El Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo autónomo que vela por la transparencia en la función de las autoridades públicas y el acceso a la información sobre los actos de administración del Estado, se encuentra paralizado sin poder sesionar debido a que el gobierno no ha enviado al Senado los candidatos para llenar los cupos vacantes en el consejo directivo.
- Ya en 2023, el Consejo debió funcionar a media máquina debido a que en marzo el gobierno nombró a la consejera Gloria de la Fuente como nueva subsecretaria de Relaciones Exteriores y dejó vacante ese cupo.
- El CPLT, que originalmente tiene cuatro miembros, realizó durante 2023 sus sesiones sólo con tres. Además la consejera Natalia González debió equilibrar sus laboras en el Consejo con su rol como comisionada experta de la Consejo Constitucional. Las sesiones se realizaban vía zoom, cuando las agendas de los consejeros coincidían.
- Pero los problemas se agravaron. El 21 de diciembre se realizó la última sesión de Consejo, ya que el consejero Francisco Javier Leturia cumplió su plazo legal de 6 años en el organismo. El gobierno no propuso reemplazante ni tampoco envió el nombre de Leturia para cumplir un nuevo período en el organismo.
- Con solo dos miembros, Bernardo Navarrete, el presidente del organismo, y Natalia González, se suspendieron indefinidamente las sesiones por falta de quorum.
Avisos al gobierno. A través de mensajes whatsapp y conversaciones en varias instancias, los miembros del Consejo para la Transparencia le han insistido al gobierno durante varios meses para que llene los cupos vacantes para poder seguir funcionando.
- Bernardo Navarrete se reunió hace un tiempo con la subsecretaria del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, para manifestarle la urgencia del tema. Ella le respondió que intentarían tener las propuestas de reemplazo a fines de enero.
- Consultados en Segpres, señalan que se están realizando las conversaciones en el Senado para lograr los votos, ya que se necesitan 2/3 para aprobar los nombres.
- En cualquier caso, debido al receso de febrero y que los nombres requieren discusión parlamentaria, y los candidatos deben exponer ante la comisión de constitución, en el CPLT temen que puedan estar hasta abril sin operar.
- Varias agrupaciones de la sociedad civil – América Transparente, GobLab UAI, Ciudadanía Inteligente, Derechos Digitales, Chile Transparente y otras 23 organizaciones- publicaron una declaración en El Mercurio señalando que “la falta de acción por parte del gobierno para presentar oportunamente candidaturas a consejeros del CPLT, es alarmante. Este estancamiento no solo impide el funcionamiento efectivo del consejo, sino que también socava la confianza en las instituciones”.
- “Esta situación pone en peligro la lucha contra la corrupción y la capacidad de los ciudadanos de hacer responsables a sus autoridades”.
“Inaceptable”. El presidente del Consejo, Bernardo Navarrete, calificó la demora del gobierno como “insólita e inaceptable”, ya que el período de renovación los consejeros es conocido. Además, al contrario de otros organismos, no cuentan con mecanismos de suplencia para seguir trabajando.
- “Mil chilenos mensualmente no podrán ejercer el derecho a apelar cuando un organismo no entrega información o entrega información incompleta, en particular cuando la transparencia sirve para enfrentar problemas de corrupción”.
- “A propósito del caso de las reuniones de autoridades en casa de Pablo Zalaquett, hoy las noticias apuntan al derecho a acceso a la información ¿Con quién se reunió? ¿Hubo algún documento previo? ¿Hubo alguna minuta elaborada por el servicio o por los gestores de intereses? Todo eso queda en la penumbra porque nosotros no podemos entrar a resolver aquello que los ciudadanos entienden como denegación de información”.
- Además de no poder responder requerimientos sobre solicitudes de información, el CPLT no podrá ordenar o aprobar sumarios sobre transparencia activa (la obligación de informar contratos, dictamenes, personal, sueldos, etc en el sitio web).
- En un resiente informe del consejo detectó bajo cumplimiento de la normativa por parte de las subsecretarías. El Consejo les dio un plazo de 10 días hábiles para subsanar los problemas, pero ahora no podrán tomar medidas si no lo hacen.
- O, ejemplifica Navarrete, tampoco se podrán abordar los requerimientos de transparencia respecto a las listas de espera en hospitales, luego que se denunciara que en el Hospital Sótero del Río se estaba beneficiando a familiares de funcionarios.
- El Consejo ha pasado de resolver 500 casos anuales en sus orígenes en 2008 a 12 mil casos al año. En cada sesión se revisan cerca de 100 causas. (Ex Ante)
