El texto original de la Constitución del 80 fue aberrante y particularmente sus 29 artículos transitorios. Pero tanto o más lo fue su forma de elaboración.
Es importante recordar este proceso porque explica, al menos en parte, el actual interés por la participación.
La Constitución del 80 fue elaborada en secreto. El proceso de estudio tomó cinco años en la Comisión redactora del anteproyecto, la que se hizo en recintos cerrados y con total opacidad. Luego, el texto fue enviado al Consejo de Estado, una institución integrada por personas designadas por el régimen, las que se tomaron veintidós meses para emitir su informe. Éste pasó a la Junta Militar que debía aprobarlo y que lo hizo en secreto, tomándose dos meses adicionales y sin que de sus discusiones se conozcan actas ni la presencia de asesores, lo que habría parecido necesario dada la absoluta ignorancia de sus miembros en materias constitucionales.
Y al cabo de estos siete años de elaboración en secreto, bruscamente, la noche del 10 de agosto de 1980, un discurso de Pinochet notificó a los chilenos que tendrían treinta días para discutir, organizarse y votar la que él llamó “la Constitución de la Libertad”. En treinta días debían ir a un plebiscito para aprobar o rechazar la Carta que marcaría sus vidas y que estaba construida para asegurar por, a lo menos, 16 años el gobierno del dictador y probablemente por 24 (8 años del período transitorio; 8 años más por una designación plebiscitaria; y ello sin que hubiera obstáculo para su reelección en 1996).
Pero los chilenos, en esos treinta días de plazo que tenían para “participar” en el proceso constituyente, debían hacerlo bajo Estado de Sitio, con censura de prensa, con las universidades bajo intervención militar y donde los partidos y los sindicatos estaban proscritos.
Hoy, acorde a las encuestas, sobre el 65% de la gente quiere una nueva Constitución. Y más de un 50% dice estar decidido a participar o considerando hacerlo. La cifra sorprende, pues es sabido que lo que caracteriza a las masas es una “pereza gregaria”, en que salvo la preocupación por sus asuntos personales, “no está ni ahí” con participar en sindicatos, gremios, partidos o cabildos para discutir un asunto tan complejo como una Constitución.
Pretender que -en el actual clima y desarrollo del país- el anteproyecto de una nueva Constitución pueda ser elaborado en salas cerradas y por un puñado de notables, no sólo es un imposible político sino un acto de ceguera y estupidez. Negar la participación es imposible. Si en la derecha hay quienes piensan que los cabildos se llenarán de “minorías proféticas”, mayormente de izquierda, lo que deben hacer es abandonar su “pereza gregaria” e ir a plantear aquellas ideas en que creen; vencer la apatía y la indiferencia que tanto daño ha hecho a ese sector y al país. Entender que en política, más que en ninguna otra actividad, las buenas causas e ideas -y todos creemos tenerlas- si no hay una masa crítica que las defienda, están condenadas a ser derrotadas. (La Tercera)
Genaro Arriagada