“Cultura de integridad, pilar para el crecimiento económico”. Así se denominó el seminario realizado ayer en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) que reunió la experiencia chilena y trasandina frente a este tema. En sus palabras de bienvenida, el presidente del gremio, Bernardo Larraín, fue claro: “La cultura de la integridad debe estar en el ADN de las organizaciones ¿Cómo lo logramos? Con mucha comunicación y participación, pero también trabajando en forma obsesiva, sistemática, metódica y profesionalmente”.
En la actividad participó el director de la UAF de Chile, Javier Cruz, quien se refirió a la corrupción como delito precedente de lavado de activos, señalando que es “preciso que las empresas desarrollen mecanismos de compliance que permitan desarrollar sus actividades de manera sustentable”.
Luego fue el turno de UIF Argentina y Tamara Agnic, quienes dialogaron junto a Cruz en una mesa redonda.
¿Una de las ideas más relevantes? Que las empresas adquieran clara conciencia de que están expuestas y que necesitan tomar acciones, como instalar sistemas de prevención.
ARGENTINA Y LA CORRUPCIÓN
En su presentación «Impacto macroeconómico de la corrupción y el lavado de activos», el presidente de UIF Argentina, Mariano Federici, repasó la experiencia de ese país en este tópico y realizó un crudo diagnóstico del efecto que generó. Esto, sosteniendo de entrada que la corrupción política y el lavado de activos han pasado a ocupar un lugar prioritario en el análisis, por su capacidad de poner en riesgo la estabilidad financiera y la economía.
«Argentina es un ejemplo del daño que la corrupción y el lavado de activos puede generarle a un país. No solo de su impacto macroeconómico sino que también del impacto institucional y del impacto devastador en lo social que estos delitos ocasionan», sostuvo. Federici explicó que la salida de los problemas que dejaron quienes gobernaron el país trasandino hasta el 2015 «no ha sido ni es fácil». Sin embargo, señaló que el costo de todo el daño causado tiene más bien una naturaleza de índole moral, con la pérdida de integridad. «Este es el daño que más cuesta reparar», enfatizó, y agregó: «Son económicamente incuantificables, pero tienen impacto directo en la economía porque afectan la confianza en la que se basa todo crecimiento económico sustentable». Por esto, aseguró, «vivimos hasta hace un tiempo en Argentina en un Estado de corrupción».
Federici reconoció que en ese país están trabajando desde sus respectivas áreas con ese diagnóstico presente, pero también con el optimismo de saber que la mayor parte de los argentinos quiere un cambio que permita recuperar los valores fundamentales.
El gran desafío del cambio, dice, «pasa por crear las condiciones de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica que permitan recuperar la confianza perdida».
El experto reforzó que es «necesario un nuevo pacto de integridad con el sector privado».
PAPEL DEL ESTADO Y LA AUTORREGULACIÓN
La socia de KPMG, Tamara Agnic, entró de lleno en la corrupción en el ámbito particular. En su exposición «Corrupción Privada y Compliance: hacia una cultura de integridad», ilustró que para llevar adelante una operación de lavado o incluso una de financiamiento de terrorismo, siempre hay un factor común: la corrupción. Y aunque el concepto se tiende a asociar a la esfera pública, también existe en el ámbito privado y lo demostró con ejemplos: caso Odebrecht, Inmobiliaria Fuentealba y hasta la Fifa. Luego, se fue a las encuestas, específicamente de Generación Empresarial de agosto 2017, y reveló que la mayoría de los empresarios chilenos hoy considera que los riesgos de verse enfrentados a alguna situación que comprometa su reputación es alto. Pero, solo el 8% del empresariado identifica en su firma un riesgo alto de afrontar un episodio que involucre su reputación. «¿Somos los chilenos muy buenos para ver la paja en el vecino y no mirar la viga en nuestra propia casa?», se preguntó. Tal vez, indicó, «nos cuesta reconocer que somos vulnerables» y que «nadie está libre de verse enfrentado a una situación que podría involucrar su propia integridad y la de la empresa».
Agnic aseguró que teniendo «cierto reconocimiento de que estamos siendo vulnerables, lo que tenemos que hacer ahora es poner manos a la obra». Y dijo: «La corrupción no es un fenómeno que aparezca espontáneamente en los gobiernos o en otras instituciones: tiene raíces en la sociedad». También afirmó que la responsabilidad del freno «no es exclusiva de los Estados y los gobiernos. El sector privado tiene mucho que decir». Y remató: «El sector privado forma parte del problema de la corrupción, pero también puede ser parte de la solución». Eso sí, alertó que los fraudes más importantes se generan en el mayor nivel jeráquico. (DF)
