Pero más allá de los números, las asociaciones público-privadas han sido un motor clave en el crecimiento económico, permitiendo no solo generar empleos, sino que mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad. Cabe destacar que en los 90 Chile tenía un profundo déficit de autopistas, aeropuertos, puertos, hospitales, cárceles y embalses, que afectaba negativamente su desarrollo productivo.
Hoy la situación es diferente: el país es líder en materia de infraestructura a nivel regional, alcanzando el puesto 42 de un total de 141 naciones, de acuerdo con el ranking publicado por el Informe Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, 2019).
Sin embargo, tras décadas de funcionamiento, el sistema —que nos permitió ser pioneros en América Latina— se enfrenta al desafío de seguir siendo un protagonista y, por qué no, un apoyo importante en un escenario de desaceleración de nuestra economía. Para ello debe haber una firme decisión del Gobierno de profundizar las áreas que hoy están abiertas a la asociación público-privada.
Así, por ejemplo, parece urgente la participación de privados en la construcción de plantas desaladoras y nuevas obras de regadío ante la crisis hídrica y que se eliminen las trabas en sectores relevantes como los ferrocarriles, puertos y líneas de transmisión. ¿Por qué no pensar también en que las asociaciones público-privadas aceleren el ingreso del país a la carrera por los proyectos de litio e hidrógeno verde en la que ya muchas otras naciones están avanzando? ¿Por qué no permitir su participación en la construcción de pasos fronterizos y así mejorar la conectividad con nuestros vecinos?
En este punto es bueno aprender del pasado. Dejar atrás las ideologías o mitos que se tejieron en torno a las concesiones, los que no han permitido avanzar a muchos proyectos. No sería una buena señal replicar esos errores.
Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) entregamos al Presidente Gabriel Boric una propuesta de institucionalidad —que fue bien acogida—, consistente en la creación de una Comisión Asesora de Políticas de Infraestructura Nacional, la que trabajaría al alero del Ejecutivo, definiendo inversiones clave según los requerimientos de diversos sectores productivos, con una mirada de largo plazo. La idea apunta a que la asociación público-privada opere con la fluidez que el escenario económico demanda.
Para lograr nuestros objetivos hay que asegurar el desarrollo de infraestructura y que las concesiones vuelvan a ser una opción atractiva para inversionistas nacionales y extranjeros, de manera de retomar la senda de crecimiento que Chile tanto necesita. Para ello se requiere dejar atrás los anuncios y tomar acciones urgentes. (El Mercurio)
Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Expresidente de la República
