Tras más de un año de investigación, la Contraloría evacuó en septiembre las conclusiones de su sumario a la Dirección Administrativa de la Presidencia. Dicho procedimiento terminó con una recomendación de sanción contra Cristián Riquelme, el exdirector de la repartición pública y exmiembro del G-90. También se cuestionó a otros tres funcionarios, principalmente, por utilizar sin justificación la modalidad de trato directo, en vez de licitación, en las contrataciones de los proveedores.
Con severos reproches a la modalidad de contratación de proveedores y la aplicación de medidas disciplinarias a cuatro funcionarios gubernamentales, terminó el sumario que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección Administrativa de la Presidencia, tras más de un año de investigación.
El órgano fiscalizador, dirigido por Jorge Bermúdez, cuestionó, entre otros, la contratación vía trato directo de cinco proveedores, además de la contratación en paralelo a su productora, de Tatiana Gaviola Artigas, quien está a cargo de desarrollar la memoria presidencial, un documental que pretende resumir los hitos del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
De acuerdo a los resultados del sumario, al cual tuvo acceso Radio Bío Bío vía Ley de Transparencia, Bermúdez propuso al gobierno aplicarle a Cristián Riquelme, el exdirector administrativo de la Presidencia y exmiembro de la denominada G-90, una multa del 50% de su sueldo mensual y la suspensión de un mes de su cargo. Riquelme, sin embargo, dejó su puesto el 23 de febrero de 2016, una semana después que se instruyera dicho sumario y luego de una serie de críticas políticas por su rol en los casos SQM y Caval. Debido a lo anterior, la propuesta de sanción de Bermúdez no puede aplicarse.
Los que sí podrían recibir sanciones son los tres funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia que aún se mantienen en funciones en el gobierno. Se trata de Óscar Sandoval, actual director de la repartición; Natalie Vilches, exjefa del departamento de Abastecimiento; y Germán Yovane, jefe del departamento Jurídico. A Sandoval la Contraloría recomendó, inicialmente, multarlo con 50% de su sueldo mensual y suspenderlo de sus funciones durante 30 días. Pero el funcionario apeló y logró rebajar la propuesta de sanción al 20% de su sueldo mensual. Yovane también apeló y logró bajar la recomendación de sanción al 15% de su sueldo mensual, mientras que la apelación de Vilches fue rechazada y se mantuvo la propuesta de multarla con el 20% de su sueldo mensual.
La Contraloría terminó el sumario el 6 de septiembre pasado, el cual no es vinculante. De hecho, es el gobierno ahora el que debe ponderar la recomendación de Bermúdez para aplicar, o no, dichas sanciones. En el caso de Sandoval, es su jefa directa quien debe decidir si lo sanciona, es decir, la Presidenta Michelle Bachelet. Las eventuales sanciones de Vilches y Yovane, en tanto, están en manos del mismo Sandoval, en su calidad de jefe de dichos funcionarios. Hasta el cierre de esta edición, La Radio intentó, infructuosamente, obtener una respuesta del gobierno sobre la aplicación, o no, de estas sanciones.
ROL DE RIQUELME
Cristián Riquelme fue el director administrativo de la Presidencia durante todo el primer gobierno de Bachelet. Luego, fue el encargado de las platas de su campaña electoral y cuando Bachelet ganó las elecciones que la instalaron a comienzos de 2014 por segunda vez en La Moneda, lo nombró nuevamente como director administrativo de la Presidencia. Pero Riquelme fue cuestionado y sufrió una suerte similar a los otros miembros de la G-90, ese selecto grupo de jóvenes políticos del PPD, comandados por Rodrigo Peñailillo, que tomaron notoriedad en la primera parte del segundo gobierno de Bachelet.
A Riquelme se le criticó por reunirse con el operador político de la UDI y uno de los condenados por el caso Caval, Juan Díaz. También por su rol en el formateo del computador de Sebastián Dávalos, cuando éste dejó la Dirección Sociocultural de la Presidencia por estar implicado en el mismo caso. En el caso SQM, en tanto, Riquelme apareció vinculado a Giorgio Martelli, el principal recaudador de fondos de la campaña presidencial e investigado por emitir boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica. Martelli declaró haber realizado préstamos a Riquelme por un total de 32,5 millones de pesos durante la llamada pre campaña.
Pero Riquelme no fue investigado por ninguno de estos casos por la Contraloría. Lo que indagó el organismo conducido por Bermúdez fueron las eventuales faltas administrativas que cometió el exfuncionario mientras dirigía la repartición pública. Dado lo anterior, se levantaron siete cargos distintos en su contra.
El primero tiene relación con no haber incluido en su declaración de intereses y patrimonio su participación en la sociedad Asesoría e Inversiones Greentec. Otros cinco cargos que se le levantaron tienen relación con la contratación, vía trato directo, de las empresas Capacitación y Organización de Eventos Guillermo Rodríguez Cía; Flores Tairona Ltda.; Constructora e Inmobiliaria 2.000 Ltda.; Gestión y Producción Ahumada Ltda. (Gestus); Gaviola y García Producciones de Cine y Tv Ltda.; y la dueña de dicha productora, Tatiana Gaviola. El séptimo cargo, en tanto, tiene que ver con la contratación posterior a los servicios prestados por la empresa Capacitación y Organización de Eventos Guillermo Rodríguez.
En su defensa, Riquelme dijo que no se realizaron licitaciones, pues los servicios que se debían contratar requerían proveedores capacitados y de confianza del gobierno. Respecto a Flores Tairona, por ejemplo, dijo que “este proveedor venía de antes de la administración actual, del año 2013 y nos pareció que estaba bien evaluado su desempeño (…) La decisión de seguir con este proveedor se adoptó por los funcionarios que pertenecen al segundo piso de La Moneda”.
De acuerdo a las facturas que Contraloría adosó a su carpeta investigativa, Flores Tairona fue contratada por dos años por un monto, en total, de 150 millones de pesos. Pero el proveedor que más problemas podía traerle al gobierno no era ese, sino Gaviola y García Producciones de Cine y Tv Ltda. La productora fue contratada para realizar un documental sobre la memoria presidencial, una iniciativa que los gobiernos acostumbran realizar como parte de su legado. Bachelet no fue la excepción y se encargó dicho trabajo a Tatiana Gaviola. El problema fue que, aparte del trato directo para ambas contrataciones, ni Gaviola ni su productora estaban inscritas en el registro de Chileproveedores. Riquelme tampoco fue preciso en diferenciar el trabajo de Gaviola y su productora, por lo que Contraloría cuestionó la necesidad de ambos contratos simultáneos.
Pero la idea de llevar a Gaviola al gobierno no fue de Riquelme. Según su declaración, fue la jefa de Gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien se lo instruyó vía correo electrónico. De hecho, Uriarte es una vieja conocida del entorno familiar de Gaviola, específicamente, de su padre. Inicialmente, los servicios por la memoria presidencial consideraban un gasto de 40 millones de pesos, pero dicho monto habría llegado hasta los 91 millones de pesos.
Los otros contratos, millonarios todos, también fueron cuestionados por Contraloría y se le aplicaron cargos similares a los otros tres funcionarios de la repartición pública. Y aunque el principal reproche de Contraloría tiene que ver, precisamente, con la modalidad de trato directo en los contratos con los proveedores, lo cierto es que dicha modalidad de contratos ha evolucionado, aunque marginalmente, a la baja en los últimos años. De hecho, y de acuerdo a datos de la carpeta investigativa de Contraloría, cuando Sebastián Piñera era Presidente los contratos vía trato directo eran similares a los que se han aplicado en el gobierno de Bachelet.
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PRESIDENCIA 2010-2015
