La discusión pública por fin ha actualizado el hermético avance del proyecto de ley del futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Queda claro que lo que se pone en juego y causa mayor controversia es el rol que el Estado debe tener en estos ámbitos.
La pertinencia de este nuevo ministerio viene dada por la incapacidad constitucional de la actual figura de “Consejo” para diseñar e implementar verdaderas políticas culturales “de Estado”. Es cierto que un ministerio impediría la participación vinculante pero refuerza los poderes de un ministro que representa a la Presidencia, con mayor injerencia y capacidad de gasto público.
El debate público -otra vez- alerta de que el Estado pueda utilizar este ministerio como organismo de propaganda. En rigor, los Consejos de Libro, Arte y Música siguen siendo público-privados y conservan potestades para asignar recursos acorde al desenvolvimiento de sus sectores. En cambio, el fomento de las artes escénicas y artes visuales, así como la “cultura popular” continúa bajo el futuro “consejo (asesor) de las culturas, artes y patrimonio” de 21 miembros, cuya misión más general de proponer las estrategias de estado en materia de cultura, se tiñe con una acción de corte sectorial que explica en parte el excesivo número de integrantes. Como sea, en todos estos casos al aprovechar sus órganos mixtos, el diseño de ministerio parece compensar la reducción de participación antes expuesta.
Los comités consultivos y consejos regionales de la ley anterior están obsoletos; el rediseño institucional de la cultura no puede olvidar la demanda real de descentralización que se espera de este ministerio. A pesar de haber puesto en plural a “las culturas”, el fortalecimiento de las diversas expresiones existentes en nuestro país, tanto ancestrales como las comunitarias, parece marginal. La “Subsecretaría de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares” abarca un campo que la excede. Al igual que en 2003, la formación de la ley se ha preocupado demasiado del rediseño del “aparato cultural”, y no del fortalecimiento de su sustrato, la amplia “cultura viva” integrada por manifestaciones diversas, reduciéndolas a sujetos de fomento concursable anual. Esta mirada carece de sustentabilidad.
Si bien el sector patrimonial pidió una segunda subsecretaría, contrario a la opinión de Hacienda, la resultante Subsecretaría del Patrimonio con un servicio público asesorado por un consejo (el ex CMN) no es un modelo sencillo. Un director regional de patrimonio que atiende los sistemas de bibliotecas, archivos y museos, frente a un seremi regional que atiende a las artes, parece forzar la estructura administrativa para dejar satisfechas todas las peticiones. ¿Ayuda a la descentralización este incremento de la planta funcionaria?
Queda pendiente complementar al futuro ministerio con políticas de fomento para los museos, las bibliotecas, los centros de creación, las artes escénicas y las artes visuales, explorando nuevas leyes sectoriales. Tiene prioridad una Ley de Patrimonio que entregue financiamiento significativo para la preservación y activación del patrimonio y de las comunidades en torno a éste, y una ley de artes escénicas que asigne a un consejo público-privado el administrar de mejor modo el fomento para este emergente sector.
En definitiva, una institucionalidad moderna, participativa y descentralizada que dé cuenta de la importancia gravitante de las culturas vivas en el desarrollo de nuestro país. (La Tercera)
