La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha durado más de lo anticipado y ha llevado a que todos los países hayan tenido que corregir a la baja la proyección de crecimiento para el presente año. De hecho, el mundo creció en 3,7% el año pasado y se estima lo hará en solo 3,1% en el 2019. Este cambio de ritmo ha impactado en el precio de nuestras exportaciones, particularmente en el cobre, en donde el precio era de US$ 3,2 por libra a principios del 2018 y ahora alcanza a solo US$ 2, 56 por libra. Esta caída de 20% implica una pérdida anualizada de cerca de US$ 7.750 millones en exportaciones. El precio del petróleo también es algo menor, pero dicho ahorro no alcanza a compensar ni siquiera el 10% de lo perdido por menor precio del cobre.
Ante estos shocks económicos, debemos desplegar la batería de instrumentos disponible que permitan mitigar el negativo impacto sobre las variables reales, como crecimiento y empleo, entre las cuales se encuentran las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. En relación a la primera, el Consejo del Banco Central redujo, el 7 de junio pasado, la tasa de interés de política monetaria (TPM) de 3 a 2,5%. Se reunirán nuevamente la próxima semana y es altamente probable que comunique una nueva reducción. Esta política monetaria más expansiva está siendo adoptada por la gran mayoría de los países y la baja inflación proyectada genera el espacio para que este estímulo sea usado adecuadamente.
La política cambiaria, en un régimen de tipo de cambio libre, ha permitido la devaluación de nuestra moneda en cerca de 10% en los últimos 12 meses, al pasar desde $656 por dólar de agosto del año pasado a los $720 de la actualidad. Esto hace subir, en 12 meses, nuestro tipo de cambio real en 3,7% aproximadamente, lo que les permite a nuestras exportaciones enfrentar al adverso escenario externo.
La política fiscal, por su parte, también tiene su rol, y es así como el ministro de Hacienda ha anunciado la aceleración del calendario de ejecución del presupuesto fiscal con sustancial énfasis en inversión pública, que tiene un alto poder multiplicador en empleos. Esto genera probablemente un mayor déficit fiscal efectivo para el presente año, pero sin abandonar la meta de reducir el déficit estructural durante la actual administración. Así, la agenda de aceleración económica contiene un impulso fiscal por cerca de US$ 3.000 millones, equivalente a 1% del PIB, cuyo impacto más notorio se observará en la primera mitad del próximo año.
De esta manera, las tres políticas económicas están alineadas para enfrentar el ciclo externo adverso, lo cual mitiga el impacto. Pero no debemos dejar de lado las reformas pendientes para elevar el crecimiento tendencial, que actualmente el Banco Central estima entre 3,25 y 3,75% para el período 2019-2028, por lo cual es indispensable el pronto despacho del proyecto de modernización tributaria y su positivo impacto en los incentivos para invertir por parte de las empresas. Asimismo, el proyecto de pensiones no solo mejorará las pensiones actuales y futuras, sino también incrementará la tasa de ahorro de nuestra economía, que actualmente se encuentra en torno a 21% del PIB, siendo deseable que estuviera en, a lo menos, 25% del PIB.
Por último, la agenda del ministro Fontaine incrementará la intensidad competitiva en varios mercados, como el farmacéutico, al mismo tiempo que elevará la eficiencia con la que opera nuestra economía. Así, contra viento y marea, es necesario perseverar en las políticas públicas adecuadas, reflexivas y de impacto estructural, que harán de Chile el primer país desarrollado de América Latina. (La Tercera)
Tomás Flores
