Nuestro país está cambiando, qué duda cabe. Es como si de pronto algunos chilenos (y chilenas) hubieran despertado, cansados de esa costumbre propia de la élite política de resolver los problemas de espaldas a la ciudadanía. Llegado el nuevo siglo e influenciados por la tecnología que facilita el acceso a la información, Chile comenzó a exigir mayor transparencia y horizontalidad, obligando a hacer públicas ciertas decisiones que no lo eran, desacralizando así a una serie de referentes políticos, económicos y religiosos.
Los movimientos sociales de los últimos diez años han puesto sobre la mesa temas que durante mucho tiempo estuvieron agazapados, esperando su oportunidad para ser parte de la discusión pública. Los movimientos sobre educación, AFP y otros con base territorial -como el ocurrido en Aysén hace algún tiempo- fueron relevantes para girar en varios grados los ejes de la agenda política de los últimos tres gobiernos. En la actualidad, los casos de acoso sexual y las brechas de género han permitido poner sobre el tapete el problema de ser mujer en Chile.
La eficacia de estos movimientos para modelar la agenda política no es sólo patrimonio del contexto o de la habilidad de sus dirigentes, sino que también es fruto de la inconsistencia de las dos principales coaliciones de nuestro país. Tanto la Nueva Mayoría -o como se llame ahora- y Chile Vamos parecen no tener claro hacia dónde van y son pan de cada día las famosas “vueltas de chaqueta”. Estos repentinos cambios responden principalmente a incentivos electorales, a una suerte de obsesión por la encuesta semanal que provoca salidas rápidas y efectistas frente a los problemas. Es aquí donde las coaliciones, en especial la que gobierna, debiesen ser capaces de medir y encontrar ese delgado equilibrio donde ceder ciertos aspectos programáticos -asunto propio de la política- no implique gobernar considerando sólo el porcentaje de aprobación.
No está de sobra decir que gobernar exclusivamente a través de las preferencias puede traer dificultades al interior del oficialismo. Distinto es el caso de los movimientos sociales, a los que esta forma de actuar de la clase política puede serles de suma utilidad, ya que es justamente ahí, en ese ese espacio de ambigüedad, donde se encuentra el lugar para instalar una infinidad de temas en la discusión pública.
En un principio esta facilidad para provocar agenda es útil, pero en el mediano plazo puede causar problemas, sobre todo durante ese largo trecho -desde “la calle” al Congreso- que recorren las propuestas de los movimientos sociales. Si nuestra clase política, tan cortoplacista, evita la labor de propiciar un debate serio sobre lo que plantea la ciudadanía, hay sólo un paso para que -cuando se extremen las posturas- se legisle con frases grandilocuentes que no resuelven el fondo del problema. Así es muy fácil que ideas en principio nobles y legítimas se desvirtúen.
No podemos permitir que ocurra esto con las mujeres. Todos sabemos que en nuestro país hay un problema grave que se manifiesta en los casos de acoso sexual y las bulladas diferencias salariales. Las tomas universitarias de los últimos días han revelado la necesidad de hacernos cargo. La pregunta viene de cajón, ¿Van a estar dispuestos los dos grandes conglomerados a tener un debate con altura de miras? Aún no lo sabemos. Sólo tendremos claridad cuando la discusión se encauce y veamos si se centra en los temas trascendentales o en aquellos propios de las élites, como la inclusión de igual cantidad de mujeres y de hombres en las bibliografías de los cursos universitarios.
Lo señalado anteriormente revela también ciertas complejidades en torno a la discusión. Es comprensible que, frente a siglos de injusticia, las mujeres alcen la voz con fuerza y a través de posturas radicales. Pero esa radicalización no nos puede llevar a absurdos y debe tener como límite el sentido común. Exigir que Rafael Gumucio salga de la Universidad Diego Portales por sus dichos es un exceso, al igual que algunas de las peticiones de los grupos que tomaron facultades de Derecho. Estos excesos producen rechazo, banalizan la discusión y caricaturizan a todas las que abogan noblemente por esta causa. Esto no es exclusivo patrimonio de la lucha femenina y también nos ha pasado, por ejemplo, a quienes luchamos por las regiones. Muchas veces nuestro ímpetu por mayor justicia nos ha jugado una mala pasada y hemos sido prejuiciados como “los provincianos que sólo se quejan”, idea que ha generado costos para avanzar en la discusión.
Creo que interpreto a varios con lo que voy a decir. Estamos con las mujeres, sabemos que el problema es urgente y tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para resolverlo. Sólo hay que tener cuidado con que, a través de una clase política que tiende a la superficialidad del debate, las posiciones más extremas y radicalizadas no transformen esta lucha en una caricatura difusa y carente de sentido. (El Líbero)
Guillermo Pérez Ciudad, investigador Fundación P!ensa
