus dueños, Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
La causa que suma más de 100 tomos, registra 13 formalizados y otras 20 personas investigadas, avanza a ritmo acelerado: esta semana la Corte de Rancagua denegó la solicitud de sobreseimiento de Dávalos, permitió a Compagnon ausentarse del país para viajar a Miami entre el 2 y el 20 de julio, y reprogramó la fecha de cierre de la investigación, en su arista principal, para el 28 de julio.
Sin embargo, según señaló la misma fiscal, “debido a la intrincada forma como trabajaba Caval, ha sido bastante difícil determinar la trazabilidad del dinero, ha sido difícil seguir la huella en términos de impuestos y pagos”.
Para ejemplificar esto, Allendes leyó en la audiencia un testimonio inédito de Marcelo Carreño Salgado, el ex gerente de administración y finanzas de la empresa. En el interrogatorio, realizado el 12 de junio, Carreño señaló que Compagnon habría manejado enormes volúmenes de dinero en efectivo.
Según la declaración leída por la fiscal, Carreño indicó: “Quiero referir que Natalia Compagnon llegaba y me decía ‘me conseguí plata con mis tíos’, no recuerdo si el dinero ingresaba a Caval.
Un día llegó con $ 100 millones en efectivo. El 12 de agosto de 2014. No sé con quién se consiguió esa plata. Me recuerdo el día, porque fue el día que era el gran robo del siglo en el aeropuerto.”
El dinero, según el testimonio, podría corresponder a parte de los pagos que les hizo el empresario agrícola Gonzalo Vial y quien luego se querelló por estafa contra ellos.
Carreño, de profesión contador auditor, trabajó en Caval desde su creación, en 2012, hasta 2015, cuando se revela el negocio de Machalí. Cercano a Mauricio Valero, era dueño de la empresa SCR S.A., ligada a Caval, y a través de la cual se hicieron trabajos para la compañía CCU, como la regularización de los permisos de la planta de Quilicura. “Uno de los negocios más grandes que tenía Caval era con CCU (pero) no lo hizo a través de Caval, lo hizo a través de otra empresa, de la empresa de la persona que se dedicaba a su contabilidad, Marcelo Carreño”, sostuvo la fiscal.
Tras la pista del dinero
Para intentar establecer en qué se invirtieron o a dónde se transfirieron los fondos obtenidos por Caval, la fiscalía ordenó un levantamiento patrimonial de las sociedades de Compagnon y Valero.
El 22 de mayo se le instruyó al OS-9 de Carabineros realizar una indagatoria sobre todo tipo de bienes, dineros y valores, “tanto en el extranjero como en el territorio nacional”, de ambos dueños de la empresa y de la propia sociedad. También se les pidió un análisis contable de Caval, SCR, inmobiliaria FVM -la sociedad a través de la cual Valero pretendía revender los terrenos de Machalí- e Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, sociedad que tiene Compagnon junto a su madre, Margarita Soto, desde agosto de 2012 y a través de la cual firmó la compra en 2014 de las oficinas de Caval en Tobalaba.
Asimismo, el Ministerio Público envió un requerimiento de información al Servicio de Impuestos Internos, solicitando el formulario de declaraciones de impuestos y retención de impuestos de los socios, así como el formulario 1821 que es la declaración jurada sobre la situación tributaria de retiros destinados a reinversión que realizó la empresa Caval. También se solicitó un informe similar respecto a la sociedad San Lucas.
Según la fiscal, durante la investigación “nos hemos topado con diferentes libros de contabilidad que no están y documentos de contabilidad que deben ser reconstituidos por peritos”, y aún está pendiente una declaración de Compagnon y Valero sobre el destino de los fondos.
La fiscal dijo que “estas indagaciones de carácter patrimonial han significado ir mucho más allá del simple alzamiento del secreto bancario para rastrear los fondos y el curso real de los dineros ganados por la sociedad”. Hasta la fecha, la fiscalía ha ordenado más de 30 levantamientos del secreto bancario en cuentas de personeros vinculados al caso Caval.
La Tercera/La Tercera
