No solo a la oposición, sino que a buena parte del oficialismo le generó reparos la idea del Gobierno de efectuar un proceso de regularización acotada para parte de la población migrante que fue empadronada.
Si bien el Ejecutivo señala que la medida está en etapa de estudio, no descarta que aquellas personas que hayan entrado al país por pasos irregulares sean beneficiados, lo que atizó las críticas de la oposición al Gobierno en materia migratoria y la alerta por un posible efecto llamado.
En el oficialismo la situación no es baladí. Para varios el entrar al debate de un proceso de regularización masivo, en momentos que existe una sucesiva perpetración de delitos vinculados a ciudadanos extranjeros, vendrá a debilitar la gestión del Gobierno, en momentos que la agenda se ha apuntalado con la aprobación del proyecto de ley que crea el ministerio de Seguridad y la ley Antiterrorista.
En ese marco, algunos piden al subsecretario del Interior, Luis Cordero, despejar dudas sobre la iniciativa y otros, derechamente frenar la situación. La autoridad, quien estuvo en Puerto Montt este viernes, manifestó toda su disposición a atender a los parlamentarios.
«NO ES UNA BUENA SEÑAL»
Entre los críticos de la medida, el diputado Tomás de Rementería (PS), afirmó que «esto debe ser lo más acotado posible. Yo creo que no es una buena señal estar regularizando a personas que entran, pero si hay alguna razón de seguridad de que estas personas que entran por paso ilegal, si se les tenga sus datos a través de esto, me parece que hay que hacerlo, pero tiene que ser muy acotado».
«La principal medida que se toma con las personas que entran por paso ilegal es ponerla en un avión y devolverla a su país. Es necesario que haya en eso un avance con las expulsiones y con la posibilidad de que vuelvan, sobre todo a Venezuela», agregó.
Al respecto, el diputado Raúl Soto (PPD), sostuvo que «en medio de una crisis de seguridad, el foco de nuestro Gobierno debe seguir, aumentar el control de las fronteras, mantener el proceso de expulsiones y también reutilizar nuestra legislación como se ha venido haciendo, para desincentivar la llegada de más migrantes regulares a Chile«.
«No al contrario, como se ha planteado, con la posibilidad de una regularización masiva», añadió, advirtiendo que la medida «no es viable políticamente hoy en día, al menos hasta que la crisis de seguridad y la crisis de migración irregular en Chile esté más controlada«.
A su vez, el diputado Jaime Araya (PPD) aseveró que «el Gobierno tiene que reconsiderar este anuncio de una regularización acotada a 185.000 personas que ingresaron de manera irregular a nuestro país. Cuando se discutió el control biométrico, nunca se dijo que se iba a utilizar como un insumo para una regularización. En materia de discusión legislativa nunca se habló de esta materia y cada vez que preguntamos respecto de cualquier acción que se estaba haciendo, si iba a haber regularización, se nos dijo que no».
«Yo solicito que esta medida sea reconsiderada, sea dejada sin efecto, porque esto va a ser un harakiri migratorio, esto va a tener un efecto llamada y vamos a generar una nueva crisis, una ola migratoria con las consecuencias que ya sabemos tan nefastas para el norte del país», advirtió.
Quien también ha manifestado su preocupación, ha sido el diputado Marcos Ilabaca (PS). «Viviendo la crisis de inmigración que hoy día estamos viviendo, es una situación preocupante. Me gustaría tener más antecedentes, pero conversar con su secretario Cordero en algún momento, respecto a cuál, qué tan acotado va a ser este proceso».
«Cuando hemos visto que las fronteras se han desbordado, cuando hemos visto las invitaciones de Cúcuta para que vengan los venezolanos a Chile, y hoy día el Gobierno dice ¿Sabe qué? Por haberse empadronado, a pesar de haber ingresado por pasos ilegales, clandestinos, vamos a acogerlo, creo que ahí existe un problema de coherencia», adujo.
Y acotó que «si es que este va a ser un caso limitado solamente para aquellas personas que efectivamente se empadronaron y están prestando servicio, todo regularizado, uno tendría que analizarlo. Pero creo que faltan antecedentes para poder hacer una evaluación más concreta. En lo particular, no me gusta la noticia».
Por su parte, la diputada Camila Musante (Ind-PPD), expresó que «yo como miembro de la Comisión de Gobierno Interior veo con cautela este tipo de anuncios porque lo que no quisiéramos o lo que puede ser indeseable es que se vea hacia afuera, hacia los otros países, como una señal de que las puertas de nuestro país están absolutamente abiertas y que no existe control alguno respecto de la migración irregular«.
En ese sentido, solicitó que este tipo de medidas «vayan de la mano con una ejecución de las expulsiones administrativas que están pendientes, que son casi del orden de 30.000 de las que tenemos conocimiento y también de avanzar en legislaciones que permitan en ir acotando las expulsiones administrativas».
J. QUINTANA (PPD): «ES UNA BUENA NOTICIA»
Otra opinión fue la que vertió el presidente del PPD, Jaime Quintana. «Regularizaciones permiten siempre separar a delincuentes de personas que buscan trabajo, independientemente de cómo hayan ingresado. Cuando esto lo hizo el Gobierno del Presidente Piñera, no tenía el empadronamiento biométrico que sí incorpora hoy, y esto es un avance», sostuvo.
Con todo, consideró que «esto debe ir acompañado de alguna legislación para desincentivar el ingreso irregular. A mí me extraña esta discusión, puesto que cuando el ex subsecretario Monsalve lo planteó en el Congreso, la derecha incluso lo valoró«.
En tanto, la diputada Lorena Fries (FA) aseguró que «es una buena noticia la que ha dado el subsecretario Cordero en torno a la regularización acotada de alrededor de 182.000 personas».
«La literatura lo que muestra es que junto con fortalecer los controles de frontera para evitar el ingreso ilegal, se avance en la normalización de las personas que ya ingresaron y que están aportando ya sea laboralmente o reunificándose con sus familias en Chile porque quieren contribuir al país con esta regularización, es la única forma y no constituye un llamado en la medida que se mantengan las medidas que se tienen en frontera».
«En ninguna parte el hecho de regularizar extraordinariamente además ha llamado a un mayor flujo de migraciones, por lo tanto yo diría que es va en el sentido correcto y permite a las personas que están de buena fe en Chile, que las hay sobre todo aquellas que se empadronaron que dan cuenta de esa misma buena fe que puedan seguir contribuyendo y para eso tengan mayores posibilidades a través de este proceso acotado de regularización», indicó.
GOBIERNO
En este contexto, el Ejecutivo ha defendido el proceso de regularización masiva endureciendo el tono ante la oposición.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló que «si hablamos de efecto llamado, el efecto llamado se produjo en el gobierno anterior, cuando el expresidente Piñera fue a Cúcuta y cuando se produjo la mayor regularización de inmigrantes de nuestra historia. Eso aconteció en el Gobierno anterior y eso tuvo un efecto llamado».
También reprochó la iniciativa de la UDI de impugnar el proceso en el Tribunal Constitucional. «Me llama la atención que se pretende impugnar una medida cuyo contenido desconoce. O sea, cuál es el fundamento jurídico para adelantar un cuestionamiento respecto de una decisión en concreto cuyo contenido desconoce. Yo entiendo que cuando un responsable en la vida, lo que hace primero es informarse de los detalles y después toma decisiones, pero parece que hay quienes lo hacen al revés», adujo.(Emol)