Las empresas, sobre todo las ligadas al comercio, se está enfrentando a lo que ya varios califican como un nuevo «impuesto», relacionado a un creciente gasto en seguridad.
Y es que la ola delincuencial y la amenaza del narcotráfico están obligando a las empresas a invertir recursos considerando variables que antes no necesitaban tomar en cuenta o, al menos, no en la magnitud actual.
Las ferias de Lo Valledor y La Vega, que han tenido que extremar medidas producto de la inseguridad, son un claro ejemplo de lo que ocurre. Entre ambas, informaron hace algunos días, hacen una inversión anual en este ítem que bordea lo US$2 millones.
En el mercado de Lo Valledor existen torniquetes, cuatro pórticos, más de 300 cámaras de seguridad y puertas que tienen púas para evitar la huida de eventuales ladrones, además de vigilantes armados. En La Vega, en tanto, cuentan con alrededor de 500 cámaras y 60 guardias.
En dos meses más, se contempla la instalación de detectores de metales en los 15 accesos, para evitar ingreso de armas de fuego o «blancas», como cuchillos.
Otro caso es el de las tiendas deportivas, que han reformulado sus estrategias de apertura de locales ante el incremento de la delincuencia y han optado por ubicaciones dentro de centros comerciales, con el objetivo de proteger la integridad de sus clientes, personal y productos.
«El factor seguridad siempre es relevante cuando elegimos dónde abrir nuestras tiendas», sostuvo Nicolás Jiménez, gerente comercial de Volkanica Outdoors. «Ese espacio evita el riesgo de ‘alunizaje’, delito que es muy común en locales comerciales expuestos a la calle», agregó.
El fenómeno, en todo caso, se expande a todas las áreas del comercio. De uno u otro modo, la inseguridad está moldeando la manera de hacer negocios.
ALZA DEL GASTO
La última encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) entrega una panorámica de la situación: cada local tiene en promedio 7,6 medidas de seguridad implementadas y un 46,1% de los encuestados aumentó sus medidas de seguridad en el primer semestre del año pasado.
Las medidas más utilizadas son cámaras de seguridad, reducción de manejo de efectivo en tienda, rejas exteriores y alarmas. Asimismo, el documento revela que un 58,8% de los encuestados tiene gastos fijos mensuales en seguridad, mientras que un 23,9% no tiene y un 17,2% no responde.
De aquellos que dicen tener gastos mensuales fijos, estos difieren según tamaño de empresa, fluctuando los promedios desde los $3,5 millones por local en las grandes; $1,1 millones en las medianas; $535 mil en las pequeñas y $390 mil en microempresas.
Por otro lado, en cuanto a la oferta de empresas de seguridad, según el estudio, estas aumentaron de 2.800 en 2017 a más de 5 mil en 2022.
«Si ya es difícil emprender en Chile, cualquier persona que quiera hacerlo debe considerar la inversión en seguridad entre sus costos fijos, por lo tanto, a la cuota de arrojo que hay que tener para emprender, hay que agregarle un porcentaje de valentía y de cuantiosa inversión en materia de seguridad para poder asumir este desafío», explica Sergio Morales, coordinador del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC.
Un estudio que hizo el año pasado Clapes UC ayuda a completar el panorama. ¿Su principal conclusión? Los gastos económicos asociados a la delincuencia crecieron un 94% (medidos en dólares de 2022) entre 2013 y 2022, siendo el sector privado el que más invierte.
NUEVO «IMPUESTO»
El gasto para protegerse de la delincuencia -que ha aumentado y que para la mayoría quedó como fijo- ha llevado a algunos a considerarlo como un nuevo «impuesto».
«La mayor causante de la crisis, del estancamiento de Chile, está en el terrible impuesto que pagamos todos los consumidores, trabajadores y dueños de capital y empresarios, que es la inseguridad, la delincuencia, las amenazas, el terrorismo, el narcotráfico. Ahí está el mayor impuesto a Chile. Veo pocos avances bajo este gobierno» dijo el martes el economista Klaus Schmidt-Hebbel a El Mercurio.
«El tema de seguridad es de responsabilidad del Estado. Entonces, cuando el sector privado gasta US$2.200 millones al año, en inversión en materia de seguridad, uno podría decir que cuando el Estado le traspasa, por la poca capacidad que tiene, al sector privado, sí pasa a ser una imposición y una imposición es un impuesto», dice, por su parte, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
SECTORES AFECTADOS
Ricardo Mewes destaca que el sistema logístico -como las empresas de transporte- es uno de los más afectados.
«Tienen GPS, medidas de corte de energía en los camiones, muchísimas cámaras de seguridad y vigilantes», comenta. Recalca, además, que «el comercio también ha tenido que reforzar su sistema de seguridad mediante cámaras y mecanismos de acceso a los distintos centros comerciales. En general, esto es bastante transversal».
El estudio de la CNC aborda también la victimización por rubro. En las tiendas y farmacias llega al 89,7%, mientras que en el sector de estaciones de servicio, automóviles y logística al 62,8%. En otros minoristas, al 60,4%.
El costo de la delincuencia, en cualquier caso, no lo absorben solo los comercios. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes señala que «cada año, un número creciente de empresas se ven en la necesidad de requerir estos servicios (de seguridad), por lo que el efecto en los precios se irá incorporando también».
Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la U. Autónoma, en tanto, señala que «la inseguridad y la delincuencia tienen un efecto en el riesgo país, y eso trae como consecuencia el encarecimiento en el acceso al financiamiento externo; es más caro endeudarse en el exterior y por ende, se incrementa el pago por intereses».
Sergio Morales añade un factor de inquietud. «Se agrega la incertidumbre que trae aparejada la recientemente promulgada ley de seguridad privada, ya que las empresas aún no saben si van a tener que asumir gastos adicionales obligatorios en esta materia, lo que debiera definir el reglamento en los próximos meses», sostiene. (Emol)
