Pocas cosas reflejan tan bien la profunda equivocación de la izquierda como lo que pasa en el debate educacional. Una larga lista de iniciativas discriminadoras y declaraciones públicas descalificadoras han sido la tónica de los esfuerzos educacionales del gobierno.
Desde el slogan de “quitar los patines” que pasó la aplanadora a la libertad de las familias, el esfuerzo de los sostenedores y las oportunidades de los estudiantes hasta las fórmulas descaradamente discriminatorias en materia de financiamiento de la educación superior, que pretendían dejar sin aportes sociales a los alumnos que han elegido una institución ajena al CRUCH, con esa soberbia propia del estatista que pretende dirigir la vida de las personas. A esto se suma una seguidilla de errores en la tramitación de los proyectos, cuya guinda de la torta fue la sesión de urgencia de la Comisión de Hacienda por el error en la redacción del proyecto de ley que deja fuera de la gratuidad a universidades como la UC, la de Concepción o la Austral, entre varias otras.
La CONFECH no se ha quedado atrás. Monopolizada por los grupos de izquierda más radicales de la discusión pública, tiene como facción “moderada” a las federaciones de estudiantes controladas por el Partido Comunista. Sin ir más lejos, la Izquierda Autónoma (grupo a la izquierda del PC) controla la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Austral y la Diego Portales y, aún más a su izquierda, se encuentra un variopinto grupo de movimientos autodenominados hijos de Guevara, Chávez y Fidel que controlan la Universidad Católica, la Católica del Norte y la de Concepción. Frente a ellos, solo la voz disonante de Ervin Castillo, líder gremial, que preside la Universidad de Talca.
Por esto, frente al video de tono clasista y discriminador que la CONFECH utilizó para promover su marcha ayer, algunos comentarios:
Primero, es de celebrar que la CONFECH ya no crea en la gratuidad universal. En su video critican el financiamiento a jóvenes que estudian en la Universidad de los Andes, a todos los que suponen provendrían del grupo más rico del país. Es de creer que tampoco querrían que esos alumnos recibieran financiamiento si estudiaran en una universidad del CRUCH. A menos que solo les molestara las decisiones de los miles de estudiantes que deciden estudiar ahí o en cualquier otra universidad. Sería más nítido, aunque igualmente injusto, que la CONFECH presentara un proyecto indicando qué carreras, en qué condiciones y en qué universidades deberíamos estudiar los chilenos, especialmente los de menos recursos, cuya libertad parece molestarles de sobremanera.
Segundo, la CONFECH ignora sistemáticamente que los alumnos más vulnerables del país se reparten transversalmente entre las universidades del CRUCH, las privadas y los centros de formación técnica y profesional. Nadie busca que el Estado financie a través del financiamiento estudiantil a instituciones universitarias determinadas, sino que se apoye a los estudiantes que necesitan de la ayuda social para poder cursar sus estudios superiores, allí donde libremente deseen hacerlo.
Tercero, así como la decisión de los jóvenes parece no importarle a la CONFECH, tampoco les parece relevante la calidad. Instituciones como la Universidad Diego Portales, de los Andes, la Alberto Hurtado o la Universidad Mayor tienen una acreditación entre cinco y seis años, superior a los dos años de acreditación que tiene la estatal Arturo Prat o los tres años de la Universidad de los Lagos, también perteneciente al Estado. Por eso es valioso exigir para el financiamiento un mínimo de acreditación igual para todos, en la misma línea de lo señalado por el Tribunal Constitucional.
Por último, la afirmación ideológica de que iniciativas privadas buscan que las personas más pobres sigan siendo pobres, es obviar que el sistema educativo chileno ha contribuido a que miles de personas salgan de la pobreza, accedan a más y mejores oportunidades y salgan adelante y es un cerrar de ojos a la realidad nacional de los últimos 40 años.
Es muy llamativo que la misma CONFECH que ha salido con fuerza a pedir una Asamblea Constituyente en la que participen todos los chilenos, considere hoy que existen estudiantes de primera y segunda categoría y que solo las decisiones libres de aquellos que opten por universidades estatales son valiosas y dignas de apoyar. En este sentido, han seguido el triste ejemplo de muchos de los rectores del CRUCH defendiendo privilegios, en lo que con razón se ha denominado una verdadera colusión.