Hace poco, el Ministerio Público -a través del fiscal nacional- salió a reclamar públicamente por el recorte de $ 700 millones que según la ley presupuestos 2025 aprobada por el Congreso Nacional le corresponderían a esta institución. Según esta, ello afectaría la persecución penal, lo que por consecuencia incidiría directamente a la seguridad ciudadana. Cabe tener en cuenta que la delincuencia ha permanecido por años como la principal preocupación de la ciudanía según todos los estudios de opinión pública.
Por su parte, el pleno de la Corte Suprema emitió un comunicado en el cual manifestó su preocupación por la rebaja de M$17.395.256, cuestión que según este “afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia…. a fin de que se comprenda la gravedad que implica el recorte presupuestario efectuado”.
Estos recortes en los presupuestos de no solo de estas instituciones son consecuencia directa del ajuste de $544 mil millones acordado entre el gobierno y el congreso en noviembre del año pasado, en el marco de la tramitación de la ley de prepuestos 2025 que tenía como objeto disminuir la expansión del gasto público. Mas aún, el protocolo de la comisión mixta de presupuesto del Congreso dejó explícitamente afuera de estos ajustes a Carabineros, Gendarmería, la Policía de Investigaciones y los servicios de salud y educación.
En este escenario han salido, ahora en enero de 2025, diputados y senadores de diversos sectores políticos, como el diputado oficialista Raúl Leiva, a decir que “me parece importante revisar esa materia”. El diputado republicano Cristian Araya dijo que es “inaceptable quitar presupuesto al Ministerio Público”.
A su vez, el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton calificó el hecho de “inaudito… es un golpe directo a la lucha contra crimen organizado” . Mas aún, diputados oficialistas, que incluyen a la jefa de la bancada PPD-Independientes, Camila Musante, al jefe de bancada PS, Daniel Melo, junto a los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Tapia (IND-PPD) y Rubén Oyarzo (IND) concurrieron a la Moneda a entregar una carta al presidente Boric para que se revierta el recorte presupuestario del ministerio público. Por su parte, los senadores Pedro Araya y José Luis Castro ha señalado que se sienten “engañados”.
Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aseguró que el 44 % de los adultos chilenos tienen competencias insuficientes tanto en comprensión de textos como en matemáticas, así como en resolución dinámica de problemas, cuestión que podría ser una suerte de una muy mala explicación. Más grave todavía es que políticos de distintos partidos opositores y oficialistas desconozcan una ley que fue votada por ellos mismo, desconociendo también las consecuencias que esta producen en las instituciones democráticas y en la ciudadanía.
En este sentido, solo hay que recordar los sucedido hace ya algunos meses atrás con ocasión de la denominada ley corta de Isapres, que entre otros aspectos implicaba la devolución a los cotizantes de los cobros excesivos realizados por estas aseguradoras de salud, cuyo efecto más directo fueron las críticas de las personas respecto de los montos devueltos no solo por insuficientes, sino por la cantidad de tiempo que ello implicaba.
En este contexto, hay que tener en cuenta las expresiones de los senadores integrantes comisión de salud del Senado, que a modo de síntesis expresaban su rechazo a que los pagos irrisorios a los afiliados fuera culpa del Congreso y ponían el énfasis en que el gobierno tenía la iniciativa exclusiva en la seguridad social, culpando al Consejo Consultivo y a la Superintendencia por haber visado los planes de ajuste y pago.
La responsabilidad política es importante para el funcionamiento de las democracias, ya que asegura que los funcionarios públicos y quienes gobiernan y legislan actúen de manera ética, transparente y en beneficio para la ciudadanía.
Según indica el artículo 8 del Código Civil, nadie puede alegar desconocimiento de una ley, por lo que resulta incomprehensible que los miembros del Congreso Nacional desconozcan los efectos y consecuencias que producen las leyes aprobadas por ellos mismo. (El Mostrador)
Tomás Duval
