Justo a un año y medio de que la Fiscalía Regional de Antofagasta decidiera abrir de oficio una investigación por los convenios entre la Seremi de Vivienda de esa ciudad y la fundación Democracia Viva -lo que luego desencadenó decenas de otras indagaciones en diferentes regiones-, el fiscal Cristián Aguilar solicitó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta el desafuero de la diputada Catalina Pérez.
Según informaron desde el Ministerio Público, la determinación dice relación con que el mencionado persecutor, basado en la información recopilada y en la vinculación de la parlamentaria con los delitos investigados, pretende avanzar en su formalización.
Hasta ahora, se sabe que entre los antecedentes que están en manos de Aguilar se encuentra un informe de la PDI que establece que la diputada tenía conocimiento de los convenios que son objeto de indagación y sobre los cuales se habría originado el fraude al Fisco. Pérez, por lo demás, era pareja del mandamás de la fundación (Daniel Andrade) cuando estos se suscribieron, y quien comandaba la Seremi (Carlos Contreras) había sido en el pasado su jefe de gabinete.
Pese a ello, desde la defensa de Andrade aseguran que la parlamentaria no tuvo ninguna injerencia en los mencionados contratos, los que, insisten, se ejecutaron totalmente en regla mientras estuvieron vigentes.
“El caso de Democracia Viva, en específico, es un caso inflado por el mundo político, entre otros. No hay delito; se gastaron adecuadamente los fondos recibidos y el actuar de los intervinientes fue adecuado. En los WhatsApp extraídos del celular de Daniel Andrade, más que lo que se dice, importa lo que no se dice”, manifestó a La Tercera el abogado Ignacio Figueroa.
En el mismo sentido, el penalista advirtió que el hecho de que la pareja de Andrade, en este caso la parlamentaria, “haya tomado conocimiento de las actividades de Democracia Viva, que él representaba, que es lo que se lee en los mensajes, no significa, bajo ningún aspecto, que ella haya participado de alguna manera en que Democracia Viva haya sido contactada o contratada, que es lo que no se lee”.
Junto con esto, el profesional también agregó: “Pensamos que el señor Contreras jamás se representó que el haber contratado a Democracia Viva haya sido abusando del conocimiento de Daniel Andrade. Recordemos el caso de la fundación vinculada con su familia, donde sí se abstuvo de concurrir. Queda abierta la pregunta de por qué se abstuvo en un caso (Gens) y no en otros. La respuesta es simple: no vio este vínculo que hoy empecinadamente se trata de construir”.
El abogado de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, en tanto, señaló: “La diputada Pérez no tuvo ninguna participación en eventuales ilícitos y hemos colaborado aportando todos los antecedentes que dan cuenta de eso. Aunque es una acción injustificada, será mediante el proceso de desafuero que finalmente se concluirá este asunto para la diputada demostrando su total inocencia”.
CONVENIOS EN REGLA
A raíz de los nuevos antecedentes, igualmente, desde la defensa del otrora militante de Revolución Democrática recalcan que es al menos complejo que el Ministerio Público persista en la idea de que acá se cometieron delitos reiterados de fraude al Fisco por un monto de $ 426 millones, que es la suma de los tres convenios que firmó Democracia Viva con la citada repartición.
Lo anterior, principalmente, porque insisten en que de ese dinero la fundación solo utilizó poco más del 30%, o sea, $131.615.700. Y aunque se ha recalcado que lo utilizado estaría al margen de la norma, desde la defensa insisten en que cada peso se utilizó de manera correcta.
Según los abogados que representan al ingeniero civil, los trabajos fueron efectivamente realizados y los dineros fueron correctamente gastados y debidamente rendidos, mes a mes, al Serviu de la región de Antofagasta, entre la fecha de suscripción de los tres convenios y hasta que estalló el escándalo político, en junio de 2023.
Por lo mismo, recientemente, los abogados presentaron nuevos antecedentes ante el fiscal Cristián Aguilar, detallando cada uno de los movimientos que se realizaron respecto de esos dineros. Se acompañaron cartolas bancarias de la fundación, de las cuentas de Andrade y también informes técnicos con trabajos realizados.
Entre los últimos datos aportados por la defensa al Ministerio Público, además, se encuentran las rendiciones mensuales correspondientes a cada uno de los convenios.
También, en ese contexto, exponen que se deben considerar los informes técnicos que mes a mes se elaboraban respecto de cada convenio, pues ahí también se hacía presente el progreso de los proyectos y las rendiciones que se realizaban. Estos, además, estaban acompañados de cartas conductoras mensuales dirigidas a las autoridades ministeriales. (La Tercera)
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