En julio el proyecto del Ley sobre Educación Superior fue enviado al Senado. Con ello se abrió un nuevo espacio de debate sobre los alcances e implicancias de un proyecto que se refiere, principalmente, a elementos regulatorios e institucionales del sistema de Educación Superior.
El proyecto del Ejecutivo establece cambios significativos a la actual ley de acreditación de la calidad. En él se indica la obligatoriedad de esta última en cinco dimensiones: docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación y/o innovación además de la vinculación con el medio.
Si bien celebramos la obligatoriedad de la acreditación, creemos que hacerlo en todas esas áreas restringe las capacidades de las instituciones para desarrollar sus proyectos institucionales acorde a su misión y visión.
Hoy en el Sistema de Educación Superior chileno, coexisten universidades complejas -que realizan docencia e investigación en diversas disciplinas y que concentran además la gran mayoría de los programas de formación de doctorado que existen en el país- con instituciones con vocación regional, o con énfasis en la formación en determinadas áreas del conocimiento. Es esta diversidad de proyectos la que configura la existencia de un Sistema en el que la acreditación debe funcionar como un mecanismo de fomento de la excelencia y garantía de la calidad académica.
El desarrollo institucional en diversas áreas es un proceso de acumulación de experiencia, que comienza por la formación de pregrado y va evolucionando hacia la formación de grupos de académicos, imprescindibles para incursionar con seriedad en la creación de conocimiento. La exigencia legal de que el 100% de las instituciones accedan a una complejidad multifuncional, fomentará una competencia por atraer a los académicos que hoy investigan en instituciones con mayor trayectoria, en circunstancia que lo que se requiere es fortalecer las capacidades existentes en ellas y fomentar la formación de nuevos equipos de investigación, promoviendo la incorporación de los jóvenes doctores que hoy están regresando al país.
Creemos que al uniformar a las universidades estableciendo un modelo único, se pone en riesgo la riqueza de un sistema que ha permitido contar con universidades de prestigio a nivel internacional y regional, al tiempo que desde las universidades preferentemente docentes, se han ampliado las oportunidades de estudio para jóvenes procedentes de los quintiles más vulnerables.
Creemos que esta complementariedad es necesaria para conformar un mejor sistema de educación superior y esperamos que esta mirada de presente y futuro, pueda recogerse en el Senado. (La Tercera)
Pilar Armanet
