“Después de 20 años en prisión se le sanciona por la incautación de celulares en tres oportunidades, los que usó para comunicarse con sus padres (madre fallecida el mes pasado) con su esposa e hijos. Jamás usó esta comunicación en hechos delictuales o en contra de Gendarmería”.
Así parte el escrito que presentó la defensa del ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán, al ministro en visita Mario Carroza. Esto, a pocos días después de que Gendarmería sancionó y trasladó al ex uniformado desde Punta Peuco a la Cárcel de Alta Seguridad, tras detectar que tenía un celular en su poder.
El oficial en retiro del Ejército está recluido en el módulo de máxima seguridad de este recinto, donde deberá cumplir sus condenadas, una de ellas de presidio perpetuo, por violaciones a los derechos humanos.
El abogado de Corbalán, Enrique Ibarra, interpuso la petición ante Carroza en el marco de la causa, donde está procesado por tres homicidios calificados ocurridos en septiembre de 1983. En el documento aduce que su defendido tiene una serie de enfermedades, como hernias lumbares, diabetes, hipertensión, ha perdido la visión en uno de sus ojos y ha sido intervenido por un cáncer. “Transgrediendo este diagnóstico fue recluido en una cárcel de castigo de máxima seguridad, en una celda incomunicado; (tiene que) ducharse con agua helada, lo que ha afectado sus lesiones lumbares; y por su dolor lumbar ha solicitado un segundo colchón para poder soportar una cama de cemento de hormigón armado, lo que poco mitiga su dolencia”, dice el escrito.
Agregó que Corbalán ha tenido que ir al siquiatra y se le recetaron ansiolíticos y que ha tenido problemas “por recibir alimentación liviana a la que no estaba acostumbrado”.
AMENAZA DE MUERTE
Finalmente, relató las presuntas amenazas de muerte que sufrió el ex jefe operativo de la CNI. “Durante los tres días que lleva recluido ha recibido gritos, insultos y amenazas de muerte de manera permanente, incluso durante la noche, perturbándole su descanso (….) Su custodio debió intervenir ante un sujeto que llegó hasta la reja de su calabozo amenazándolo de muerte. Todo lo anterior y el rigor de las medidas aplicadas importan una violación evidente de sus derechos humanos que transgreden las normas vigentes y constitucionales”, estipula el documento.
Ante esto, pidió que sea trasladado al Hospital Militar, por lo que el juez Carroza ofició ayer a Gendarmería para que remita los informes médicos de Corbalán cuando estaba en Punta Peuco y cuando arribó a la Cárcel de Alta Seguridad. Además, de su ficha clínica. “Se requiere de una acción cautelar de urgencia y acreditada la condición médica de mi representado”, señala el recurso.
De acuerdo al abogado especialista en causa de violaciones de derechos humanos, Nelson Caucoto, el Hospital Militar “no es una cárcel, sino un centro asistencial de salud. El lugar donde está se lo procuró él por la infracción de los reglamentos carcelarios. El régimen penitenciario tiene sus reglas y el que las viola de forma reiterada, debe tener sanciones cada vez más graves”.
Caucoto agregó que “la medida disciplinaria aplicada está ajustada a la ley. Esto es un mensaje para los otros integrantes de Punta Peuco. No tiene nada que ver con la violación de los derechos humanos de una persona. El está consciente que vulneró gravemente el reglamento”.
