La Contraloría Regional de La Araucanía inició esta semana una fiscalización a la Universidad de la Frontera (UFRO) por los «elevados sueldos» que supuestamente perciben algunos directivos y académicos, pero también por «eventuales problemas financieros y presupuestarios».
Esto tras artículos de prensa que esta semana dieron cuenta de que tres académicos han recibido remuneraciones superiores a los 20 millones de pesos y uno en particular, de cerca de 30 millones.
El órgano fiscalizador ofició al plantel público, asentado en la Región de La Araucanía, para que envíe antecedentes sobre el presupuesto, la ejecución y sus modificaciones de los años 2023 y 2024.
También le requirió que remita el dictamen y la carta de recomendaciones entregada como resultado de la auditoría externa a los estados financieros individuales y consolidados de 2023; y libros de remuneraciones y honorarios de los años 2023 y lo que va del 2024.
La UFRO tiene dio un plazo de 10 días hábiles para entregar los antecedentes solicitados.
«Toda esta información deberá dar cuenta de la fuente de financiamiento, informes de auditoría interna relacionados con la materia de personal, presupuestaria y financiera de los años 2023 y 2024 y los mecanismos de control de la jornada de trabajo y excepciones«, apuntó la Contraloría.
La polémica por altos salarios en casas de estudios ya había marcado el debate público en los últimos meses luego de que se revelara que la exministra y excandidata a alcaldesa Marcela Cubillos solía recibir 17 millones de pesos mensuales en la Universidad San Sebastián, donde se desempeñó como docente desde el año 2020 hasta agosto pasado.
Aquello motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por presuntos delitos de corrupción, a raíz de una denuncia de diputados socialistas.
En ese contexto también surgieron informaciones sobre contratos directos que suscribieron el Ministerio de Educación y la USS durante el período en que Cubillos fue ministra. Diputados oficialistas recurrieron a Contraloría, que a fines de septiembre ofició a la Subsecretaría de Educación Superior y a la Superintendencia de Educación Superior para que remitiera informes al respecto.
UFRO ATRIBUYE «INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA»
En tanto, previo al oficio del órgano contralor, la UFRO salió a explicar su situación a través de una declaración pública.
La institución achacó que las publicaciones de los medios se basaron en una «interpretación equivocada» de la información disponible en la plataforma de Transparencia de la propia universidad, y cuestionó que los artículos periodísticos generaron «desinformación y confusión».
«Las remuneraciones del cuerpo académico se encuentran normadas, precisamente por nuestra calidad de universidad estatal», subrayó, remarcando que los sueldos referidos en la prensa «se trata de casos puntuales en meses determinados».
En estos, «académicos de la más alta jerarquía recibieron una remuneración líquida de 12 millones de pesos aproximadamente, monto que considera asignaciones de prestación de servicios que corresponden a recursos de otras fuentes de financiamiento, que no son de los fondos estructurales de la universidad -por ejemplo, asignación por proyectos, asistencia técnica, educación continua-, pero que aparecen reflejadas en la remuneración».
Es decir, «casos puntuales donde una remuneración se ve abultada en un mes en particular porque en ese periodo el académico percibió prestaciones de servicios o asignaciones: se trata de académicos que tienen una alta participación en investigación y en educación continua, pero no es una situación común ni corresponde a remuneraciones que sean mensuales», expuso la UFRO.
En ese marco, el plantel estatal detalló que un «Profesor Titular A», la más alta jerarquía de la universidad, el sueldo normado sería de unos 4,7 millones de pesos, monto a partir del cual se van sumando «adicionales» como, por ejemplo, bienios por antigüedad, una asignación estandarizada por el grado de doctor e incentivos a la productividad científica. (Cooperativa)
