La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó este lunes, a partir de las 10.30 horas en la sede del Congreso en Santiago, para analizar el oficio del Presidente Gabriel Boric que solicita el acuerdo de la Cámara Alta para nombrar a José Morales Opazo como fiscal nacional del Ministerio Público.
“En caso de ser ratificado por este Senado como fiscal nacional, seré el primero en asegurar la estricta aplicación de la ley, sin ceder al populismo y con una representación del Estado de derecho y la seguridad jurídica”, señaló Morales en el cierre de su presentación.
La propuesta de Boric debe ser refrendada por un quórum de 2/3, lo que significa que para que el actual fiscal jefe de Santiago Norte se convierta en el nuevo fiscal nacional, su nominación tiene que contar con el respaldo de 33 de los 50 senadores en ejercicio. En un escenario de lucha voto a voto del Ejecutivo para conseguir los apoyos, esta exposición se consideraba clave.
Antes de Morales intervino la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien hizo referencia a las razones y antecedentes que tuvo en consideración el gobierno para nominar al persecutor. La intervención de la secretaria de Estado, que debía durar treinta minutos, entre preguntas y respuestas se extendió por cerca de una hora y media.
“Este no es un momento que admita incertezas y su experiencia da garantías de aquello”, recalcó la titular de Justicia defendiendo la nominación de Morales como fiscal nacional.
Luego el aspirante a suceder a Jorge Abbott comenzó su exposición.
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Junto al abogado Ángel Valencia, Morales había encabezado la votación que hizo la Corte Suprema para elaborar la quina de aspirantes que el máximo tribunal presentó al Presidente Boric. Ambos obtuvieron 17 votos.
El persecutor es abogado de la Universidad Central con diplomados en Derecho Penal, Seguridad y Defensa, Derecho Administrativo Sancionador y en Argumentación Jurídica.
Ante los senadores, Morales dio cuenta de su labor en el Ministerio Público, recordando el caso La Polar. También aludió el paro de camioneros, indicando al ser consultado por el tema que “si el Ejecutivo invoca la Ley de Seguridad del Estado el Ministerio Público la va a aplicar”.
En la ocasión, Morales también recordó su rol en el caso Cascadas, asegurando que está actualmente “en menos condiciones de persecución penal” que cuando fue apartado “injustamente” de la investigación hace siete años por el exfiscal nacional, Sabas Chahuán.
En enero de 2015, el entonces fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó al gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, por infracción a la Ley de Mercado de Valores, acusado de haber falsificado las actas de las sociedades cascadas vinculadas a SQM, Oro Blanco y Pampa Calichera. El juicio oral respectivo fue anulado por la Corte Suprema y en un segundo juicio el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró inocente al exejecutivo en diciembre de 2019.
Según explicó Morales, la legislación de la época carecía de tipos penales que existen actualmente y que “probablemente podrían haber sido aplicados” en esa indagatoria, respecto a hechos ocurridos entre 2008 y 2011.
Además, recalcó que él no tenía ninguna intervención “en el devenir posterior de esa investigación” y sostuvo que se trató de “un fraude bursátil bastante complejo”, pero que “no tiene nada que ver con el financiamiento de la política”. En ese sentido, señaló que la condición de la empresa SQM, como “activo subyacente” en este conflicto entre privados, fue lo que a su juicio “puede mover a confusión”.
“Este caso lo tuve asignado desde el 2013, probablemente hasta junio de 2015. Durante ese periodo formalicé a una persona que era el gerente general de estas sociedades cascadas que son las sociedades que tenían el control del activo subyacente que es SQM. Cuando el exfiscal nacional, el señor Chahuán, me apartó del caso, este caso se encontraba con una persona formalizada y supuestamente se me apartó porque yo no había formalizado a otras personas. Pues bien, transcurridos más de siete años desde que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada en ese caso, la persona resultó en definitiva absuelta y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado, creo de forma injusta del caso, por el exfiscal nacional”, manifestó.
En el diálogo con el aspirante a fiscal nacional, el senador Rodrigo Galilea (RN) se refirió al informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el que se reportaban operaciones sospechosas del exjefe de gabinete de la Dirección de Finanzas de Carabineros, el coronel (r) Arnoldo Riveros, entre 2010 y 2011, que fue archivado por el Ministerio Público. El legislador pidió al entonces fiscal de Alta Complejidad explicaciones por el episodio vinculado al millonario fraude a la institución policial.
Morales dijo que se realizaron una serie de diligencias entonces, oficios a Contraloría, requerimientos a Chilecompra y se revisaron antecedentes en el Servicio de Impuestos Internos, justificando la decisión que se tomó “con los antecedentes considerados en esa época”.
En su presentación, el abogado realizó un diagnóstico de la situación de criminalidad en el país.
“Los delitos que más aumentan a nivel de frecuencia y ocurrencia son los delitos de homicidio, de tráfico de drogas y delitos sexuales”, detalló el candidato a fiscal nacional.
El fiscal definió un plan de trabajo con seis ejes: persecución del crimen organizado y delitos violentos; delitos de género y delitos cometidos por funcionarios públicos; actualización tecnológica; atención a víctimas e intervinientes; control interno y rendición de cuentas; y trabajo con fiscales y funcionarios.
Respecto al robo de vehículos planteó que “se debe fortalecer la investigación patrimonial que dice relación con este tipo de vehículos”. Además, indicó que se deben investigar a desarmadurías y otros actores del “comercio negro” de piezas de vehículos robados.
Sobre la labor propia del Ministerio Público, propuso eliminar la tramitación en papel.
El fiscal afirmó que hoy se cuenta con un sistema digital de hace dos décadas y “no reúne las características mínimas para hacer frente a la criminalidad que nos ocupa”.
Morales dijo que es de su interés “proteger la carrera funcionaria”, planteó la idea de establecer un “sistema de responsabilidad administrativa” y generar un estudio de las cargas de trabajo de fiscales y funcionarios de la institución.
Ante una consulta de la senadora Luz Ebensperger (UDI) sobre armamento, Morales sostuvo que “más importante incluso que el control de armas es el control del mercado de las municiones”, indicando que se debe avanzar en esa línea.
Sobre delitos contra los derechos humanos hizo hincapié en la importancia de asegurar la debida diligencia en los casos, establecer criterios nacionales aplicables a la investigación y apuntar a una capacitación permanente de los fiscales adjuntos que dictan las primeras instrucciones. Respecto a posibles atropellos de agentes del Estado en el contexto de las manifestaciones a partir del 18 de octubre de 2019, propuso acelerar y priorizar las investigaciones pendientes, junto con designar fiscales especializados y preferentes para determinar eventuales responsabilidades de mandos institucionales.
Respecto a la Macrozona Sur, Morales señaló que “es importante la priorización de delitos de armas, incendios y robos de madera” y apuntó a “fortalecer a la fiscalía de Alta Complejidad que tiene la Región de La Araucanía”. “Esta es una fiscalía que cuenta desde el año 2014 solo con dos fiscales y, además, se coordina con otros siete fiscales a nivel regional que, sin embargo, deben compartir su labor con otros delitos comunes que suceden en esa zona. Es importante fortalecer esa fiscalía en particular”, recalcó.
También expresó la necesidad de fortalecer y aumentar “las fuerzas de tarea” y de robustecer los laboratorios de criminalística de las policías.
Además, tuvo palabras para las personas afectadas por la violencia en la zona.
“Son víctimas particularmente sensibles en las cuales muchas veces nos encontramos con víctimas que son mapuche, en la cual la fiscalía debe prestar especial atención en las situaciones complejas en las que se encuentran, considerando todos los aspectos de protección que el Ministerio Público está obligado a otorgarles”, dijo.
Ante una pregunta posterior, debió aclarar que no pretendía establecer algún tipo de discriminación en favor a una etnia determinada y recalcó que “la fiscalía debe brindar protección a todas las personas por igual”.
En la ocasión, Morales también fue consultado por su postura frente a la Ley Antiterrorista. Al respecto, señaló que es una legislación con una “una redacción compleja, de difícil aplicación”.
“Es una ley que si uno la estudia a propósito de la modalidad de comisiones está atrasada. Por ejemplo, la ley de delitos terroristas no tiene ataques informáticos, cuestión que obviamente a nivel terrorista podría ser ocupado y causar efetos más devastadores para la vida de la población”, expresó.
Así también, manifestó que la Ley Antiterrorista “como cualquier ley vigente en Chile, va a ser aplicada cuando corresponda”, pero que “es una ley de difícil aplicación a propósito del denominado dolo terrorista”.
La exposición convocada hasta el mediodía fue prorrogada en acuerdo de los senadores hasta las 14.00 horas. Para que intervinieran todos los legisladores interesados se decidió extenderla otros 30 minutos y luego hasta las 15.00 horas. Finalmente culminó cerca de las 15.30 horas, tras 4 horas y 25 minutos.
Morales hizo su presentación apoyado de un archivo Power Point de 30 láminas, hasta las 13.00 horas y luego respondió durante más de dos horas preguntas de los integrantes de la instancia legislativa.
“Pretendo, en ese caso, una fiscalía abierta y accesible a las personas, trasparente en sus éxitos y también en sus fracasos, que trabaje coordinadamente con todos los órganos de la sociedad civil, de forma sobria, respetando los derechos de las personas, pero firmes en la persecución del delito en todos sus alcances. En esa tarea, en caso de ser ratificado, colocaré mi mayor esfuerzo, experiencia y conocimiento”, planteó el persecutor que aspira a encabezar el Ministerio Público.
Este martes, la comisión sesionará en Valparaíso para deliberar respecto del informe elaborado tras la presentación de Morales, mientras que el miércoles la sala del Senado votará su nominación.
El gobierno debe ordenar sus propios votos y buscar apoyos en la vereda del frente. Por el momento, la UDI tiene a sus senadores alineados para respaldar la nominación. Así lo confirmó durante la sesión y, posteriormente en un punto de prensa, el jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira. “De nueve son ocho”, afirmó. (La Tercera)
