A través un documento de cinco páginas que hizo público ayer, la Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración efectuada por Codelco al dictamen en que el organismo cuestionó el pago de una indemnización superior a $ 500 millones al ex director de la minera, Augusto González. En su solicitud, la estatal había alegado la improcedencia de la supervisión de la Contraloría respecto de sus decisiones en el ámbito laboral, lo que coartaría su autonomía patrimonial y afectaría las normas de gobierno corporativo de la cuprera.
La respuesta de la entidad fiscalizadora encabezada por Jorge Bermúdez, subrayó, entre otros, que en su calidad de organismo de la Administración del Estado, respecto de los cuales la Constitución le otorga a Contraloría facultades de control, Codelco está sujeto a la revisión de legalidad de sus actos y la fiscalización de sus ingresos y la inversión de sus fondos.
Señala además que la normativa que crea la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), establece que “esta Contraloría General fiscaliza, a través de esa comisión, a las sociedades colectivas del Estado o a la o las empresas que sean sus continuadoras legales, -calidad que tiene Codelco”, dice el dictamen.
En relación a la mencionada indemnización, el dictamen del contralor puntualizó que “los pagos realizados a dicho ex trabajador se conformaron con las estipulaciones del contrato colectivo vigente para su sector”. En ese sentido, señaló que el cálculo de la indemnización por años de servicio “se ajustó a las cláusulas del convenio colectivo respectivo”, y que sólo se objetó “el pago de vacaciones”, al haberse acumulado por más de los dos períodos consecutivos permitidos por el Código del Trabajo y por no existir una regla clara en el instrumento colectivo.
AUTONOMÍA LABORAL
Más allá de lo anterior, la Contraloría aclaró que “el aludido dictamen no ha determinado la imposibilidad de que Codelco lleve a cabo negociaciones colectivas con sus trabajadores, como pareciera entender el interesado”. Agregó que el dictamen “de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores (…) menos aún tal dictamen no se refiere a la forma de administración de la aludida Corporación ni pretende hacerle aplicable a esta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública”, dijo.
Concluye señalando que como órgano de la Administración del Estado, Codelco debe “manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos, lo que implica una gestión eficiente y eficaz”.
Tras conocer el oficio emanado de Contraloría, en Codelco elaboraron un comunicado interno donde señalaron que recibe con tranquilidad “el reconocimiento de las atribuciones de su gobierno corporativo, y del modelo de gestión”. Además, la minera dijo que entiende que su gobierno corporativo “está sujeto a los controles y responsablidades que establece el marco legal que regula a la empresa”. Desde Codelco señalaron que confían que los criterios contenidos en este dictamen, “serán ratificados en relación con las restantes materias propias de la gestión del gobierno corporativo”.
FISCAL PIDE ANTECEDENTES
La fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente pidió a Codelco la entrega voluntaria de los contratos por $31 mil millones con uno de sus proveedores, Hatch Ingenieros y ConsultoresLimitada, los que -según una auditoría de la Contraloría General de la República- no estuvieron apegados a la ley.
Según informa hoy El Mercurio, la situación afecta también a convenios de prestación de servicios suscritos por la cuprera con otras empresas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, período que comprende la fiscalización.
Sobre Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, el informe indica que el representante legal de la sociedad tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin que se comunicara de estos contratos al órgano contralor, y tampoco a la Cámara de Diputados, como lo dispone el inciso 6° del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
Advierte, además, que «en lo concerniente a los contratos suscritos por la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco con Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, cabe dejar establecido que al momento de la celebración existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último».
En el mismo documento, la cuprera da una respuesta a los cuestionamientos.
«La Corporación argumenta que el señor Casas Cánepa es un ex trabajador de Vicepresidencia de Proyectos, el cual se desempeñó en Codelco desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011 y entre el 15 de noviembre de 2011 y el 1 de julio de 2016, y que de la revisión de cargos, funciones y dependencias en los que se desenvolvió no tuvo relación alguna con los procesos de contratación de PMCHS o de la empresa Hatch».
La auditoría completa, que incluye el análisis de una serie de contratos administrativos de bienes y prestación de servicios, fue recibida hace algunas semanas por el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien designó a los fiscales de Alta Complejidad de su jurisdicción, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para dirigir las indagaciones.
A la reciente solicitud de información hecha a Codelco se suma la citación, en calidad de testigo, de la funcionaria de la Contraloría que realizó el examen que detectó las eventuales irregularidades en los contratos.
Se trata de Marta Navea, jefa de la unidad de auditorías especiales del órgano contralor, quien testificaría la próxima semana.
EL GOBIERNO
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, manifestó la preocupación del Gobierno frente a los últimos dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, respecto a la función de las empresa públicas, tras los pronunciamiento sobre la gestión de Codelco.
«Como Gobierno estamos preocupados y ocupados de que las empresas públicas mantengan siempre en Chile una gestión proba eficiente y eficaz, pero al mismo tiempo en los últimos meses la Contraloría general de la República ha tenido una serie de pronunciamientos que cambian significativamente la interpretación que existía hasta ahora de varios aspectos que tienen relación a cómo es una buena administración de las empresas públicas», dijo el jefe de las finanzas públicas.
«Específicamente hemos pedido a la Contraloría que clarifique un conjunto de situaciones que a nuestro juicio ponen en riesgo una adecuada administración de las empresas públicas», añadió.
Valdés si bien reconoció una buena disposición en el contralor Jorge Bermúdez para conversar, el ministro de Hacienda enfatizó que «creemos que es necesario clarificar mejor una serie de aspectos que aún no parecen suficientemente claros y además que hoy percibimos que se empieza a instalar un escenario de incertidumbre en la administración superior de varias de estas empresas respecto, por ejemplo a sus facultades, hasta dónde llegan lo que evidentemente puede impactar su buen funcionamiento».
Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que «nosotros comprendemos la preocupación de los directorios respectivos y vamos a apoyar las medidas que ellos consideran apropiado tomar. Esto incluye, si fuera necesario, que estos temas sean resueltos por los tribunales de justicia como corresponde en un Estado de derecho».
Por último, titular de Hacienda expresó que «he decidido hacer pública esta posición porque vemos que es muy importante tener certeza jurídica respecto del marco que rigen a las empresas públicas y que garantice que tengan una gestión adecuada competitiva con los controles adecuados».
CODELCO: REGLAS CLARAS
El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, valoró el último oficio de la Contraloría que «reconoce nuestras facultades como empresa».
Sin embargo, manifestó que «lo que nosotros queremos es que tengamos claras las reglas del juego. Si somos una empresa privada del Estado de Chile vamos a competir con las privadas que es lo que nosotros somos a mi juicio». (La Tercera-El Mercurio-Cambio 21)
