El 9 de marzo de 1990, dos días antes de que asumiera Patricio Aylwin como Presidente, con lo que se puso fin a la dictadura, el Ejército le compró a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, en representación del Fisco, un terreno de 58 hectáreas en la comuna de Victoria, en La Araucanía, por $ 25 millones.
Después, el 23 de julio de 1993, el Ministerio de Bienes Nacionales emitió el Decreto Exento Nº 132, destinando esa propiedad -de uso fiscal- al Ministerio de Defensa para el funcionamiento del Batallón de Transporte N° 4 de Victoria. Posteriormente, a través del Decreto Exento 209, del 19 de febrero de 1998, se modificó el documento anterior, excluyéndose parte del terreno. Y la parte restante que permaneció para ese batallón del Ejército corresponde a casi seis hectáreas que el Comando de Ingenieros de la institución castrense intentó vender a partir del 19 de enero de este año, ofertando una licitación pública por 30 mil 524 UF, es decir, cerca de $ 791 millones.
La intención de vender -publicada por el Ejército en un aviso en el diario Austral de Temuco- surgió luego de que la Municipalidad de Victoria solicitara una pequeña franja de ese terreno para destinarlo a un barrio cívico.
Ante esta situación, el senador Eugenio Tuma (PPD) -quien representa a esa zona en el Congreso- recurrió a Contraloría para que se pronunciara sobre la legalidad de ese procedimiento, considerando que en los dos decretos antes mencionados se establece que “si el servicio beneficiario no utilizare el inmueble en los fines señalados o si lo cediere, a cualquier título, se pondrá término inmediato a la presente destinación”.
En el oficio que Tuma envió a Contraloría se señala que “la referida propiedad fiscal fue adquirida en representación del Fisco por don Hernando Hormazábal Díaz, comandante del Comando de Ingenieros del Ejército”, lo que fue respondido el 29 de abril pasado por el organismo que dirige Jorge Bermúdez.
En un dictamen de cuatro carillas, firmado por el propio contralor, se bloquea la venta de esos terrenos y se pide al gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que intervenga para fiscalizar la situación.
“El servicio en cuyo beneficio se hace una destinación tiene la obligación de emplear el bien exclusivamente en el objeto para el cual se solicitó, y si por cualquier motivo dejare de utilizarse en dicho fin, debe ponerlo de inmediato a disposición de la mencionada Secretaría de Estado para su debida administración”, se lee en el escrito.
En este sentido, se agrega que “en caso de haber dejado de cumplirse el objeto que justificó el otorgamiento de la destinación en cuestión, producto de la no utilización del inmueble para el funcionamiento del Batallón de Transporte (…), el Ejército de Chile se encuentra obligado a ponerlo a inmediata disposición del Ministerio de Bienes Nacionales”. Y se agrega que “de este modo, la anotada Secretaría de Estado debe ejercer las facultades de fiscalización que le otorga el ordenamiento jurídico para verificar el cumplimiento del objeto de la destinación (del terreno) y, en el evento de advertir su falta de utilización, corresponde dejarla sin efecto”.
El tema fue abordado ayer durante una reunión entre el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, el senador Tuma, su par de RN José García -también representante de La Araucanía- y el alcalde de Victoria, Hugo Monsalves. “El Ejército no ha cumplido con los decretos, porque el sólo hecho de llamar a licitación es que se declara el terreno -que era destinado para uso de un batallón- como prescindible”. Y agregó: “No pueden hacer uso de recursos fiscales en forma arbitraria y para negocios inmobiliarios”.
RAZONES DE LA PROHIBICIÓN
El pronunciamiento de la Contraloría fue solicitado por el senador PPD Eugenio Tuma, aludiendo que el Ejército debido a que «fue destinado por el Ministerio de Bienes Nacionales bajo la condición de que, en caso de no ser utilizado en los fines previstos o ser cedido a cualquier título, se pondría término de inmediato a la anotada destinación, supuesto que se cumpliría en este caso».
En el documento, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, se acoge la tesis del senador, señalando que «en cuanto a las condiciones en que fue otorgada la anotada destinación, el citado acto administrativo dispuso, en lo pertinente, que ‘si el servicio beneficiario no utilizare el inmueble en los fines señalados o si lo cediere, a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación'».
Este sería el principal motivo por el que se impide que el Ejército venda el terreno, que fue adquirido días antes de que asumiera el gobierno de Patricio Aylwin en 1990 en $25 millones, y que sería vendido en $720 millones.
La Contraloría explica también que «las facultades de adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado o fiscales corresponde al Presidente de la República, quien las ejerce a través del Ministerio de Bienes Nacionales, salvo las excepciones legales».
El organismo fiscalizador reconoce que de acuerdo al decreto ley N° 1.113, mediante el cual fue adquirido el terreno, es el Ejército el encargado de administrar y enajenarlo, pero puntualiza que pese a esto, «es dable señalar que éste no contiene disposiciones sobre el particular, cobrando plena aplicación el régimen general contenido en el mencionado decreto ley N° 1.939. Así entonces, la administración de dichos terrenos corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, atendida su naturaleza de bienes fiscales, quien la ejerce a través de destinaciones, concesiones, afectaciones y arrendamientos, de conformidad con lo dispuesto en el Título III de ese texto legal».
El principal argumento es que el Ministerio de Bienes Nacionales debe comprobar que en el lugar efectivamente se encuentre funcionando el Batallón de Transporte N°4 de Victoria, para lo que fue destinado el terreno, y en caso de que no sea así, «adoptar las medidas que en derecho corresponda, a fin de que sea puesto a su disposición para su debida administración». (La Tercera)
