La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa del sector público rechazaron y repudiaron el rol cumplido por los ministros de Hacienda, Justicia y Trabajo durante la prolongada paralización de los funcionarios del Registro Civil.
En un comunicado se señala que «rechazamos que la ministra de Justicia y otras autoridades de gobierno, pero muy particularmente los ministros de Hacienda y Trabajo, quienes serán contraparte de la mesa del sector público en la negociación del reajuste general que hemos dado por iniciada en días recientes, insistan en criminalizar el ejercicio sindical de los funcionarios públicos, argumentando su supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad, cuando por 25 años los sucesivos gobiernos democráticos han reconocido los derechos colectivos de los trabajadores del Estado».
Luego la declaración agrega que «repudiamos tajantemente que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, amenace a los funcionarios del Registro Civil con despidos por mantener la movilización. No corresponde a la investidura del cargo que ostenta, el recurrir a la práctica antisindical por excelencia, apuntando en contra de los trabajadores precarizados y desprotegidos del Estado en un intento inaceptable de aplastar la movilización sindical en curso, más aún cuando la Presidenta de la República, por medio del Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, ha establecido el deber de todas las autoridades de gobierno de garantizar los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores del Estado».
En el comunicado que lleva las firmas de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y Carlos Insunza, consejero nacional de la multisindical y coordinador del sector público, se expresa finalmente que «reiteramos nuestro llamado al gobierno a construir una solución pactada del conflicto enmarcada en los compromisos programáticos y éticos que el propio gobierno ha declarado sustentar, evitando caer en la tentación de terminarlo por la vía del agotamiento y la amenaza represiva».
NOVENO FRACASO
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, se reunió por novena vez con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para intentar llegar a un acuerdo monetario que baje el paro de trabajadores que hoy cumplió 38 días, sin embargo, no hubo acuerdo.
«Nos vamos como llegamos. En cada reunión hemos bajado nuestra propuesta, pero el Gobierno no ha cedido nada. Nosotros no esperamos nada. Sé que nos han dado duro y que nos van a seguir dando duro, venimos porque somos personas decentes, pero venimos sin ninguna expectativa. Están jugando al cansancio», dijo la dirigenta.
Agregó que hoy los funcionarios «ya no tienen más documentos que entregar».
En declaraciones previas a la cita, Díaz sostuvo que no hemos avanzado nada» y dijo que los dichos cruzados desde el gobierno, «elevan los niveles de enojo de los funcionarios». Además fustigó el accionar del gobierno y dijo que «no es posible que cada vez que salga del ministerio me encuentre con la ministra hablando de La Moneda, o con oficiales civiles sacados de sus puestos».
La dirigenta de mostró contraria a la idea de una huelga de hambre como medida de presión, deslizada por algunos funcionarios tanto en la Región Metropolitana como en regiones. «Es una medida desesperada, que todavía no la vamos a tomar», dijo la dirigenta de los funcionarios movilizados en la previa de la reunión.
La dirigenta advirtió también que el proceso de inscripciones de contingencia desplegado por el Registro Civil, puede generar problemas cuando se normalice el servicio, pues afirmó que se puede provocar una doble asignación de RUN para los menores que están siendo inscritos de manera manual
