Parto con una obviedad, pero increíblemente necesaria producto de declaraciones ni más ni menos de legisladores. Algunos han sostenido que los grupos de trabajo que ha convocado el Presidente de la República pueden alterar la sede natural del debate.
Nada más lejos de la realidad, pues dichas comisiones o grupos de trabajo ejecutan un trabajo previo, bien sea, a futuras políticas públicas que surjan de la potestad reglamentaria del Presidente o de leyes que necesariamente surgirán de la discusión parlamentaria, donde la propuesta puede ser aceptada, modificada total, parcialmente o definitivamente rechazada.
Desde el 90 a esta parte han existido diversas comisiones convocadas por los mandatarios. Algunas han sido exitosas otras ni se recuerdan, pero lo que nunca había ocurrido es que se pusiera en duda la legitimidad de intentar acordar propuestas en temas de interés transversal.
Si esta discusión inédita pretende constituir una forma de hacer oposición, se trata de una pésima noticia. Tal como en los temas de la infancia y seguridad se optó por esfuerzos plurales prelegislativos, en otros todo indica se optará por proponer proyectos de su exclusivo cuño, sin perjuicio de las mociones parlamentarias con que se encontrará en el trámite. Dos de ellas parecen inevitables y una particularmente urgente.
Un par de ideas sobre ellas: a propósito de un acuerdo anunciado por el Tribunal Constitucional (TC) ha surgido un debate sobre modificaciones al órgano constitucional. Para la discusión que se viene, sería bueno no olvidar que los TC son en esencia órganos contra mayoritarios, autónomos, al que el propio legislador le entrega la facultad de validar o invalidar los proyectos de ley y las leyes vigentes, según su grado de conformidad con los principios y reglas de la Constitución.
A partir de un fallo, poco deferente, como con razón se ha sostenido, sería muy negativo olvidar la importancia de la existencia de un órgano de estas características. Que la discusión se centre en la forma y modo en que conoce, en la forma en que se designan sus integrantes y en crear las condiciones jurídicas para evitar se transforme en una tercera cámara a la que se acude para definir cuestiones de mérito u oportunidad.
De especial urgencia legislativa es tener a la brevedad un estatuto moderno de migración. La actual ley tiene más de 40 años de vigencia, responde a una situación política, social, económica totalmente distinta a la actual. Sus vetustas normas no pasan ningún estándar, en buena parte es inaplicable por su alto grado de discrecionalidad administrativa y si se aplica los tribunales han sido duros, y con razón, en no aceptarla.
Hay aquí un tema pendiente, que por angas o por mangas, ningún gobierno la enfrentó. Llegó la hora. Vamos a ver qué proponen. Da la impresión que mucha claridad aún no hay.
Aún es tiempo para intenar la búsqueda de grandes acuerdos que pongan por delante el interés común en los pendientes de nuestra sociedad. Al final, es lo que más sintoniza con la ciudadanía. (La Tercera)
Jorge Burgos
