Hace algunas semanas, el Secretario General de la Organización de Estado Americanos (OEA), durante una rueda de prensa realizada en Colombia sobre el tema de Venezuela, afirmó que “en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, agregando que las acciones diplomáticas estaban en primer lugar. Su comentario causó polémica en todos los niveles de discusión, considerando que una semana antes el New York Times había publicado un artículo que vinculaba a militares disidentes venezolanos con algunos miembros de la administración de Trump, y que habrían estado teniendo conversaciones para un supuesto golpe de estado.
Como respuesta a su comentario, el Grupo de Lima emitió un comunicado donde 11 de los 14 países que integran la agrupación expresaban preocupación y rechazaban cualquier curso de acción que implicase una intervención militar en Venezuela. En su defensa, el secretario Luis Almagro (en la foto) aludió a la responsabilidad de proteger como principio, haciendo énfasis en que la intervención militar no está consagrada como una acción a ser ejecutada con ligereza, sino por el contrario, se considera una acción de último recurso cuando todas las medidas políticas y diplomáticas han fallado.
Lo anterior ha desatado un debate que va desde el respeto al principio de no intervención a una defensa de los derechos humanos por sobre la soberanía territorial que pueda ejercer un gobierno. Es necesario entender que la responsabilidad de proteger como principio es un compromiso político asumido por todos los Estados Miembros de Naciones Unidas posterior a la Cumbre Mundial de 2005, que tenía como objetivo articular algún mecanismo que pudiera poner fin a los crímenes más atroces como lo son los de guerra, el genocidio, la limpieza étnica, y los crímenes de lesa humanidad. Bajo este compromiso, derivado del surgimiento de la noción de soberanía como una responsabilidad, se entiende la soberanía de los Estados no solo como la lucha contra las amenazas del exterior, sino a su vez, como una responsabilidad del Estado de garantizar y preservar el bienestar de sus ciudadanos.
La responsabilidad de proteger nace además del llamado que habría hecho Kofi Annan en el año 2000 a los líderes mundiales, en la sesión de la Asamblea General, a encontrar una solución al predicamento de que, si la intervención humanitaria es, efectivamente, considerada un atentado inaceptable a la soberanía, ¿cómo podría entonces la comunidad internacional responder a situaciones como Ruanda o Srebrenica, donde se dieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos a gran escala que afectan así cada precepto de la común humanidad? Lamentablemente, a la fecha, éste sigue el siendo el gran debate entre quienes rechazan intervención de cualquier tipo en Venezuela y quienes ven necesarias cualquier forma de acción política y diplomática, considerando incluso como último recurso una intervención militar en nombre del rescate de la protección y el respeto a los derechos humanos.
Sin duda, América Latina tiene una larga lista de ejemplos donde intervenciones militares trajeron peores consecuencias, por lo que es entendible la objeción instantánea. Sin embargo, cuando el menoscabo a las libertades fundamentales se hace sistemático, cuando las violaciones a los derechos humanos son a gran escala y de forma indiscriminada contra ciudadanos de una nacionalidad, ¿vale la pena seguir dejando que ese miedo perdure y se sobreponga a la necesidad de proteger vidas?
El gobierno de Nicolás Maduro continúa implementando medidas que no solo no corrigen los déficits fiscales, la corrupción y el hambre, sino que por lo demás perpetúan violaciones sistemáticas de derechos humanos y libertades, como lo hace la reciente implementación del carnet de la patria.Este último discriminará por ideología, dado que su obtención acarrea una inscripción automática en el Partido Socialista Unido de Venezuela. De acuerdo con esa discriminación, se le otorgará acceso a bienes básicos a quienes obtengan el carnet, potenciando así la posibilidad de exposición a vulnerabilidad al grupo selecto de personas que se niega vincularse al PSUV para comer.
Dicho lo anterior, y considerando el amplio marco institucional bajo el cual se consagra la responsabilidad de proteger, valdría la pena preguntarles a los acérrimos críticos de la postura del secretario Almagro, ¿hasta cuándo el principio de no intervención excusará la muerte de miles de venezolanos en manos de Nicolás Maduro? ¿Cuántos venezolanos más deben morir antes de que se asuma internacionalmente que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene interés de proteger al pueblo venezolano, y por ende no hace ningún esfuerzo de prevenir pérdidas de vida a gran escala? ¿Cuándo asumirá la comunidad internacional su compromiso político hecho en la Cumbre de 2005, y reclamará su herencia de intervenir en el nombre de los derechos humanos, bajo el principio de la responsabilidad de proteger? (El Líbero)
Claudia González
