Gendarmería de Chile ha sido objeto de una serie de auditorías en los últimos meses, en las que se han descubierto irregularidades. En esta ocasión, la Contraloría General de la República emitió un informe luego de una investigación, solicitada por diputados UDI, que fiscalizó “la implementación y funcionamiento del nuevo servicio de inhibición de telefonía móvil contratado en el año 2023, para los recintos penitenciarios del denominado ‘paño Pedro Montt’”, compuesto por “Santiago 1, Santiago Sur y la Unidad Especial de Alta Seguridad”.
En el documento, se describe parte del funcionamiento del sistema —adquirido por un valor de $5.600 millones—, que incorpora a su base de datos los números del dispositivo (IMEI) y los de las tarjetas SIM (IMSI) en una “lista blanca” y una “lista negra”, que definen respectivamente la autorización para operar, en el caso de los celulares de los funcionarios, o el bloqueo de aparatos irregulares que pertenecerían a los internos.
En ese contexto, Contraloría precisa que “las listas fueron implementadas por Gendarmería de Chile para evitar el bloqueo de los equipos telefónicos y de radiocomunicación que pertenecen a los funcionarios de la entidad. Se solicitó un listado solo con la identificación de los códigos de IMEI y/o IMSI, sin nombre o identificación de un responsable”.
Así, el organismo fiscalizador asegura en el documento que “se evidenció que 186 IMEI y 37 IMSI incluidos en listas blancas presentaron conductas anómalas —referidas principalmente a la utilización de más de una tarjeta SIM en un mismo dispositivo y georreferenciación de IMSI en ubicación no autorizada— los cuales continúan en dicha lista”. Dicha situación “fue motivo de un sumario administrativo por parte de Gendarmería de Chile, el cual se encuentra en tramitación”. (El Mercurio)
