Apenas se conoció el requerimiento presentado por el presidente Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la reforma impulsada por diputados de oposición para permitir un segundo retiro de fondos de la AFP, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se dio personalmente a la tarea de sondear abogados que pudiera representar a la corporación ante el tribunal.
A diferencia de la Cámara de Diputados, que ya optó porque su representante en el TC sea el secretario general Miguel Landeros, en el Senado apuestan a un nombre alternativo al secretario de la corporación, Raúl Guzmán.
La opción escogida por la mesa que encabeza Adriana Muñoz es el abogado socialista Gabriel Osorio, quien formó parte de la comisión técnica que se creó posteriormente al acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Osorio realizará la defensa ad-honorem y ya trabaja en el escrito que presentará antes del domingo ante el TC.
Esta mañana, desde el Senado aseguraron que desde ayer ya estaba adoptada la determinación de buscar a un constitucionalista externo que alegara en el TC.
Las razones son varias. Un allegado a la comisión de régimen asegura que lo habitual es que se opte por los funcionarios internos -como Guzmán- cuando se trata de defender asuntos técnicos ante el TC, pero que para asuntos de fondo como el que se discute ahora es importante acudir a expertos.
El senador de la DC, Francisco Huenchumilla, en tanto, plantea que lo prudente era mantener la ecuanimidad del primer funcionario de la corporación.
“Es preferible que sea un abogado externo, porque creo que es mejor no involucrar al secretario, quien tiene que dar garantías a todos los senadores. Acá hay que jugársela por una tesis en particular en que los senadores de gobierno y oposición tenemos diferencias. Por eso, por prudencia, es preferible que no sea el secretario”, asegura el parlamentario.
Otros parlamentarios -fuera de micrófono- apuntan también a que la situación judicial del exfiscal Guzmán tampoco hacía prudente optar por él como la carta de representación del Senado ante el TC.
El septiembre, Guzmán presentó un requerimiento ante el TC que buscaba dejar sin efecto la investigación que sigue en su contra el Ministerio Público por una infracción sanitaria al asistir a un restorán de mariscos en medio de la pandemia. El recurso fue declarado admisible por el tribunal en el mes de octubre y apunta a una inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del artículo 318 del Código Penal.
En la Cámara, en tanto, se despejó con rapidez que el secretario general Miguel Landeros -quien lleva más de 7 años en ese cargo y 30 como funcionario del Congreso- será quien los represente ante el TC.
Ayer la comisión de régimen abordó el tema y mandató a la secretaría a que redacte el informe en derecho que responde a los argumentos del requerimiento presentado por el gobierno.
Un testigo de esa reunión comenta que estuvo cargada de bromas cruzadas porque la mesa que dirigen Diego Paulsen (RN) y Francisco Undurraga (EVópoli) tendrá que encabezar el proceso pese a que ambos parlamentarios son contrarios al proyecto del retiro del 10%.
Paulsen es de los parlamentarios que rechazó ambos proyectos de retiro del 10% y hoy se ve en un encrucijada por su rol institucional. Internamente ha reconocido lo compleja de su situación, aunque ha dicho que en una circunstancia como esta debe prevalecer su rol institucional. De no hacerlo, en todo caso, arriesgaría un nuevo intento de censura de la oposición.
“Como presidente de la Cámara muchas veces tengo que dejar mi rol partidista y asumir un rol institucional. Puede ser complicado pero no hemos dudado un segundo en hacerlo”, dijo Paulsen a La Tercera PM.
Esta será la primera vez que Landeros alegue ante el TC. Hasta ahora la Cámara había acudido indistintamente (y dependiendo del tema ) a expertos constitucionalistas externos como Francisco Zúñiga, Patricio Zapata y Carlos Carmona, además de solicitar informes en derecho a expertos más cercanos a la derecha como Sebastián Soto. (La Tercera)
