-No pertenezco a ningún partido, nunca he votado-, precisa Mariana Acevedo Yévenes mientras revisa, en la puerta de su casa en Paine, la tarjeta de militancia en la Izquierda Ciudadana (IC) donde figura, con fecha 23 de febrero de 2016, su nombre, rut y dirección con el timbre y firma de la notaria Carmen Soza Muñoz. Todo parece en regla, con una excepción: Mariana no ha hecho ningún trámite para inscribirse en la IC.
Los papeles de Acevedo Yévenez, junto al de otros ciudadanos que presumiblemente deseaban participar en la tienda de la Nueva Mayoría, son parte de las fichas que fueron ingresadas en las Notarías 30 y 42, en Santiago Centro. Esta última hasta hace un tiempo pertenecía a la destituida Gloria Acharán, involucrada en el caso de anomalías en las firmas de las candidaturas presidenciales de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.
Estos documentos, a los que tuvo acceso The Clinic Online, iban a ser parte del proceso de validación de la IC como partido en la Región Metropolitana ante el Servicio Electoral. Al revisar los papeles, este medio decidió corroborar si efectivamente personas de Paine se habían trasladado a Santiago Centro a manifestar su intención de integrar una colectividad política.
Se eligieron 10 fichas al azar de esta comuna.
De los testimonios recogidos en terreno, se pudo constatar que, salvo errores de dirección, los datos ingresados correspondían a personas que vivían en Paine, pero ninguno de los contactados había tomado la decisión de militar en la Izquierda Ciudadana, más aún, sus firmas habían sido falsificadas. Cinco de estas personas accedieron a que sus datos fueran públicos.
Se trata de Mariana Acevedo Yévenes, Clara Pinto Pérez, Pamela Madrid Fuentes, Elsa Elgueta González y José Pérez. Ellas aseguran que no saben cómo su información fue usada para estos fines.
La situación, calificada como grave por la IC, que anunció que derivará los antecedentes a la Fiscalía, se da en un momento especialmente complejo.
Recién ayer, la nueva directiva de la tienda fue ratificada como tal por el Servel. La cúpula quedó compuesta por Francisco Parraguez Leiva, como presidente; Diego Ancalao Gavilán como vicepresidente; Hugo Cabezas Meléndez, como secretario general; y Braulio Meza Guerrero como tesorero, además de 13 directores. Del grupo, los cuatro principales dirigentes, además de tres directores, son o han sido parte del Ministerio de Bienes Nacionales, repartición encabezada por el periodista Víctor Osorio Reyes, también militante IC.
La incidencia del secretario de Estado en la colectividad, y la amenaza latente de proselitismo en la cartera que dirige, ha sido motivo de duras discusiones en el partido que hoy se encuentra fracturado.
La crisis por las firmas falsas se da en medio de esta tormenta y tiene, entre sus protagonistas, a un asesor ministerial, Darío Salas Verdejo, que formó parte del equipo para la inscripción de la IC en el gran Santiago; e Iván Cabezas Meléndez, exasesor que estuvo a cargo del proceso a nivel nacional.
FIRMAS FALSAS
Mariana, Clara, Pamela, Elsa y Verónica no tienen dudas. Sus datos personales, aseguran, fueron usados sin su autorización. Al respecto, Cabezas Melédez, plantea que “la información que me entregas es una total y absoluta sorpresa para mí”.
“Hemos sacado de las notarias la totalidad de las adhesiones para producir la contabilidad de fichas, estamos en pleno proceso de legalización, la información que me entregas tenemos que verla y analizarla. En mi condición de coordinador nacional del proceso de inscripción, he acompañado la legalización del partido en las regiones y me he coordinado con el regional metropolitano. El informe que tengo es que se ha trabajado impecablemente y que hasta la fecha no hemos levantado más de 1300 adhesiones, todavía estamos muy lejos de las metas que nos hemos propuesto. Darío Salas también tiene un rol en la inscripción de la RM, a lo mejor puede tener más antecedentes”, comenta.
En tanto, Parraguez, presidente de la IC, acota que van a “poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía”.
“Aquí no descartamos la participación de terceros, que precisamente busquen enlodar el proceso transparente de inscripción que hemos llevado adelante y que indirectamente busquen enlodar la gestión brillante de nuestro ministro, básicamente a raíz de las denuncias que hemos hecho en Cema Chile, puede haber vinculación, no descartamos nada, las cosas no suceden al azar, no descartamos una campaña que se este tratando de orquestar”, argumenta.
Además, destaca que “Juan José Moreno, presidente regional y otros dirigentes, que no son del ministerio, están haciendo la depuración y digitalización de las fichas”.
EL BASTIÓN MINISTERAL
A inicios de este mes, el egresado de derecho, Matías Muñoz Valenzuela, integrante de la Comisión Política de la Izquierda Ciudadana, fue removido de su cargo de asesor jurídico en Bienes Nacionales. Lo hizo dos semanas después de que un informe de Contraloría pidiera a la cartera sancionar al personero, cercano al ministro Osorio Reyes, por cometer faltas graves al realizar, en el verano de 2015, un viaje de vacaciones de 19 días por Europa y Estados Unidos mientras había presentado una licencia médica aduciendo una enfermedad.
El periplo había sido tema en marzo de 2015 en la IC. Hace un año, según pudo reconstruir The Clinic Online, a través de tres fuentes de la tienda, un integrante de la cúpula, que se había enterado de la situación de Muñoz Valenzuela, pidió a Osorio Reyes tomar medidas contra el joven para dar una señal de probidad en la secretaría de Estado que ya en ese entonces, advertían en el movimiento, se estaba convirtiendo en un feudo para los protegidos del periodista y para la propia IC.
El ministro Osorio asegura que no recibió tal notificación sobre Muñoz Valenzuela de manera oficial y que, por ello, esperó a que la investigación de Contraloría concluyera antes de adoptar una resolución sobre el caso.
Pero más allá de las versiones discrepantes, en el Partido, constituido como tal desde abril de este año, existe, según la investigación realizada por este medio, serios cuestionamientos a Osorio Reyes principalmente por prácticas relacionadas con proselitismo en su gestión.
Hasta hace un mes, por ejemplo, la directiva completa de la IC -presidente, vicepresidente, secretario general y tesorero-, estaba contratada por la cartera.
Por este tipo de situaciones, y más allá de la notoriedad pública alcanzada por el ministro gracias a la alianza con la cartera de Justicia para investigar las propiedades estatales traspasadas a Cema Chile -dirigida por Lucía Hiriart, esposa del fallecido dictador, Augusto Pinochet- a Osorio Reyes se le critica el haber transformado Bienes Nacionales en una “plaza de trabajo” para la IC.
En cifras, a nivel central hoy en Bienes Nacionales están contratados vía honorarios 28 personeros vinculados a la IC, además de otros tres funcionarios en regiones. Algunos ocupan cargos partidarios; otros, participan en la orgánica, pero aún no figuran como militantes porque la tienda no se ha inscrito como tal en Santiago.
Del personal IC a honorarios, cerca del 40% son profesionales y sus sueldos ascienden hasta los $4 millones. El resto, no cuenta con título profesional y sus salarios varían entre un millón y dos millones y medio de pesos.
En los últimos 30 días, dos rostros del partido han dejado Bienes Nacionales. El presidente Francisco Parráguez, abogado con régimen a contrata que funge hoy como timonel de la IC, dimitió del ministerio el 17 de mayo, fecha en que ofició al Servel para publicar los cargos de la nueva dirigencia, tras la partida de la testera del diputado Sergio Aguiló. En rigor, en junio dejará su cargo de asesor.
Consultado por The Clinic Online defiende la contratación de la IC. “No existe ninguna incompatibilidad ni legal ni ética con respecto al tema mientras los militantes que ahí participan desarrollen de buena manera sus funciones, no veo ninguna incompatibilidad con los que hacen en sus tiempos libres”, plantea Parraguéz.
Otro personero que renunció, fue el secretario General, Iván Cabezas Meléndez, que concretó su partida a fines de abril y que asegura “en cargos y posiciones de confianza de la gestión del ministerio, el ministro, como ocurre en otros ministerio, buscó para esas posiciones de definición estratégica a las personas que le garantizaban desde el punto de vista técnico y político su mayor confianza. Me parece que la decisión que tomó el Ministro de invitarme a participar es razonable, es justa. Tengo el perfil técnico y he hecho un aporte de valor al ministerio. Osorio ha convocado a militantes de la IC, pero también a gente de la NM y del mundo independiente”.
Los dirigentes IC que continúan hoy en Bienes Nacionales son: el vicepresidente, Diego Ancalao Gavilán, Licenciado en Educación, experto en desarrollo humano y local, que es Coordinador en la Unidad Indígena; y el Tesorero, Braulio Meza Guerrero, egresado de técnicas jurídicas que se vincula con las organizaciones sociales.
Entre los directores, que también son parte de la cúpula, están Darío Salas Verdejo, administrador público y pastor a cargo del seguimiento de actividades y cumplimiento de los programas y objetivos institucionales; y Tamara Alejandra Muñoz Valenzuela, ingeniero ambiental a cargo de asesorar al Ministro de Bienes Nacionales en todas aquellas materias relativas a la actividad Energético-Minera. Los sueldos de estas cuatro personas oscila entre los $2 y $4 millones.
En cuanto al resto de su personal de confianza, figuran personeros de distintos partidos de la Nueva Mayoría: Su jefa de gabinete es PS y en las divisiones ejercen personeros del PPD, DC y el PR.
LAZOS PELIGROSOS
Uno de los puntos cuestionados a Osorio son las relaciones familiares en la repartición. Tamara Alejandra Muñoz Valenzuela, es hermana del sancionado Matías Muñoz Valenzuela, que ya no está en la cartera, ambos miembros de la Comisión Política de la IC. Y en 2014, por ejemplo, el ministerio tuvo en régimen de honorarios, al estudiante de administración Flavio Salas Verdejo, hermano del pastor Darío Salas Verdejo. Cuando Flavio fue despedido, se contrató a la esposa de éste.
Hace dos meses, relatan distintas fuentes consultadas, la “plaza laboral” que opera en Bienes Nacionales nuevamente fue tema de discusión interna en la Izquierda Ciudadana.
“Me consta que la paga de Osorio al partido ha sido tema en dos o tres oportunidades. Incluso eso explica que Nivia Palma, esposa de Aguiló, haya renunciado a ese ministerio”, sostiene una fuente partidaria.
Trabajadores históricos de Bienes Nacionales que fueron contactados por este medio y que pidieron reserva de identidad por temor a represalias, apuntan a que existe en la secretaría de Estado un reducto partidario que poco tiene que ver con el ministerio.
“No hay explicación para la contratación de estas personas. Muchas de ellas no trabajan, sólo hacen proselitismo”, apuntan.
Y sostienen su tesis, entre otras cosas, en un dictamen de Contraloría de noviembre de 2015, que responde con dos observaciones a una denuncia anónima sobre actividades partidistas en el marco de una gira de gobierno entre el 10 y 16 de agosto en la IV región.
Al respecto, el organismo fiscalizador recalca en un fallo que existe una situación “medianamente compleja” respecto de los viáticos asignados a nueve de los once los funcionarios que asistieron al viaje y que fueron aprobados con posterioridad a la actividad, infringiendo el procedimiento que dicta la normativa.
A Osorio Reyes, en tanto, se le apunta directamente por una actividad denominada “Asamblea Nueva Mayoría Regional” que se realizó el 15 de agosto en las dependencias de la Intendencia de Coquimbo y a la que asistieron autoridades regionales. Aunque el informe estipula que del tenor de las intervenciones de Osorio, no se desprende que haya realizado una actividad de carácter político, tal como se denuncia, advierte “que la materia a tratar no guarda directa relación con las materias propias de la cartera de Estado que representa”, por lo que en lo sucesivo, “esta repartición deberá ajustarse estrictamente al ámbito de su competencia”.
Otro flanco para el ministro es su cercanía con el matrimonio Vittori-Riquelme, investigado por el Caso Basura. Antes de asumir como ministro de Estado fue funcionario de la municipalidad de Maipú y al llegar al Gobierno, contrató a Pamela Riquelme Loyola, la esposa del alcade de esa comuna Christian Vittori, como jefa de la División de Administración del Ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta el 08 e junio de 2015 con un sueldo de $4.574.608.
Osorio, en conversación con The Clinic Online, desestima las críticas a la contratación de dirigentes IC. “En la directiva central de la Izquierda Ciudadana, que fue publicada el 17 de mayo por el Servel, hay 17 personas. De esas hay sólo 4 que se desempeñan aquí en el Ministerio de Bienes Nacionales. Respecto de los rostros principales que usted indicaba: Iván Cabezas abandonó sus funciones el último día de abril. Desde el primero de mayo él se encuentra fuera del Ministerio de Bienes Nacionales. Eso es algo de fácil comprobación. Francisco Parraguéz, al día siguiente en que fue publicada por el Servel esta nueva composición de la directiva, presentó su renuncia al Ministerio. Con ambos conversé para expresarles que me parecía que no era apropiado que continuaran en sus cargos, no porque hubiera causas éticas o legales, sino por la independencia que el partido debe tener respecto del Ministerio”, postula. (The Clinic)
