Tras más de una hora de reunión a puertas cerradas, el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental resolvió este lunes acoger parcialmente las reclamaciones y modificar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de saneamiento de suelo contaminado en Viña del Mar, donde Inmobiliaria Las Salinas, ligada a Empresas Copec, busca levantar un proyecto con una inversión de alrededor US$ 55 millones.
El proyecto de saneamiento, que contempla la biorremediación del terreno mediante el uso de microorganismos que degradan elementos nocivos, busca hacerse cargo de la presencia de contaminantes de diferentes categorías en Las Salinas. Esta aprobación no habilita por sí sola el desarrollo de proyectos inmobiliarios u otros, explicaron las autoridades.
En la sesión participaron los ministerios de Medio Ambiente, de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería y fue presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Inicialmente la votación por el proyecto de Inmobiliaria Las Salinas estaba programada para la semana pasada, pero se reagendó debido al cambio de gabinete.
El proyecto obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2020, pero ha contado con la oposición activa del sector político y organizaciones ambientales. De hecho, en esta oportunidad el Comité de Ministros debía revisar 23 recursos de reclamación presentados en su contra.
«El Comité de Ministros, después de un análisis técnico exhaustivo, determinó acoger parcialmente dichos recursos respecto a la compatibilidad territorial. En lo sustantivo, si bien se mantendrá la calificación favorable del proyecto, se propone modificar la RCA haciendo presente que la RCA no es el estudio fundado que habilita los usos definidos en el Plan Regulador Comunal. Es decir, que la aprobación de esta RCA solo habilita a remediar el terreno contaminado, mas no a la construcción de un proyecto inmobiliario», precisaron los secretarios de Estado.
Por su parte, la jefa de la cartera de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo que en la instancia, «el comité decidió incluir condiciones para aumentar la información y participación ciudadana».
«Por ejemplo, se exige un plan de monitoreo participativo del suelo, aguas subterráneas y contaminantes, incluyendo aire, que será autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, y en él participará la Municipalidad de Viña del Mar», mencionó. En este plan, además, las autoridades deberán crear un sitio web para explicar el proyecto en un lenguaje «simple», donde la ciudadanía podrá hacer preguntas.
«Somos respetuosos la institucionalidad ambiental. Los ministros tomamos una decisión fundada en los antecedentes entregados por los organismos con competencias ambiental, y la información contenida en las reclamaciones. Cumplimos con nuestro deber de revisar los antecedentes técnicos y decidir en su mérito«, agregó la autoridad.
Durante el fin de semana, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, emplazó al presidente Gabriel Boric para que convenciera al Comité a rechazar el proyecto, que calificó como uno de los terrenos más contaminados de Chile.
«Si firmaron como Gobierno nacional el Tratado de Escazú para hacer justicia ambiental realmente, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver en menos de 72 horas este conflicto ambiental. Sino, además de perder nuestra confianza, no se están dando cuenta de que eso fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de Gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza», fueron las duras palabras de la alcaldesa, que a principios de año ya se había querellado por Las Salinas. (DF)
